Rosi Orozco acusa que magistrado Jiménez involucró a familia en caso Laura N
21 de noviembre - 2018

Por José Luis Ahuactzin

La presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C., Rosi Orozco, insistió que el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, debe ser indagado por la resolución de 150 casos de igual número de procesados.

“Estamos ya analizando 150 Tocas Penales, donde el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez revoca sentencias condenatorias o rectifica absolutorias; Lo cual es muy extraño y por lo que solicito nuevamente se investigue a este Magistrado…”.

Por el toca penal en el caso de Laura N., quien denunció violación, la activista señaló que el proceso que el magistrado penal tiene para impartir justicia, involucró a familiares quienes son abogados defensores del agresor llamado Rodolfo N., hijo del empresario textilero de Mazatecochco.

“Que revisen la ‘misteriosa’ situación que resulta el parentesco del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez con el abogado de la parte acusada por violación, el licenciado Juan Carlos Carmona Huerta, esposo de la sobrina del Magistrado, así como la relación directa con otro sobrino, el Juez Ramón Jiménez Casco…”.

No obstante a ello, también señaló que los “Licenciados Aurora Lizeth León Flores y Fernando Islas Ortega (estos últimos fueron nombrados en la Sala de Apelaciones y hasta la fecha no han comparecido para protestar el cargo con término de tres días, fecha de vencimiento 16 de noviembre de 2018)…”.

La activista, mostró documentos que comprueban que ella y su organización, poseen información sobre los tocas penales por el delito de trata que han sido resueltos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), primera y segunda instancia que datan desde el 2013 al 2017.

Por ejemplo, remitió copias de versiones públicas de las sentencias definitivas de los procesos 182/2013, 122/2011, 136/2014, 85/2014, 190/2014, 272/2013, 57/2012, 623/2015, por citar algunos.

Además, proporcionó copia del acuerdo de información pública de fecha 8 de febrero del 2017, por el que la entonces presidenta de la Sala Penal, Rebeca Xicohténcatl Corona, reservó información sobre resoluciones en materia de trata, pues son datos sensibles que hacer identificables a las partes, y en otros casos, no estaban resueltos o firmes los procesos.