Justicia al mejor postor
21 de noviembre - 2012

Magistrados evidenciaron que la justicia en Tlaxcala se resiste a dejar de estar al servicio del mejor postor. Ante el caso del lenón liberado, llama la atención la inacción de las organizaciones sociales. Alistan un expediente con videograbaciones que evidencia a consejeros prepotentes litigando. Y Ramiro Vázquez se ha convertido en el Catalino Creel de la Cuna del PRI.

Edgardo Cabrera

La semana pasada dos magistrados evidenciaron que la justicia en Tlaxcala se resiste a dejar de estar al servicio del mejor postor.

Se trata de Mario Jiménez Martínez y Francisco Flores Olayo, miembros de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ignoraron las pruebas en contra de un tratante de personas confeso y lo dejaron libre exonerándolo así de una condena de 11 años de prisión.

Sin más, y sólo por considerar que el inculpado se retractó de su declaración inicial, los señores interpretaron la ley, su ley, y sin más ordenaron su inmediata liberación pese a que ello significa un grave riesgo para las víctimas –una de ellas su pareja sentimental- que inicialmente lo denunciaron penalmente.

Únicamente la magistrada Elsa Cordero votó en contra de la absolución al considerar que la ampliación de la declaración fue incorrecta, sin embargo los argumentos expuestos por la abogada –quien por cierto tiene fama de no dejarse corromper- fueron ignorados por sus compañeros.

Sobre Jiménez y Flores Olayo pesan una serie de acusaciones por su forma de aplicar la justicia, tan es así que el propio gobernador Mariano González los acusó el domingo de deshonestos y sin ética de ahí que pidió a los diputados su intervención.

La actuación de los juzgadores debe ser revisada por el Congreso local y considerar seriamente abrir un juicio político para investigar y analizar su posible remoción de la impartición de justicia con tal de evitar que vuelvan a las calles lenones, violadores o asesinos.

Por cierto que por el delito de trata de personas en los últimos años sólo se han logrado tres sentencias condenatorias, una de ellas no procedió gracias a estos magistrados.

Dónde están los defensores

Ante el caso del lenón liberado, llama la atención la inacción de las organizaciones sociales que han abanderado la causa contra la trata de personas.

Esas mismas que han exigido más de 30 millones de pesos del gobierno para destinarlos al combate del lenocinio han hecho mutis.

Las agrupaciones han enfocado sus críticas al poder Ejecutivo, en particular a la Procuraduría General de Justicia, pero han colocado en un nicho a los miembros del poder judicial.

Por otro lado, ante la falta de confianza, resulta ofensiva la pretensión de los magistrados para obtener un incremento de más de 50 por ciento a su presupuesto, que significa 86 millones de pesos adicionales a lo ejercido en 2012.

En su lugar, en la propuesta que se analiza en el Congreso sólo se pretende dotarles de un incremento de 2.5 millones de pesos, cifra irrebatible ante lo cuestionado de nuestro sistema de justicia.

Otra de los “cetas”

Juzgadores y agentes del Ministerio Público ya preparan un expediente con videograbaciones y documentos en los que se evidencia el comportamiento prepotente, altanero y hasta denigrante con el que actúan consejeros de la CEDH en el litigio de sus asuntos particulares.

De nueva cuenta se trata de los abogados Antonio Gutiérrez y Fernando George, quienes se encuentran en la lupa ya que valiéndose de su cargo han pretendido acelerar los casos que llevan de sus clientes, así se encuentra documentado en una serie de grabaciones que podrían salir a relucir.

Ante el cúmulo de quejas, trascendidos, denuncias y comentarios, en el Congreso del Estado no descartan crear una Comisión Especial para analizar el actuar no sólo de Gutiérrez y George, sino incluso de Alán Hernández quien permanece recluido en el Cereso ya que enfrenta un proceso legal por peculado.

No se descarta el relevo de algunos consejeros dado que la calidad moral ha quedado por los suelos.

Y es que la función de los consejeros consultivos debería ser la de un guía moral para quienes están al frente de los organismos encargados de la defensa de los derechos humanos, para ello es indispensable que quienes ocupen esos encargos sean personas de incuestionable probidad y solvencia económica para evitar especulaciones.

Catalino Creel

Si la utilización de la infraestructura del Congreso para promover a su hijo músico resultó un escándalo, la exigencia de un bono anual de 720 mil pesos es de plano una burla para la población.

Se trata del flamante diputado priísta Ramiro Vázquez quien por escrito exigió al Comité de Administración que preside su correligionario Tulio Larios el pago de lo que considera que forma parte de sus prerrogativas como legislador.

Al legislador considerado el menos productivo, inocuo en su labor política y abusivo, se le debería de aplicar la política laboral que existe en las empresas.

Ante la falta de resultados Ramiro no merece ningún bono, compensación o gratificación adicional a su dieta mensual.

Tal parece que la senadora Lorena Cuéllar se vengó de sus ex correligionarios que la relegaron a su paso por la LX legislatura local. Su suplente, Ramiro, se ha convertido en el Catalino Creel de la Cuna del PRI.

Nuevas Pistas

Seguirle la pista a la designación de una ex candidata al senado como coordinara electoral en los municipios de Tlaxcala y Apizaco. Por cierto, podría ser la abanderada a la alcaldía capitalina.

No perderle la pista a una reunión efectuada recientemente en un restaurante que se ubica por Ocotlán, ahí inició el pre registro de candidatos al 2013.

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