Por Edgardo Cabrera

El intento de manifestación convocada para el miércoles por la mañana en contra del regreso de Héctor Maldonado a la presidencia del TSJE, fracasó.

Los convocantes (Mario Jiménez y su camarilla que incluye a magistrados y consejeros de la judicatura) argumentaron que se debió a supuestas presiones al personal que ejerció el presidente dada su estrecha relación con la dirigencia del Sindicato 7 de mayo.

Tras el fracaso de la protesta, el proclamado por la mayoría de magistrados como presidente del poder judicial ofreció una conferencia de prensa donde se quejó amargamente de la forma cómo resolvió el juez tercero de distrito al conceder apresuradamente la suspensión provisional solicitada por Héctor Maldonado y ordenar su reinstalación al frente de la presidencia del TSJE.

Para el magistrado Mario, el juez Carlos A. Ávila actuó inconstitucionalmente y se excedió en sus facultades al interpretar que es el Congreso local quien tiene la responsabilidad de remover a los magistrados y presidente del TSJE, cuando –dijo- la norma sólo aplica al caso de magistrados.

Ante ello los inconformes promovieron la noche del martes una queja ante el Tribunal Colegiado y todo parece indicar que el fallo definitivo dependerá de la parte que mejor chicanee el asunto. 

Por lo pronto, la tragicomedia continúa exhibiendo a los magistrados y consejeros de la judicatura como una fauna rapaz, y esos son los que tienen en sus manos la justicia para los tlaxcaltecas.

La molestia de los magistrados por la forma como se imparte justicia, me recordó a cientos de justiciables que se han quejado de lo mismo por parte de ellos y de jueces locales que -en sólo algunos casos- actúan de forma pronta y expedita: cuando así conviene a sus intereses (amiguismo o compadrazgo) o existe “impulso” procesal de por medio.

ABUSIVO

Tesoreros de varios municipios sostuvieron una reunión y se quejaron por el chantaje del que son víctimas por parte del levantadedos Castro. 

Aseguraron que utilizando los “fondos moches” y las cuentas públicas quiere saciar su ambición desmedida por el dinero.

Su exigencia es que 80 por ciento de los recursos etiquetados para el fondo de obras y acciones municipales sean ejecutados por su empresa constructora denominada “Bravo Golfo”, de no acceder, los amagó con reprobar sus cuentas sin importar que el OFS haya emitido informes positivos de su situación financiera. 

Ante ello esperan que sus respectivos alcaldes sostengan una reunión con la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, la morenista María del Rayo Netzahuatl; con la titular del OFS y con la Junta de Coordinación y Concertación Política para exponer su preocupación.

Apenas el viernes, Castro fue acusado ante el presidente AMLO por parte del fiscal de la iglesia de Ahuahuastepec, Horacio Díaz, quien le entregó un expediente donde expone algunos de sus abusos.

Y aunque la intención de los tesoreros y ediles es que desde el Congreso y el OFS le pongan un alto, la realidad es que poco podrán hacerle.

Si en realidad no quieren ser rehenes de su supina ambición tendrían que proceder penalmente en su contra, ya veremos si se atreven o siguen llorando como Magdalenas. El fiscal de Ahuahuastepec les puso el ejemplo.