Fuente: PROCESO

Pese a los cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad, el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, ratificó como titular de la Fiscalía Anticorrupción a Juan Salazar Núñez, quien en su momento fue abogado personal del gobernador Graco Ramírez y en el gobierno fungió como su consejero jurídico.

El nombramiento se confirmó a pesar del rechazo de organizaciones empresariales y de abogados, que cuestionaron que desde el Congreso local se diera la facultad a Carmona de nombrar al fiscal anticorrupción, en julio pasado.

Y es que, además de la relación entre Salazar Núñez y el gobernador perredista, aquel ha sido señalado por la falta de resultados durante los casi dos años que ha estado al frente de la Fiscalía Anticorrupción, cargo que tendría que haber dejado el próximo martes 28, pero finalmente se determinó otorgarle el nombramiento oficial con base en la modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

La organización civil Morelos Rinde Cuentas exhortó al fiscal general a no ratificar a Salazar Núñez y esperar a que la próxima Legislatura tomara posesión para designar al fiscal anticorrupción.

“No pasa nada si no realiza el nombramiento, si espera a la siguiente Legislatura para que se analice la forma, y creemos que pudiera haber cambios en la forma en cómo se designa al fiscal anticorrupción, de manera que sea transparente y con participación ciudadana”, destacó en su momento Roberto Salinas, a nombre de esa organización.

Y en conferencia de prensa, acompañado de representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hizo un llamado para que la comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) anule el proceso de designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, porque las propuestas consideradas, dijo, sólo incluyen a exfuncionarios de gobierno, lo que contraviene el espíritu original de que sea integrado por ciudadanos.

De acuerdo con Salinas, existen fuertes presiones de los partidos políticos y del gobierno local para que se apresure el proceso y se nombre “convenientemente” a personajes cercanos y convertir a dicha instancia en un comité de cuotas y allegados.

“Desde la sociedad civil hacemos un llamado a la comisión de selección para que no se deje presionar por los poderes Ejecutivo y Legislativo para designar al Comité de Participación Ciudadana. Ellos tendrán que designar en los próximos días o semanas a las cinco personas que integrarán el Comité que dirigirá el sistema estatal anticorrupción, y por ello son tan importantes estos nombramientos, pero nos parece que estas presiones que está recibiendo no ayudarán a una adecuada designación”, subrayó.

De igual manera informó que, durante el examen realizado por la comisión de selección, no se tomó en cuenta los lineamientos nacionales. Y a partir de los criterios de depuración de los aspirantes, abundó, se seleccionó a 16 finalistas, de los cuales 90% son exfuncionarios públicos que han ocupado cargos por influencia política o partidista. La mayoría de ciudadanos fueron descartados.

Ante ello, se plantearon dos posibilidades: flexibilizar los criterios de selección para ampliar el número de candidatos, o de plano anular el proceso de selección e iniciar uno nuevo que permita la participación de los ciudadanos.