Por Edgardo Cabrera

En una semana se han dado golpes certeros para detener a peligrosos delincuentes. 

En una acción operativa conjunta entre la PGJE, la Fiscalía General de Puebla, el FBI, y la policía municipal de Papalotla, se logró el rescate de una mujer y tres menores de edad que fueron víctimas de un secuestro. 

La investigación, a cargo de la Unidad Especializada en el Combate al delito de Secuestro de Tlaxcala, inició el 9 de septiembre, al tener conocimiento que una mujer y sus tres hijas menores de edad fueron interceptadas y privadas de su libertad en Acuitlapilco.

Ayer lunes, se da a conocer también el aseguramiento de dos sujetos que participaron en la privación de la libertad de una mujer en Huamantla la semana pasada.

Recordemos que por la mañana del 12 de septiembre fue plagiada la víctima por varios sujetos que la obligaron a subirse a un vehículo; horas más tarde fue ubicada en la carretera Huamantla-Xicoténcatl, en los límites de la colonia el Valle, tras ser liberada.

Con estos golpes al crimen, vale la pena agregar otros importantes.

Por ejemplo, a finales de mayo, se logró esclarecer un secuestro exprés y la detención de dos hombres que participaron en la consumación del hecho. 

En junio, se desmanteló una presunta banda dedicada al delito de secuestro que operaba en Puebla y Tlaxcala, y en agosto se frustró el plagio de dos hombres en Tlaxco, en un operativo que permitió la detención de una persona, aunque otro de los delincuentes perdió la vida.

Es importante que, ante el reto de la inseguridad, no sólo se obligue a corregir y a criticar, como aquí lo hemos hecho, sino también a reconocer lo que se hace bien.

SALDO ROJO

Por cierto y en esto del inseguridad, previo a la realización del grito de independencia en Xicohtzinco, el asesinato de un funcionario municipal enlutó los festejos en esa demarcación.

Se trató del director del departamento de Servicios Municipales, Julio N a quien le habrían disparado en la cabeza, y aún no se esclarece si se trató de un asalto o bien, de algún tipo de ajuste de cuentas, pero antes de conclusiones apresuradas –como algunos ya lo hicieron-, se espera que a la brevedad la PGJE aclare el hecho.

DESLINDE

Apenas el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que no habrá impunidad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y ni tardo ni perezoso el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Aarón Pérez Carro se dijo dispuesto a colaborar “para aclarar los hechos”. 

Resulta que el sábado un juez dejó libre a 24 policías municipales implicados en dicho caso, acto que indignó al gobierno federal y ameritó una dura postura de Encinas quien de entrada calificó al sistema de justicia del país como “podrido”.

Pero también advirtió que se fincarán cargos en contra del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio y del primer encargado de las investigaciones del Caso Ayotzinapa, José Aarón Pérez Carro.

De ahí que el ahora funcionario tlaxcalteca, mediante comunicado de prensa, se lavara las manos y dijera que él no participó en la primera etapa de la investigación, de donde se desprende la absolución de la veintena de uniformados liberados este fin de semana.

Dice que su intervención fue en “una segunda etapa” cuando se creó una oficina especial investigadora del caso, de la cual estuvo al frente “por corto” tiempo.

Sea como fuere, el asunto es que “a golpe dado, ni dios lo quita”, de ahí que Aarón Pérez Carro tendría que presentarse voluntariamente ante la FGR y aclarar su situación ya que el señalamiento de Encinas no sólo mancha al funcionario estatal, sino que pasa a embarrar a todo un gobierno.