Por Iliana Navarro D

El caso de la periodista Lara Logan, quien visitó Tenancingo para hacer una investigación sobre tráfico sexual, pero fue retirada de la localidad por policía municipales por su seguridad, abre un debate interesante.

En primer lugar, ¿cuál es el foco del asunto? ¿La trata de personas? ¿La mitificación de Tenancingo como la “capital de la trata”? ¿La presunta intimidación contra una reportera extranjera? ¿La falta de garantías para ejercer con seguridad y libertad el periodismo?

Personalmente, me inclino a pensar que no es otro que el interés de la periodista por convertirse en protagonista de la noticia, lo que a decir de quienes conocer el mundo del periodismo sería una violación a una regla básica de esta profesión.

Si revisamos, por ejemplo, algunos fragmentos del material transmitido por Fox News, podemos apreciar su tono morboso, con expresiones como “En Tenancingo no les gustan los forasteros” o “El pueblo entero está construido bajo el tráfico sexual”. Y es que aquí valdría diferenciar entre el pueblo de Tenancingo, con su historia y su cultura, y un fenómeno delictivo, como el tráfico sexual.

Convenientemente, el equipo de la reportera tuvo oportunidad de captar las patrullas que aparentemente le cerraron el paso y la recomendación de un agente de seguridad que le dice en inglés que, por su seguridad, se debe retirar del lugar. El material sirvió para darle un carácter de intensidad a la investigación de la periodista, quien tiene experiencia como corresponsal de guerra.

Los mismos medios de comunicación han dado cuenta de algunos datos que no se deben perder de vista también. De entrada, que la visita de Logan se hizo en octubre, y los hechos se ventilan mediáticamente más de dos meses después, para elevar la expectación sobre este capítulo del programa Lara Logan Has No Agenda, que se trasmite por Fox Nation, cadena que, por cierto, tiene una restricción geográfica para México. 

Un mes antes, ocurrió en ese municipio el linchamiento de dos personas señaladas como delincuentes, y la periodista, al parecer sin hacer una solicitud de apoyo o seguridad a las autoridades, se introdujo en la localidad mediante un convoy de tres SUV y agentes de seguridad nacional, por lo que su presencia no pasó inadvertida. 

En este punto, vale hacer la precisión que no se trata de sugerir que ella debió pedir permiso a las autoridades para hacer un trabajo periodístico, sino poner sobre la mesa la sensibilidad de valorar las condiciones socioculturales de la zona, para que la labor de los reporteros no sea intrusiva para la población, pues ello implica riesgos muy evidentes. Es decir, en cualquier poblado con características como las de Tenancingo generaría inquietud la presencia de personajes ajenos al lugar. Recordemos lo que pasó en Ajalpan, Puebla, en octubre de 2015, cuando dos encuestadores fueron confundidos con secuestradores y el pueblo los linchó.

Hoy se cuestiona la supuesta falta de condiciones para ejercer el periodismo en Tenancingo, porque hace dos meses unos policías municipales, por orden del alcalde, le pidieron a una reportara y su equipo retirarse del lugar por su seguridad. Dos meses más tarde se critica esa decisión que, para personas, como la propia reportera, alimentan la idea de colusión entre autoridades y tratantes, sin más prueba que la misma solicitud de retirarse del lugar por su propia seguridad. Por fortuna, la posibilidad de que periodistas extranjeros fueran agredidos por la población de Tenancingo no es hoy una noticia que haya ensombrecido al 2019.

¿Y la trata de personas? Al final se convirtió en un buen tema para ganar audiencia, al más puro estilo estadounidense, que reparte culpas al mundo sin reconocer primero su responsabilidad en problemas de alcance global como este.