Obtiene PGJE certificación en mecanismos alternativos de solución de controversias
10 de febrero - 2019

Con este documento, los fiscales garantizan un desempeño eficaz en la solución de controversias de un hecho delictivo mediante procedimientos basados en la oralidad.

Un total de 19 Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron certificados como “Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal” por la dependencia homologa en el estado de Hidalgo.

Para obtener este documento, los participantes cursaron 180 horas de especialización a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora, para posteriormente ser evaluados durante dos días por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quienes certificaron a los fiscales tras obtener resultados favorables.

Con esta certificación, los Agentes del Ministerio Público fortalecen y especializan su desempeño en la aplicación de los medios alternos de solución de conflictos, lo que permitirá establecer una herramienta fundamental para que los procedimientos de atención y resolución sean altamente confiables, de una manera rápida y eficaz para la reparación del daño.

Durante la capacitación, los 19 fiscales obtuvieron conocimientos sobre esta modalidad en el Sistema de Justicia Penal, que tiene como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella de un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad.

Cabe señalar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ya fue certificada en este rubro, por lo que cuenta con el sustento legal y la experiencia necesaria para otorgar este documento.

Durante el evento, la Procuraduría de Tlaxcala entregó reconocimientos al personal de la dependencia homologa de Hidalgo, como muestra de la coordinación que existe entre instituciones para fortalecer los mecanismos de atención de procedimientos penales que garanticen la impartición de justicia.