Por Fernando Tamayo

El OFS entregó los informes de resultados de la revisión de la cuenta pública de los entes fiscalizables del Estado, donde según ha trascendido existen un sin número de anomalías, excesos y mala aplicación de las entidades públicas responsables de administrar el recurso público.

De acuerdo a información publicada por Juan Luis Cruz en el diario La Jornada de Oriente, el Órgano de Fiscalización Superior detectó irregularidades a los 60 munícipes por un monto cercano a los 280 millones de pesos, donde –según señala- al menos 17 ayuntamientos tendrían que ser reprobados en su dictaminación 2018. 

Derivado de lo anterior, la prueba de fuego para la actual legislatura será el tratamiento que otorguen al procedimiento de fiscalización. Los Diputados Locales se encuentran obligados a actuar de acuerdo a lo prometido en campaña, deben aplicar mano dura y sancionar a todos aquellos que en el ejercicio fiscal 2018 hayan hecho un uso indebido del dinero público.

Aunque en los hechos se sabe que no será así, incluso ha trascendido que el objetivo de calendarizar la revisión de los informes entregados por el OFS a la actual legislatura se realizó con base en la distribución distrital-electoral de la Entidad, a efecto de que todos los diputados de acuerdo a sus “intereses electorales y económicos” puedan conocer el estado que guarda dicho informe de resultados. 

Hoy la mayoría “MORENA” asentada en el Congreso debe transparentar el proceso de dictaminación de las Cuentas Públicas, dar a conocer las anomalías cometidas, la forma en que se manejen las solventaciones y con ello evitar que dicho proceso de fiscalización se convierta en la danza de los millones donde lo único que se conoce es el desfalco a las arcas municipales, el mal manejo de recurso público, las anomalías cometidas por munícipes, cuentas públicas reprobadas y aprobadas inexplicablemente; pero sin que exista persona alguna que sea sancionada por su mal actuar. Esperemos que por lo menos los representantes de la 4T en la legislatura local cumplan en el rubro de la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas y no utilicen el garrote fiscalizador a favor o en contra de sus intereses políticos y económicos. Al tiempo.   

Desde la barrera

La incertidumbre generada dentro del TSJE ha provocado un impasse judicial en la Entidad. Más allá de los intereses personales o de grupo que existe entre magistrados locales debe imperar la prudencia y ellos mismos dar muestra de legalidad. No importa quien tenga la razón jurídica, pase lo que pase, quien terminará perdiendo será la ciudadanía tlaxcalteca quien reducirá legitimidad a cualquiera que resulte victorioso en lo legal. 

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