¿Lo harán?
7 de agosto - 2018

Por Edgardo Cabrera

Nos enteramos que al interior del Congreso local no todos están de acuerdo en concluir al menos tres juicios políticos que se encuentran en trámite ya que no quieren cargar con el peso político de las resoluciones que se tomen.

Para empezar está pendiente el caso del alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca, quien está suspendido del cargo desde el pasado 17 de abril por un periodo de 180 días, derivado del conflicto violento que estalló en aquel municipio por una pugna política con su síndica, Lucía Rojas, quien promovió un juicio político contra el presidente.

El castigo impuesto por el Congreso fenece hasta octubre y tal parece que no hay ningún avance en el juicio con lo que podría ser la nueva legislatura -con mayoría morenista- la que defina la situación de Caballero Yonca, edil emanado de las filas del PES, partido aliado a López Obrador y al Movimiento de Regeneración Nacional.

El otro caso que podrían heredar a sus sucesores es el del alcalde de Calpulalpan, Neptalí Gutiérrez, quien también llegó al cargo bajo las siglas del Partido Encuentro Social.

A este personaje lo acusa un grupo de ciudadanos de probable enriquecimiento ilícito y desvío de recursos por 10 millones de pesos, de ahí que la semana pasada solicitaran un juicio político en su contra.

Y para rematar se encuentran los juicios en contra de los consejeros del IAIP, David Cabrera Canales y Francisco Morones Servín señalados por la presidenta del instituto, Marlene Alonso Meneses de usurpar funciones y removerla violando un acuerdo del propio Congreso local.

A los anteriores se agregan los casos de los ex ediles de Panotla,  Saúl Cano Hernández y de Santa Cruz Tlaxcala, Martin Hernández de los Ángeles.

Todos se encuentran en trámite y fueron formalmente admitidos por el Congreso local, pero pareciera que los únicos que podrían ser resueltos por la actual legislatura son los relacionados con los dos ex alcaldes.

Mientras que de los comisionados del IAIP les entraron dudas por resolverlo ante la necesidad de iniciar un procedimiento para elegir a sus sustitutos.

Sueldazo

Ahora resulta que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Maldonado Bonilla, gana más que el gobernador, Marco Mena.

De acuerdo con lo publicado por el Sol de Tlaxcala, el magistrado tiene ingresos superiores a 26 mil pesos en comparación con el Ejecutivo estatal, para ser precisos, hablamos que Maldonado se embolsa mensualmente 75 mil 558 pesos.

En contraste el gobernador percibe mensualmente 49 mil 542 pesos, que es, por cierto, uno de los sueldos más bajos para un gobernador a nivel nacional.

El asunto es que mientras no exista un candado en nuestra Constitución, así llueva, truene o relampaguee, el presidente del TSJE podrá seguir ganando más que el gobernador y, por lo declarado al rotativo estatal, no existe la menor intención de reducirse su sueldo pese al llamado del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de establecer un tope salarial a la clase gobernante, el que por cierto es de algo así como 105 mil pesos mensuales.

Ahora bien, aunque se reforme la Constitución federal, con base en la propuesta de AMLO, Maldonado seguirá percibiendo ingresos inferiores al tope por lo que nada ni nadie podrá quitarle su sueldazo.