Por José Luis Ahuactzin 

Se trata de los abogados y ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Jerónimo Popocatl Popocatl y Raciel Santacruz Meneses, quienes comparecieron ante la Secretaría Parlamentaria del Congreso local, para ratificar la denuncia de juicio político contra el magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez, por lo hechos constitutivos de sanción al incurrir en conductas contra el buen despacho y perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

Así en compañía de las abogadas y abogados denunciantes, María Estela Sánchez García, Yessenía Carrillo Romero, Bernardo Fernández Sánchez, piden que los diputados locales cumplan con la integración de una comisión especial que analice el caso de probables actos de corrupción en el TSJE.

Una vez concluida la comparecencia, en entrevista el ex magistrado Jerónimo Popocatl, pidió a Jiménez Martínez que, «por honestidad creo que debiera ser (separarse del cargo)… si fuera honesto debería pedir licencia al cargo en tanto se tramita el juicio…».

Por su parte, Raciel Santacruz Meneses, ex presidente del TSJE, dijo que con la ratificación de juicio político, no van a ceder ni mucho menos van conciliar, pues el objetivo es claro, dijo, que se busca que el recurso que devolvió el SAT por concepto de ISR, una vez que se investigue, sea devuelto a los trabajadores ya que es quien originalmente les pertenece.

Además, indicó que en esta comparecencia ante la Secretaría Parlamentaria se amplió la petición de solicitud de juicio político, y serán los diputados locales quienes deberán aclarar y sancionar, en su caso, las conductas irregulares y contra la ley así sea magistrado o algún otro funcionario del poder Judicial, «debemos recuperar esa confianza en el poder Judicial y el Estado de Derecho…».

En enero pasado, un audio ventilado por Gentetlx evidenció una reunión de magistrados en el que se ponen de acuerdo por el probable reparto de 10 millones de pesos por concepto de devolución de ISR, a través de cheques, lo que deberá ser investigado; así como la compra de 7 unidades vehiculares nuevas, como la asignación de nuevos cargos al interior del poder Judicial.