Por Edgardo Cabrera

En su urgencia por acaparar reflectores, Lore, quien se asume como vicegobernadora, se encuentra a punto de cruzar la delgada línea de la legalidad tras promocionarse como coordinadora general del programa “censo para el bienestar” de la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, y a la vez cobrar como diputada federal.

El asunto es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable que en nadie “podrán reunirse dos o más” de los Poderes del Estado, para ser precisos, resulta ilegal ejercer el cargo de miembro del poder Legislativo y a la vez funcionario del Ejecutivo.

Cierto, en este momento no ha entrado en funciones el gobierno de AMLO, pero también es cierto que en los hechos el tabasqueño ya interviene en las decisiones presidenciales y hasta influye en la soberanía de los gobiernos de las entidades con la intromisión de los súper delegados que andan como cabras locas.

En el caso de Lore, sus ansias por restarle autoridad al gobernador Marco Mena la han conducido a desdeñar la diputación federal donde su trabajo es nulo, eso sí, sus primeras dietas las ha cobrado religiosamente.

También nos cuentan que a poco menos de dos meses de que tome protesta López Obrador, y con ello entren en funciones los nuevos funcionarios de su administración, ya analiza los recovecos legales para evitar pedir licencia al cargo y ejercer de manera simultánea la coordinación de delegaciones federales y la curul.

Incluso, sus allegados habrían sugerido impulsar una reforma constitucional para permitir que los legisladores federales puedan ejercer de forma paralela encargos en el poder Ejecutivo “siempre y cuando se hagan de manera honorífica”.

Por lo pronto, y con el pretexto de su nombramiento como coordinadora general del programa “censo para el bienestar”, la legisladora ya comenzó a convocar a alcaldes para que le rindan reverencia y se pongan a su servicio.

Secretaría mocha

A colación del nuevo gobierno federal, la próxima titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, confirmó que la descentralización será parcial, es decir, no será trasladada a la entidad la totalidad de las áreas y estructura burocrática.

Apenas la semana pasada el dirigente de la FSTSE, Joel Ayala, ya había adelantado que los sindicalizados del sector cultural no estaban de acuerdo con abandonar su vida en la Ciudad de México, lo que incluye a sus familias, para mudarse a Tlaxcala.

Con este antecedente, el miércoles durante la instalación de la Comisión de Cultura del Senado, Frausto Guerrero reveló que a partir del año 2019 se reubicará solamente el despacho de la secretaria y una de las dos subsecretarías, junto con un grupo de 20 colaboradores.

Hablamos que el resto de la estructura conformada por más de 3 mil empleados y un centenar de órganos desconcentrados y descentralizados, entre ellos la Biblioteca Vasconcelos, Canal 22, Centro Cultural Helénico, Centro Nacional de las Artes, y Cineteca Nacional, se mantendrán en la Ciudad de México.

Así, Tlaxcala se convertirá en el laboratorio de AMLO para medir las repercusiones y los resultados de su idea de sacar de la CDMX las dependencias federales lo que implica tiempo, dinero y esfuerzo.

Por lo pronto, lo que tendremos a partir del próximo año en la entidad es una Secretaría partida en dos, en la que su titular despachará desde el viejo edificio del ITC, y el personal operativo y directores de órganos desconcentrados y descentralizados ejecutarán las indicaciones desde su lugar de siempre.

En suma, nos preguntamos, ¿cuánto costará al pueblo el experimento al mantener una dependencia cercenada así?