PALABRA EN TRANSPARENCIA
26 de octubre - 2012

Claudio Cirio Romero

Las cuentas en la CAIP Tlaxcala

A raíz de que la Comisión de Finanzas del Congreso del estado dio a conocer que la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011 de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (CAIP Tlaxcala, me propongo llamarla desde ahora, por lo impronunciable que resulta llamarla CAIPTLAX) estaba reprobada, y que el Pleno del mismo confirmó por unanimidad el martes pasado; se ha levantado una inevitable polémica.

Discusión que se ha presentado a manera de enorme andanada de cuestionamientos, sobre todo respecto a los bonos de productividad que los comisionados se han asignado desde siempre.

Acostumbrado que estoy a ser congruente entre lo que digo y hago, me veo precisado a hacer público mi punto de vista al respecto, que ayer mismo comenté en la sesión semanal del Consejo General de la CAIP Tlaxcala; pese a que me he propuesto que al finalizar mi encargo escribiré mi experiencia a detalle incluyendo temas controvertibles como el presente o nuestra propia designación como comisionados, por ejemplo.

He invitado a un entrañable amigo que en un medio digital escribió la semana pasada sobre esto, a profundizar y no quedarse en una apreciación superficial.  Pero creo que no he tenido éxito pues ni siquiera hubo respuesta a mis opiniones en su Facebook.  Entiendo desde luego que ni él ni otros están obligados en estricto a profundizar.

Yo sí, no sólo por mi carácter de Comisionado, sino por el deber moral e intelectual con el que me he tratado de conducir en mi quehacer profesional.

Como se ha señalado en la prensa, durante el 2011 (como se hizo también los tres años anteriores) los Comisionados de la CAIP Tlaxcala, en el margen que la autonomía constitucional permite, consideramos necesario continuar con el otorgamiento de un bono adicional a nuestro salario de 36 mil pesos bimestrales.

Decisión que, insisto, fue tomada por los anteriores comisionados y retomada por nosotros.  ¿Por qué se procede así? Es entonces la pregunta necesaria de responder si ambages, pero tampoco a la ligera.

Por lo que afirmo categóricamente que considero apropiada y totalmente legal y legítima tal decisión en el sentido de que la encomienda lo amerita y salvo que con argumentos, no con juegos retóricos o bravatas verbales, se demuestre lo contrario.

Sólo formulemos la pregunta ¿Por qué las cuentas anteriores a la nuestra (en las que también está el ahora famoso bono) sí fueron aprobadas?

Entiendo que se señaló esta salvedad observada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) sobre los mismos, pero se aprobaron.

¿Por qué ahora no fue así?

Algunos han hablado incluso de una venganza por la baja calificación que obtuvo el Congreso en la evaluación más reciente que presentamos sobre la calidad de sus respuestas a solicitudes de información.

Yo no le apuesto a esa interpretación porque no cuento con evidencias en ese sentido, aunque sí llamo la atención sobre el hecho de que la prensa había señalado semanas antes, gracias a información filtrada, que el OFS habría propuesto que nuestra cuenta iba a ser aprobada aunque igual con salvedades.

Pero profundizando aún más, podemos encontrar sin muchos problemas, un argumento consistente de la necesidad de dichos bonos.

Y este se refiere a que nuestra ley en la materia, contiene un candado (que en sí mismo no es malo, sino todo lo contrario) respecto al salario de los Comisionados.

Dice la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Tlaxcala (LAIP) vigente, en su segundo párrafo del artículo 56, que “Los comisionados en el ejercicio de su cargo recibirán una remuneración mensual, que no debe ser superior a la que perciben los jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.”

Y a quienes indolentemente puedan ver en los bonos un “cariz obsceno” les convidamos un pequeño ejercicio de análisis comparado.  La ley respectiva del Distrito Federal, que los estudiosos del tema reconocen como de verdadera avanzada dice, en su artículo 68 que “Los emolumentos de los comisionados ciudadanos serán equivalentes al de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.” (Subrayado mío).

Por qué es así, porque como órgano autónomo se posiciona a sus titulares a la misma altura de los titulares de los poderes tradicionalmente constituidos (ejecutivo, legislativo y judicial) para evitar alguna subordinación de facto.

Puede esto debatirse desde luego, pero políticamente, no con golpes de pecho moralizantes.

Si no lo hacemos así, entonces podemos caer fácilmente en la desinformación o subinformación y por ende interpretaciones equivocadas.

Por ejemplo y sin ánimo de molestar a mi amigo Manuel Camacho Higareda, a quien agradezco aborde el tema, le tuve que precisar en su muro de Facebook que no he pedido en ningún momento incremento de sueldo como afirma porque si no efectivamente uno se vería como un vil ambicioso y por lo menos en mi caso no aceptaría tal acusación.

Como sea, si el Congreso local decidió reprobar nuestra cuenta, yo respeto tal decisión y me atengo a las consecuencias legales que ello implique, pero manifiesto estar en contra de lecturas simplistas que pongan en duda la honestidad personal con la que he tratado de conducirme en mi quehacer público.

Y a mis amigos periodistas les manifiesto respeto a su trabajo aunque en ocasiones no esté de acuerdo con el manejo que dan a la información y por ello estoy a su disposición siempre para aclarar dudas.

e- mail: ccirior@caip-tlax.org.mx
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