Por Edgardo Cabrera

A los empresarios constructores de la CMIC en Tlaxcala no les basta ser beneficiados con el 15 por ciento de la obra pública estatal, quieren aún más.

Son algo así como 47 los afiliados a esta Cámara empresarial y según su presidente, Hugo Cano, el simple membrete del organismo debe ser suficiente para contar con mayores privilegios y tener incluso derecho de picaporte con el gobernador.

Llama la atención que esas mismas exigencias no las hagan al gobierno federal, donde por cierto está incrustado uno de sus ex presidentes, Delfino Chamorro. 

Y es que tontos no son, saben que tendrán un portazo del presidente de la república ya que buena parte de los socios carecen de capacidad y liquidez para ejecutar obras de gran envergadura.

Es claro que entre algunos organismos empresariales persiste el pensamiento de ser el vehículo para obtener beneficios personales o contratos ventajosos sobre aquellos emprendedores que no acceden a pagar cuotas para pertenecer a cámaras y que trabajan de forma independiente. 

Varios de esos líderes, los hemos visto, han escalado a posiciones políticas a costa de supuestas representaciones gremiales, lo mismo en el PAN, que en el PRI o PRD, ahora también en Morena como el caso de su grilloso ex presidente quien, por cierto, no era constructor y aún así encabezó la CMIC. 

SÚPER BOZAL  

Contrario a la política de transparencia y puertas abiertas fomentada por el presidente López Obrador, en Tlaxcala las dependencias federales recibieron dos indicaciones: no dar entrevistas ni información a los medios, y armar un “ejército” de bots para atacar a los que cuestionen la opacidad, cerrazón, cinismo e incongruencias de algunos funcionarios de la 4T.

Son los casos de las delegaciones del Bienestar y Prospera donde inició una campaña de persecución en contra de trabajadores en busca de aquellos que han filtrado información “delicada”, así como para obligarlos a defender a sus sensibles patrones por medio de redes sociales.

El asunto es que eso que consideran información delicada, no son más que evidencias de irregularidades que se cometen trastocando el objetivo del gobierno federal de no utilizar los programas federales a favor de campañas políticas personales, tal como ocurrió en el pasado.

MALVERSACIÓN

En Tlaxcala, la exclusión de militantes de Morena y la intromisión de personajes que no aparecen en el registro de empleados federales ha puesto señales de alerta porque es la hora que no pueden explicar porqué Carlos Luna, Sergio González, Delfino Chamorro, Rubén Ortinez, María Elena López y Oscar Lobatón, entre otros, fungen esta semana como representantes de la delegación del Bienestar durante las entregas de los apoyos federales de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Basta entrar al sitio web de la Función Pública para corroborar que ninguno de estos personajes aparecen dentro de las personas servidoras públicas federales y, por tanto, estaríamos ante un claro desvío de recursos.

Es claro que se trata más de un equipo de campaña, que de los llamados Servidores de la Nación o de empleados del gobierno de López Obrador.