Trasfondo
9 de agosto - 2018

Por Edgardo Cabrera

Un sector de morenistas agrupados en asociaciones supuestamente ciudadanas trataron de frenar la elección del nuevo procurador General de Justicia del Estado.

Acudieron al Congreso local para protestar contra los diputados a los que cuestionaron su “calidad moral” para designar al nuevo abogado de los tlaxcaltecas, por lo que exigieron que fuera la nueva Legislatura local, donde el Movimiento de Regeneración Nacional tendrá mayoría, la que se encargara del nombramiento.

Su postura, la misma que semanas atrás fijó el senador electo José Antonio Álvarez Lima, no tiene ningún fundamento legal ya que los diputados en funciones gozan del amparo de la ley y tienen las facultades constitucionales para realizar la elección de procurador, magistrados y otros más, así como para atender las solicitudes de juicios políticos.

El verdadero fondo de la protesta realizada el miércoles es el de presionar a los diputados para favorecer a personajes afines a Morena para ser nombrados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que estará conformado por cinco personas y cuya designación se tiene prevista este 15 de agosto.

Ya veremos si los diputados ceden al chantaje porque, hasta donde sabemos, no tienen la menor intención de negociar nada con la próxima legislatura y con ello ejercerán a su interés y conveniencia su facultad de designar a los titulares de todos los cargos que están pendientes.

Menudo paquete

Como lo anticipamos, José Antonio Aquiahuatl fue designado como procurador General de Justicia del Estado, la terna enviada por el Ejecutivo estaba inducida a su favor y los diputados locales no tenían que darle mayor vuelta.

Ahora al nuevo procurador le toca responder a la confianza del gobernador Marco Mena y dar resultados a favor de los tlaxcaltecas que, de acuerdo con estudios de opinión, tienen una creciente desconfianza en el sistema de impartición de justicia.

Aquiahuatl no se puede decir sorprendido por nada al interior de la PGJE ya que desde que estuvo Tito Cervantes en el cargo asumió un gran peso y poder al interior de la dependencia para poner orden y realizar una limpia de personal.

Ahora como titular le tocará hacer de la Procuraduría una instancia eficiente para esclarecer delitos, castigar a los culpables y frenar la corrupción, el paquete no es nada fácil.

Síndrome Trump

Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda lo contagió el síndrome de la intolerancia que padece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue el martes durante la Segunda Reunión Regional Zona Centro de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos que acusó a los migrantes centroamericanos de “no ser muy buenos”.

Cuestionado con relación a las redadas que se realizan en Tlaxcala para detectar a migrantes declaró: “tenemos que quitarle la parte romántica al asunto ¡eh!, no todos los que pasan son muy buenos…”, luego trató de matizar la expresión al asegurar que: “la gran mayoría de ellos necesitan atención y ayuda”.

El problema es que al ombudsperson aún no le cae el veinte del lugar en el que está parado, o mejor dicho, que representa.

En su calidad de defensor de los derechos humanos no tendría por qué prejuzgar a un sector vulnerable al sugerir que algunos de ellos serían delincuentes, por el contrario, su deber es garantizar que la acción de la autoridad sea apegada a la ley y sin trastocar sus derechos fundamentales durante las detenciones sin importar si son “bueno o malos”.

Es claro que a Cid Del Prado le urge meterse a estudiar cuál es su papel como ombudsperson y las afectaciones que causan sus declaraciones a las minorías.