Por Edgardo Cabrera

El proceso de evaluación abierto por el Congreso del estado no le quita el sueño al magistrado Elías Cortés Roa, de entrada, porque la Comisión Especial que encabeza la diputada priista, Zonia Montiel Candaneda no sólo es ineficiente, sino que a todas luces pareciera que intenta beneficiarlo.

La realidad es que no hay interés por hacer bien el trabajo, es más, no existe la intención de removerlo, basta revisar el procedimiento para analizar su situación jurídica para corroborar, en primera, que las fechas ahí fijadas superan el plazo que establece la Constitución Política del estado para que el Congreso se pronuncie sobre la ratificación o no del juzgador.

Con calendario en mano, los 90 días naturales previos a la conclusión de su periodo vencen este 15 de octubre, plazo para que los diputados hagan su chamba. La Constitución es clara y así lo establece en su artículo 54, fracción XXVII, inciso A.  

Pese a lo anterior, en el procedimiento elaborado por la Comisión Especial, se dan 5 días hábiles (una vez notificado Elías Cortés) para integrar el expediente de evaluación del magistrado, lapso en el que el Consejo de la Judicatura, el propio juzgador, litigantes, público en general y legisladores, elaboren y entreguen un informe, o emitan un comentario sustentado de los 6 años de labor que tiene.

Para rematar, la Comisión Especial establece otros tres días hábiles para que conozca los documentos que integren las opiniones de su labor y otro periodo igual para que remita por escrito las manifestaciones que a su derecho convengan y, en su caso, ofrezca las pruebas que estime pertinentes.

Claramente los tiempos no les dan para llegar al 15 de octubre con un dictamen, amén de que es imposible que en tan corto plazo se atienda las solicitudes de información debidamente sustentadas.

De ahí que Cortés Roa podrá sentarse chabacanamente a esperar el vencimiento del plazo para ser tácitamente ratificado. 

Mientras que los diputados están en vías de que se les inicien responsabilidades legales por la omisión del procedimiento establecido por ley, pero también de las acciones que pueda emprender el magistrado si intentan quitarlo.

SOTERRADAS

A colación de este caso, nos enteramos que una serie de reuniones soterradas se efectuaron semanas atrás para planchar la ratificación tácita del magistrado de la Tremenda Corte. 

Comidas y cafés fueron la constante, la primera con el ex coordinador morenista Báez, y a esas siguieron otras que se plancharon con legisladores de distintas fracciones parlamentarias.

Esos encuentros también incluyeron a legisladores federales, barras de abogados, litigantes y con miembros del propio Consejo de la Judicatura para inducirles el sentido de su informe al Congreso.

Los resultados ahí están, lo que ocurre con la Comisión Especial es ya una mera simulación de una ratificación anunciada.

¡HÁGANLE CÓMO QUIERAN!  

Vaya actitud que tomó la síndico de Apizaco, Anabel Alducin luego de que el miércoles la comuna emprendiera un operativo para retirar a los comerciantes ambulantes que se resistieron a la regulación que emprendió la comuna por acuerdo de Cabildo.

Apresurada llegó a las calles y sin más trató de entorpecer el procedimiento administrativo, así como el desalojo de un comerciante perteneciente a la organización de la que por años ha lucrado Gabriel Méndez.

«¡Grábenme y hagan lo que quieran, ellos no se quitan!», soltó la síndico al momento en que se interpuso entre las autoridades y el mercader.

Lo más preocupante es que ella votó en cabildo a favor de la regulación, sin embargo, pareciera que otros intereses la mueven con el grupo de ambulantes afilados a Méndez quienes se negaron a realizar el proceso de credencialización.