Fuente: PROCESO

El rechazo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) al combate a las facturas falsas y empresas “fantasmas” demuestra que “estaban de acuerdo con estos ilícitos”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así respondió el mandatario federal, luego de que dicho organismo empresarial, dirigido por Gustavo de Hoyos Walther, criticara la aprobación que el pleno de la Cámara de Diputados hizo de diversas leyes para frenar la facturación falsa y la defraudación fiscal.

La Coparmex aseguró ayer que “la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincidimos en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito. Sin embargo, como hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes”.

Esta mañana, en su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal reventó contra la cúpula empresarial:

“¿Cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo? ¿Cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas? Lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos. No estoy hablando de todos los empresarios. Me refiero a la actitud de los dirigentes, parece un sector de un partido, así como antes, así están actuando”.

Siguió sus preguntas: “¿En dónde queda la honestidad y la decencia del conservadurismo? ¿No que eran gentes de bien? ¿No los que estaban evadiendo los impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los franeleros, los viene viene? Me dejó anonadado este asunto.

López Obrador negó que las reformas signifiquen una persecución a los empresarios.

“El que nada debe nada teme. La ley se puede decir que es delito grave el falsificar facturas, crear empresas fantasmas para evadir impuestos, pero si ellos no falsifican facturas, si ellos no constituyen empresas fantasmas, ¿qué les va a preocupar?”

Recordó que, con la falsificación de facturas, la Hacienda pública dejaba de recibir 400 mil millones de pesos al año.

Luego, dejó abierta la posibilidad de que se presenten “todos los amparos que sean” contra las nuevas leyes, pero consideró que más allá de estos, “no es un asunto legal, es un asunto moral, los deja muy mal parados”.