Avalan ley orgánica de la defensoría pública y asistencia jurídico social
30 de noviembre - 2012

22:20 Jueves 29 de noviembre 2012 |Tlaxcala| Redacción.- Por unanimidad de votos en lo general y en lo particular, integrantes del poder Legislativo, aprobaron el dictamen relativo a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social, así como la expedición de la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias, ambas del estado de Tlaxcala.

En cuanto al primer ordenamiento, emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Protección Civil, el diputado Silvestre Velázquez Guevara, mencionó que forma parte de los trabajos para la implementación del nuevo Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal.

Esta nueva ley, tiene el objetivo de establecer los mecanismos jurídicos para garantizar los servicios de la Defensoría Pública en todo el territorio del estado en materia penal, justicia para adolescentes, familiar, civil, mercantil y de justicia administrativa, con la finalidad de que las personas de los sectores más vulnerables que no cuentan con recursos económicos para pagar los servicios de un abogado particular, el Estado les proporcione un defensor público.

Con esta disposición, se otorga a los defensores públicos los principios básicos bajo los cuales se prestarán los servicios de defensoría pública y asistencia jurídico social, como son confidencialidad, guardar reserva o secreto, continuidad, independencia técnica, gratuidad, igualdad y equilibrio procesal.

Así como responsabilidad profesional, solución de conflictos, además de la permanencia y la capacitación para que con estas se logre la profesionalización, con lo cual se optimizarán las potencialidades humanas con los que cuente la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del estado.

Con la entrada en vigor de este nuevo precepto legal, se abroga la Ley de Asistencia Jurídico Social del estado, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del estado el día 25 de septiembre del 2006.

En tanto con la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias, tiene por objeto proteger y garantizar los derechos de los migrantes y sus familias, de acuerdo con la Constitución Política federal y estatal, la Ley de Migración federal y por los instrumentos internacionales que en la materia México sea parte.

Así también, sostuvo el diputado Tulio Larios Aguilar, establecer políticas públicas a favor de los migrantes y sus familias, en un marco de una nueva valoración, respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.

Con la emisión de esta ley, continuó, la entidad contará con una legislación migratoria estatal moderna, de aplicación efectiva, acorde con la legislación federal recién aprobada, que garantice los derechos de los migrantes y que siente las bases para el diseño e implementación de políticas públicas eficaces.

Mediante este instrumento, se garantiza el ejercicio de todos los derechos y libertades, especialmente a ser tratados sin discriminación alguna, al derecho a la información y al debido proceso, al acceso a la salud, a la educación, cultura y al libre tránsito.

Así como recibir información acerca de sus derechos y obligaciones, a no ser molestados en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a recibir protección en caso de persecución y hostigamiento.

Por otra parte, se dio entrada a la iniciativa por la que la legisladora Mildred Murbartián Aguilar, propuso crear la Ley para la Protección de Sujetos que Intervienen en el Proceso Penal del estado de Tlaxcala, con el fin de establecer las medidas y procedimientos para la protección a víctimas, ofendidos, testigos.

En esta iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; y de Protección Civil, también se da cobertura a periodistas que lo necesiten por encontrarse en riesgo debido al cumplimiento de su función informativa.

En la lectura de la propuesta, se indicó que para la efectiva protección de testigos, no basta la norma constitucional, la ley especial, las leyes ordinarias y los buenos propósitos, sino que es necesario establecer los procedimientos para la positivización de las disposiciones en vigor, por lo que con esta propuesta se busca consolidar la reforma referente al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.