Por Edgardo Cabrera

Cero tolerancia es la nueva política de la actual legislatura y ayer la estrenaron con las organizaciones izquierdosas campesinas quienes acudieron al salón de plenos para protestar en contra del presupuesto de egresos 2019 maquinado por la mayoría morenista.

Encabezados por conocidos personajes políticos, como el ex diputado federal y ex líder estatal perredista Alejandro Martínez, los inconformes lograron reventar la sesión ordinaria donde se desahogaba la lectura del nuevo dictamen presupuestal, que incluyó sólo unos cuantos parches, pero que en el fondo deja prácticamente igual algunos rubros que benefician a los propios levantadedos.

Su queja se derivó de la distribución de recursos públicos para el campo ya que denunciaron que los diputados se autoasignaron 175 millones de pesos en proyectos discrecionales para favorecer a sus allegados.

Incluso, mostraron un documento en el que se revela el presunto reparto de entre 18 y 8 millones de pesos, por diputado, de ahí que exigieran una explicación y que se frenara la lectura del dictamen en el que se abordarían las observaciones hechas por el titular del Ejecutivo al Decreto 80 relativo al presupuesto.

Ante los gritos, la presidenta de la Mesa Directiva, Mayra Vázquez Velázquez ordenó un receso y por medio de un comunicado de prensa exigió respeto al recinto legislativo, en respuesta, los manifestantes sitiaron el Congreso para impedir la entrada o salida de los legisladores.

Y, en buena parte tuvo razón la legisladora morenista al suspender los trabajos para evitar poner en riesgo la integridad física de sus homólogos, aunque también las organizaciones tienen derecho a expresar su desacuerdo con la distribución presupuestal y ser escuchados.

No obstante la política de cero tolerancia a las protestas también significó cerrarse a pactar una reunión con los inconformes, antes de que la manifestación escalara en intensidad conforme avanzaban los trabajos, para evitar la suspensión de la sesión y con ello se caldearan los ánimos.

Al final, y al igual que pasó con  los burócratas y maestros, los diputados cedieron y empeñaron su palabra al asegurarles que darían marcha atrás al presupuesto aprobado en diciembre y eliminarían la asignación discrecional de los 175 mdp para distribuir equitativamente ese recursos en los 60 municipios.

DOBLADA

Tras la tormenta, vino la calma con la aprobación del presupuesto de egresos 2019. Los diputados locales terminaron por doblar las manos, con tal de no perder su bolsa de 250 millones de pesos para obras en los municipios.

Ya veremos qué explicación le dan al Presidente López Obrador cuando visite la entidad, luego de que se pronunciara abiertamente en contra de bolsas especiales para moches dentro de los presupuestos estatales, como sucedió en Sinaloa y Morelos.

Por lo pronto, es claro que el Gobernador hizo valer sus observaciones que, jurídicamente, estaban fundamentadas.

El tema de fondo era que las modificaciones del proyecto original afectaban los principios de división de poderes y supremacía constitucional, pues con motivo de la distribución de funciones establecidas por el Congreso se provocaba un deficiente o incorrecto desempeño de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Por cierto, habrá que ver de parte de quien acudieron al Congreso las organizaciones campesinas para tratar de reventar la sesión. Al parecer a alguien no gustó que el Ejecutivo y el Legislativo llegarán a acuerdos en torno a la aprobación del Presupuesto. ¿Sabrán algo en la Secretaría de Bienestar, donde recientemente fueron atendidos sus “líderes”?

ESPURIA TRANSPARENCIA

Los tres comisionados de acceso a la información pública ya fueron emplazados por el Congreso del estado. Cuatro juicios políticos serán desahogados: dos contra Marlene Alonso, y los otros dos contra David Cabrera y Francisco Morones.

Con base a los plazos establecidos en el procedimiento, se espera que para marzo se tenga una conclusión y se determine si procede la remoción de alguno de los tres funcionarios.

Vale decir que el primero de los juicios fue promovido por Marlene Alonso, quien se mantiene como presidenta bajo el amparo de un decreto del poder legislativo, de ahí que, en teoría, debería ser éste el primero en desahogarse por aquello de la máxima: “el que es primero en tiempo, es primero en derecho”.

Por lo pronto y aunque David Cabrera se ostenta como presidente, tras ser apoyado con el voto de Morones, sigue sin ser reconocido como tal por el Ejecutivo y el Legislativo, tan es así que los recursos correspondientes a enero le fueron ministrados a Alonso (quien fue la encargada de pagar la nómina), en tanto que el OFS se ha negado a atender la solicitud del comisionado para realizar un proceso de entrega-recepción del instituto.