La iniciativa de reforma de Ricardo Monreal propone realizar pruebas psicométricas, psicológicas, toxicológicas y del polígrafo a los integrantes del Poder Judicial.

Fuente: MILENIO

La bancada de Morena en el Senado anunció que para cerrar la pinza contra la corrupción, el Poder Judicial ya no estará al margen de los controles de confianza que se aplica a las policías y ministerios públicos, por lo que en la sesión de este jueves se presentará la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que el Consejo de la Judicatura someterá a pruebas de control de confianza a jueces y magistrados.

Quienes pretendan ingresar al Poder Judicial o hacer carrera tendrán que pasar por los exámenes patrimonial y de entorno social; médico, psicométrico y psicológico, poligráfico, toxicológico, entre otros.

​La iniciativa propone reformar los artículos 8 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para dar atribuciones al Consejo de la Judicatura Federal para diseñar y aplicar evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso o a una promoción en el Poder Judicial.

El artículo establece que el ingreso y promoción para las categorías de magistrado de circuito y juez de distrito se realizará a través de concurso interno de oposición y oposición libre.

Para acceder a esas categorías no solo se requerirá acreditar un examen de aptitud, sino que estará sujeto “a la aprobación de evaluaciones de control de confianza, las cuales se integrarán con los exámenes patrimonial y de entorno social; médico, psicométrico y psicológico, poligráfico, toxicológico, y los demás que establezcan las normas aplicables”.

“Nuestro país vive una crisis de seguridad que nadie puede negar, misma que, en algunos casos, es resultado de la impunidad ocasionada por la complicidad entre policías, ministerios públicos y, debemos reconocerlo, también de jueces y magistrados”, señala la iniciativa del coordinador Ricardo Monreal.

De acuerdo con Monreal Ávila, es fundamental erradicar cualquier espacio que pueda dar paso a actos de corrupción al interior de la judicatura, pues además de erosionar el Estado de derecho también se lastima el derecho ciudadano a tener una justicia eficaz e imparcial.

“Lo cierto es que es necesario blindar al Poder Judicial de funcionarios que no merecen la confianza del Estado ni de la población. En esto coinciden organizaciones de la sociedad civil, investigadores, especialistas e incluso servidores públicos de los órganos jurisdiccionales”, explicó.