Por José Luis Ahuactzin

Los dirigentes de los partidos políticos, todos habidos y por haber, están más preocupados en su reorganización interna que en lo que pasa en el estado, y ninguno de ellos ha alzado la voz sobre temas prioritarios en materia legislativa o lo que ocurre en la vida política. Pareciera que no les importa.

Contrario a sus declaraciones de convertirse en partido políticos “críticos y responsables” las acciones son más evidentes de complacencia y reflejo de dejadez e ignorancia de temas torales.

Los dirigentes estatales tanto del PRI, PAN, PRD, MC, PVEM, PAC, PS, Nueva Alianza, no se han inmutado pese a los amagos de recortarles recursos al 50 de sus prerrogativas para que sigan operando, o más bien viviendo del trabajo de los tlaxcaltecas por el pago de impuestos, entonces cómo buscan recuperar la confianza de los ciudadana.

Casos como el Presupuesto de Egresos que aumentó el sueldo a los magistrados del Poder Judicial en 205 mil pesos al presidente Héctor Maldonado Bonilla; el aumento de sueldo del presidente de Derechos Humanos a 90 mil pesos Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, o la asignación de manera inconstitucional de sueldo a los  cuatro integrantes del Consejo Consultivo.

Por si fuera poco el aumento de sueldo de los 25 diputados locales a 105 mil pesos, son temas que parecen que ya quedaron en el olvido ciudadano y “ no pasó nada”.

Bueno, pues resulta que el diputado del PAN, coordinador de la bancada en el Congreso local, Omar Milton López Avendaño, al menos es congruente en ser la oposición, sobre todo porque hay elementos para que se investiguen las anomalías de funcionarios y servidores públicos.

Que se quedó cortó en su petición, sí, si lo hizo al promover un juicio político contra el presidente de la CEDH por asignar un salario a los cuatro integrantes del Consejo Consultivo cuando la Constitución local señala que son cargos honoríficos.

Aunque debió también promover un juicio legal para que el vocero del Congreso se separara del cargo al ocuparlo de forma ilegal y hasta con delitos por la vía penal; simplemente no lo quiso hacer, ya que hay “acuerdos”, principalmente con el PT como principal impulsor y defensor de la ilegalidades.

Como por ejemplo del vocero, David Rodríguez, quien ocupa el puesto sin tener título profesional, no tiene el perfil requerido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, incumple su labor de informar del trabajo legislativo y, por si fuera poco, prefiere informar sobre sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que de la labor de sus patrones los diputados, a excepción de Yordana Garay, su madrina, a quien de primera mano le proporciona “información” de los pasillos del edificio.

Pareciera que es la única voz de protesta o de crítica al mismo Poder Legislativo, y aunque se suman las diputadas del PVEM, MC, PRI, Panal, y del PAN, ha sido el único en promover acciones porque el resto son simplemente espectadores y, obvio, no se quieren rostizar al ser minoría.

Pero la minoría hasta es honorable ocupar ese puesto cuando existe la crítica y el señalamiento, con la razón y la evidencia. Y uno se pregunta qué es lo que hacen los diputados sino no legislan, ni fiscalizan y mucho menos no gestionan.

Es claro que sólo existe la simulación en los dirigentes de los partidos políticos, y ni se diga en los diputados, más en los plurinominales, que no tienen ni compromisos ciudadanos más que con su dirigente político por agradecimiento al haberlas asignado en primera fórmula electoral, aunque lo nieguen.

Así son los casos de Maribel León Cruz, del PVEM; María Isabel Casas Meneses, del MC, Zonia Montiel Candaneda, del PRI; Leticia Hernández Pérez, del PAN,; y Guadalupe Mata Lara, del Panal.