Por Edgardo Cabrera

Con la noticia de que ayer miércoles amaneció el complejo SEPE-USET con la presencia policiaca y el desalojo de los manifestantes de la delegación D-III-1 del SNTE, sección 31, que sumaban un mes con las instalaciones tomadas.

El operativo implementado por personal del Ministerio Público de la PGJE, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y con la presencia de la CEDH derivó, además, en la detención de cuatro personas.

Los trabajadores administrativos (que no docentes) asignados a las oficinas de la Secretaría de Educación habrían incurrido en diversas faltas, las más graves el saqueo y daño a un cajero bancario que se encontraba al interior de la dependencia, así como el daño al patrimonio público.

Una vez que fueron recuperadas las instalaciones de la dependencia, se encontraron espacios laborales sucios y vandalizados, botellas de licor y latas de cerveza, así como el cajero automático desvalijado, por lo que se prevé que las autoridades procedan en consecuencia. 

Además, por si fuera poco, no se encuentra un vehículo oficial de la dependencia. 

Recordemos también que hace unos días circularon en internet imágenes de mujeres que utilizaban las instalaciones que tenían tomadas para aplicar tratamientos de belleza, responsabilizando de ello a Gwendolyne Amaro Ramírez, líder de la delegación D-III-1 del SNTE.

Y la toma de las instalaciones por la fuerza fue en demanda del cumplimiento de un pliego petitorio que incluye algunos privilegios, como escoger al proveedor de todos los banquetes contratados por la dependencia para sus festejos oficiales, que el estacionamiento de la USET y la cafetería de la dependencia fuera administrado por la delegación sindical, y que se otorguen plazas de maestros a sus allegados.

Tras la acción de autoridad, en redes sociales prevalecieron los comentarios a favor del operativo de desalojo toda vez que la protesta entorpeció la actividad administrativa que realizan más de 30 mil docentes que acuden a realizar trámites cotidianos, pero también por fin de curso.

De igual forma a la dirigencia de la sección 31 del SNTE que encabeza Demetrio Rivas no le ameritó el más mínimo comentario o posicionamiento a favor de su subalterna Gwendolyne Amaro, quien se negó a respetar la jerarquía sindical e incluir sus demandas en el pliego petitorio global del sector.

Por el contrario, la delegada exige derecho de picaporte con el secretario de Educación Manuel Camacho, aunque se resiste a dejar la sección sindical a la que pertenece y conformar una nueva agrupación, que podría ser el vehículo legal para entablar acuerdos paralelos a los de todo el gremio.

CONTRALOR TET

El nombre de Juan Carlos Cruz Jiménez brincó dentro de los cinco aspirantes a ocupar el cargo de Contralor Interno de Tribunal Electoral de Tlaxcala.

Y no precisamente por su perfil, más bien porque habría omitido algunas cosas en su currículo, entre ellas que ocupa el cargo de director de desarrollo administrativo del IAIP, puesto que le otorgaron los comisionados David Cabrera y Francisco Morones, el primero en su calidad de presidente espurio del instituto. 

Sin embargo llama la atención que fuera designado al frente del área administrativa de dicho instituto a pesar de que mantiene un juicio laboral contra esa misma instancia que data del año 2017, tras su remoción de ese mismo cargo a la llegada de los nuevos integrantes del IAIPtlax

Por ello Cruz Jiménez decidió iniciar un juicio ordinario laboral por supuesto despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el cual exige una indemnización superior a los 400 mil pesos, litigio que se encuentra activo.

Fue este miércoles que se publicó la lista definitiva de quienes cubrieron los requisitos para concursar por el cargo de Contralor Interno de Tribunal Electoral de Tlaxcala, y los magistrados avalaron a Cruz pese a las omisiones detectadas en su currículo.

Entre los inscritos también se encuentran Tomás Tlapale Islas, Sergio Pérez George, Claudia Salvador Ángel y José Antonio Hidalgo Cote.