Por Edgardo Cabrera

Será el próximo 19 de noviembre cuando los diputados designen quién ocupará el cargo de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala por un periodo de tres años, en sustitución de Mónica Cuamatzi, cuyo paso fue meteórico tras llegar al puesto en suplencia del destituido David Cabrera.

Y como suele ocurrir con estos procesos, buena parte de los aspirantes están vinculados con el poder; de los 30 interesados que se inscribieron, solamente 20 pasaron a la segunda etapa.

Del primer filtro se desprende Liliana Atonal Mendoza quien la semana pasada renunció como consejera honorífica del IAIP para inscribirse en el proceso, aunque sigue desempeñando tareas de transparencia en la UAT.

También están, el hijo de la ex comisionada del organismo, Aida González, y del ex diputado priísta, Fernando Zamora, Fernando Jarek Zamora González. De los ligados al poder igualmente destaca la panista Dania Sánchez Hernández, ex esposa del ex diputado albiazul y consejero nacional Ángelo Gutiérrez; al igual que el ex perredista Arturo de Casa Vega. 

Viejos conocidos como la ex consejera electoral Claudia Acosta Vieyra; la ex presidenta de la CEDH, Luz María Vázquez Ávila; y la ex directora administrativa del IAIP, Liliana Espinosa; forman parte también de los interesados.

Fernando Flores Xelhuantzi, hijo del ex diputado perredista y hoy afín a la 4T, Eustolio Flores Conde, era otro de los aspirantes, aunque éste fue descalificado en el primera etapa, al igual que el ex líder municipal del PAN capitalino, Eulalio Nava Briones.

Será el 1 de enero de 2020 cuando llegue el nuevo comisionado, y la realidad es que no se espera que arribe la persona más capaz, sino aquel o aquella (dicen que será mujer) que cuente con mayor simpatía y empatía con el bloque dominante en el legislativo, tal y como siempre ha ocurrido, lo mismo en los tiempos del viejo régimen que ahora con la Cuarta Transformación.

OTRA MANCHA MÁS

Irónicamente el proceso para elegir a un nuevo adalid de la transparencia se desarrolla entre claroscuros.

Del primer filtro no se rindió un informe pormenorizado de cuáles fueron los supuestos requisitos que incumplieron la decena de descalificados, solamente las comisiones de Transparencia del Congreso y la de Puntos Constitucionales saben las razones.

Pero no solo lo anterior, este lunes a puerta cerrada les aplicaron un examen escrito, por cierto malhecho, porque algunas preguntas estaban cortadas y les tuvieron que dictar a los concursantes para completarlas.

También nos dicen que de los tres sínodos (por cierto, escogidos a modo y conveniencia de los legisladores), solo llegaron dos.

Y para rematar, no fueron 20 los que presentaron el examen, sino 21, es decir, de última hora habrían validado a uno de los descalificados, Said Corona Torres, la razón, tampoco se informó. 

Adicionalmente, existen inconformidades al interior del Congreso ya que algunos legisladores tienen el informe de que varios de los aspirantes ostentan cargos de dirección, como en el caso de Liliana Atonal en la UAT; Claudia Acosta, jefa de la unidad de Transparencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala; y al menos otros dos que cobran en el gobierno estatal: Elizabeth López Sánchez, en el Sistema Estatal de Empleo; y Agustín Vázquez Hernández, titular del área jurídica del Sepuede, y por tanto son inelegibles, aún así a esos recomendados los han dejado continuar en el proceso.

En el caso de los sinodales que impusieron para el proceso, llama la atención Lucero Romero Mora, quien actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, además participó y fracasó en el proceso de elección de comisionados en el 2017.

Su caso pone en entredicho la imparcialidad y por ética no tenía que haber aceptado la invitación para evaluar a los aspirantes; tradicionalmente se había determinado que los sínodos fueran ajenos al estado para evitar conflicto de interés ya que su sola presencia genera suspicacia.