La misma vendrá a generar un combate eficaz al crimen organizado y hechos de corrupción.

La Diputada Federal de Morena, Claudia Pérez Rodríguez, se sumó a la necesidad de fortalecer la figura de extinción de dominio, que abonará de manera eficaz al combate contra el crimen organizado y los hechos de corrupción, cambios que resultan indispensables para México.

Desde la máxima tribuna del país, la política tlaxcalteca expresó que actualmente “vivimos una de las peores crisis de inseguridad y corrupción que ha enfrentado nuestro país; también hoy es común que muchos delitos queden impunes”.

Lo anterior, añadió que genera un gran desprestigio de las instituciones encargadas de impartir justicia, junto con estrategias fallidas y políticas públicas ineficientes, que sólo agravan la situación y nos llevan a un círculo vicioso que no soluciona nada.

La legisladora de Morena indicó que el Estado Mexicano tiene una enorme deuda con las víctimas de estos hechos, ya que en múltiples ocasiones han sido testigos de la incapacidad de las autoridades para sancionar a los responsables, lo que da paso a la injusticia sistemática.

En este tenor, argumentó que “fortalecer la figura de extinción de dominio, abona de manera eficaz al combate contra el crimen organizado y los hechos de corrupción; cambios que resultan indispensables, si queremos revertir que estas conductas sigan proliferando”.

“Si bien, el texto constitucional y secundario de la extinción de dominio ya existen, siguen su curso con cargas procesales y probatorias propias del derecho penal, además en ésta, no se consideran una serie de actividades ilícitas, que pudieran ser susceptibles de su aplicación”, aseveró

Consideró que a más de diez años de su implementación, resulta indispensable actualizar los efectos de esta figura al contexto actual, dotándola de un mayor alcance de operatividad, funcionalidad y un procedimiento jurisdiccional y autónomo de la materia penal, siendo ahora de naturaleza civil.

“Los hechos de corrupción dentro de la administración pública, constituyen uno de los peores males que afecta el crecimiento de nuestro país, vulnera los derechos de todos los mexicanos y deja en evidencia la fragilidad de nuestro sistema jurídico”, subrayó.

Apuntó que son de conocimiento público, aquellos casos donde funcionarios o gobernadores, se enriquecen de manera inapropiada durante el ejercicio de sus funciones

Y aunque lleguen -abundó la morenista- a ser juzgados por sus conductas y cumplan con sus sentencias, al término de las mismas, siguen gozando de los bienes que adquirieron con recursos de procedencia ilícita.

Además, citó que el incluir conductas típicas como: hechos de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, limita el uso indebido del poder y de los recursos del erario.

Por ello, Pérez Rodríguez enfatizó la necesidad de fortalecer esta herramienta jurídica, que constituye un poderoso instrumento para generar políticas de Estado, focalizadas a solucionar gran parte de la problemática actual.

“A nivel internacional, esta figura es una de las más importantes, para la recuperación de activos derivados de los hechos de corrupción o de actividades ilícitas, que en México no funcionará de manera adecuada, si no se realizan las modificaciones necesarias”, detalló.

Externó que hoy se tiene en México la oportunidad de construir el andamiaje jurídico que elimine los obstáculos de procedimiento que se interponen en el principal objetivo de esta instrumento jurídico.

Finalmente, se reformó el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio con 474 votos a favor.