Por Edgardo Cabrera

Una de dos, o la súper delegada Lorena Cuéllar Cisneros está desinformada o de plano les aventó una chapuza a las responsables de estancias infantiles de Tlaxcala.

Pero en cualquiera de los dos supuestos, la funcionaria trató de sorprender, una vez más, a las responsables de estancias infantiles de Tlaxcala, luego de sostener una reunión en la que les pidió “no preocuparse” ya que –según ella- seguirán contando con el recurso que recibían como parte del programa de la extinta Sedesol.

Pero mientras la señora se comprometía a ello en un intento desesperado para que no le sigan alborotando el gallinero, su jefe, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la bancada Morena en el Congreso de la Unión, decían todo lo contrario.

En su conferencia matutina de este jueves, el ejecutivo federal confirmó que el dinero para las estancias infantiles se entregará de manera directa a los padres de familia “para que ellos lo destinen como prefieran debido a que había irregularidades (en la estancias)”, dijo.

Precisó que serán mil 600 pesos cada dos meses que se repartirán a los padres y lo mismo lo podrán ocuparlo para pagar una guardería, que utilizarlo para dárselo a un familiar para que les cuide a los niños mientras trabajan.

De lo anterior es claro que, o no se enteró Lorena, o de plano lo sabía y aún así les mintió a las decenas de directoras que convocó a su reunión.

En Tlaxcala, recordemos, existen 234 estancias infantiles que atienden a poco más de 23 mil 800 menores que ahora deberán empezar a tomar decisiones entre cerrar sus puertas o esperar a que el recurso comience a bajar directamente a las madres trabajadoras.

A ESPERAR SENTADOS

Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva la inconformidad de 18 alcaldes, regidores y síndicos que están en contra del regreso del voto en los cabildos para los presidentes de comunidad.

El Tribunal Electoral de Tlaxcala se declaró incompetente para atender dicha queja toda vez que –dijeron- no tienen la facultad jurisdiccional para resolver temas de constitucionalidad.

Dada la carga de trabajo y la lentitud con la que opera la SCJN, seguramente la resolución a esta controversia tardará al menos 1 año, lapso que tensará la relación entre las autoridades de comunidad y los presidentes municipales.

Y para muestra, se sabe que autoridades de al menos dos municipios recurrieron directamente a dicha instancia para inconformarse con el decreto del Congreso local que favorece a los presidentes de comunidad, amén de que se resisten a convocar a sesiones de cabildo y concederles el derecho al voto.

Pero, dado el caso particular de Tlaxcala que es la única entidad que reconoce un cuarto nivel de gobierno, el asunto resultará bastante delicado para los ministros ya que su sentencia sentará precedente para el país.

Lo anterior y para evitar meterse en camisas de once varas (según algunos especialistas consultados) anticipa amplias posibilidades de que la Corte les de palo a los de comunidad y que no sean reconocidos, no sólo sin derecho a voto en cabildos, sino que la figura pase, como lo establece la propia Constitución federal, a representantes populares pero no miembros de los cabildos.