Por José Luis Ahuactzin

Los presidentes municipales de Tlaxcala y Apizaco, Anabell Ávalos Zempoalteca y Julio Cesar Hernández Mejía, respectivamente, explicaron que la reforma constitucional en materia de fiscalización traerá complicaciones a la administración municipal, pues recorta tiempos para presentar las cuentas públicas.

Es más, dejaron abierta la posibilidad por el que los cabildos respectivos no aprobarán la reforma constitucional que fue aprobada por el Pleno del Congreso, en su mayoría por diputados de Morena, como lo planteo la diputada María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi.

De acuerdo con la reforma constitucional aprobada en octubre pasado, al artículo 54, para el 2019 el Congreso local podrá «recibir mensualmente las cuentas públicas que le remitan a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos, municipios y demás entes públicos, y turnarlas al Órgano de Fiscalización Superior…».

Y una modificación al artículo 70, establece que los estados financieros deberán presentarse “dentro de los 11 días hábiles posteriores al período de que se trate, en los términos de la Ley correspondiente…”.

De acuerdo con la ley vigente, los 105 órganos fiscalizables entregan la cuenta pública trimestralmente, pero lo hacen en un plazo de 30 días posteriores a la conclusión del trimestre de que se trate; es decir, que el primer trimestre de enero a marzo es entregado en abril; el segundo, abril a junio, es entregado en julio; el tercero, de julio a septiembre, en octubre; y el cuarto de octubre a diciembre, en enero del año entrante.