DERECHO DE PATALEO
19 de julio - 2019

Por Edgardo Cabrera

Los destituidos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública hicieron uso de su derecho de pataleo. 

Tras la determinación de la mayoría de los legisladores locales, salieron ante la prensa para amenazar con impugnar su decisión por los supuestos “vicios”, “vacíos” e “ilegalidades” en el procedimiento.

Y aunque los juicios de amparo indirecto son improcedentes por la facultad soberana de los congresos locales para designar, ratificar, suspender o remover consejeros de institutos de transparencia, tanto Marlene Alonso, como sus antagónicos ex compañeros, David Cabrera y Francisco Morones se niegan a aceptar la triste realidad.

Tuvo que pasar más de año y medio para que finalmente ambas partes tuvieran una coincidencia, para su desgracia, es muy tarde, deberán hacerse a un lado y seguir el pleito legal ya sin el financiamiento público que les otorgaba su posición como integrantes del IAIP.

La ex presidenta del IAIP, Marlene Alonso, quien se encuentra asesorada legalmente por una activista feminista, sostuvo que la resolución no estuvo debidamente fundada ni motivada, expresó que se trató de una decisión salomónica de ahí que recurrirá a la justicia federal, pero también a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Aclaró que no han recurrido al tema de las presuntas agresiones de género, ya que lo detectado es un asunto de técnica legislativa y es lo que estarán litigando.

Prácticamente en el mismo sentido van Cabrera y Morones, aunque ellos también acusan a la legislatura de priorizar intereses políticos y tolerar supuestos actos de corrupción.

Sea como fuere, por lo pronto en el IAIP la limpia podría ampliarse al resto de los funcionarios para evitar fugas de información y erradicar vicios.

PETATE DEL MUERTO 

En el INAH tratan de asustar con el petate del muerto, y es que según el director del Centro Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, se “intenta” crear una ley que prohíba el uso de juegos pirotécnicos en festejos religiosos.

La declaración viene después de una explosión de cohetes en una fiesta patronal en el municipio de Ixtacuixtla que dejó siete heridos.

Como suele ocurrir, la declaración se da después de la desgracia, como la de 2013 en la comunidad Tepactepec, municipio Natívitas, cuando la irresponsabilidad y falta de precaución en el manejo de los artificios pirotécnicos terminó en una desgracia que le costó la vida a 15 feligreses, y dejó una centena de heridos.

La realidad es que la prohibición no garantiza que se termine con dicha práctica festiva, y es que pueden más la fe, las tradiciones y la “ley del pueblo”, que las restricciones de la autoridad, y ahí está otro ejemplo: el caso del templo de El Cristo en San Pablo del Monte, que databa del siglo XVIII y el cual fue demolido con total impunidad.

En ese caso ni el INAH, ni la entonces PGR sancionaron el delito, incluso ahora la “moderna” FGR se lavó las manos del caso y le dio carpetazo en complicidad con una de sus múltiples fiscalías.

Es claro que se trata de un asunto cultural que tendría que trabajarse desde la iglesia y los fieles, la prohibición desde los gobiernos o los sacerdotes, al igual que las desgracias, no tienen ningún efecto.

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