Por Esteban García

Los cambios en el gobierno estatal iniciaron como lo adelantó el Gobernador Marco Mena.

El titular del Poder Ejecutivo anticipó que se darían por dos razones. La primera, porque se necesita más brío y revitalizar el trabajo de gobierno; y la segunda, porque aquellos que no han tenido compromiso real con su administración, o no se sienten a gusto en ella, deben abrirle paso a quienes quieran trabajar en su proyecto de gobierno.

La salida de Tito Cervantes de la Segob es consecuencia de la primera razón. Un personaje que goza del aprecio del mandatario se retiró del cargo para permitir que las actividades en la dependencia se renovaran, ahora, de la mano de José Aarón Pérez, quien estaba al frente de la PGJE.

También es el caso de Guadalupe Zamora Rodríguez, quien asumirá la Dirección Administrativa de la Sesa, tras desempeñarse como Directora Administrativa de la USET, y de Alicia Zamora Domínguez, que tenía la Jefatura del Departamento de Recursos Financieros de la USET, y ahora será la nueva Directora Administrativa de esta Unidad.

Sin embargo, no es la misma situación para Roberto Armas, quien desde el sexenio pasado se venía desempeñando como titular de Pensiones Civiles, ni tampoco para Mario Hernández Ramírez, quien fue nombrado Director Administrativo de la Sesa al inicio de este gobierno, ya que no operaron a la altura de las expectativas.

Ambos caen en el segundo supuesto, y son ejemplo de que lo dicho por el Gobernador va enserio.

¿Poder Centralista?

En reciente entrevista en el noticiario que conduce Fernanda Tapia en Acústika Radio, el Gobernador Marco Mena habló del encuentro entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la Conago.

Dijo que fue una reunión muy provechosa, porque se realizó en un buen clima, y planteó una relación de respeto y trabajo coordinado en este periodo de transición y de cara al inicio del nuevo gobierno federal.

Sobre la figura de coordinador general de programas de desarrollo que sustituiría a las delegaciones federales en los estados, Mena comentó que, de acuerdo a López Obrador, es un tema eminentemente presupuestal, por lo que se esperará a conocer los detalles de su implementación, por parte de los gobernadores.

Señaló que, aunque no hay rechazó a esta figura, es necesario conocer sus alcances y modalidades, ya que, en términos políticos, no debe existir intermediario entre el gobierno estatal y federal.

Aunque la reunión dejó un buen sabor de boca, dado que fue amable y cordial en todos sus términos, varios analistas ya expresan sus dudas sobre los supuestos beneficios de estos nuevos coordinadores estatales, ya que no están claras sus verdaderas motivaciones.

Es decir, no está clara si esta restructuración obedece a la necesidad de ahorrar presupuesto, a lucha contra la corrupción, a hacer más eficiente la administración pública, o a volver a la centralización del poder.

De entrada, la figura no se identifica en el Plan de Nación de López Obrador, pero sí en la historia mundial, a la altura de los procónsules, los virreyes y los prefectos, todos representantes del poder centralista.

Acceso a la justicia

Este fin de semana, la PGJE consiguió que se vinculara a proceso y se decretara prisión preventiva en contra de Tomás N., por los delitos de homicidio y daños por culpa, toda vez que, al conducir en Acuitlapilco una camioneta del servicio público local, provocó un accidente al impactarse contra un vehículo particular, situación que ocasionó la muerte de cuatro personas en el lugar y dos más en el hospital.

Sin duda, se trata de una buena noticia, en términos de garantizar el derecho a la justicia de las familias de las víctimas, quienes, al igual que el gobierno estatal, habían expresado su desacuerdo con la decisión tomada por una Jueza de Control, que había decretado la libertad del chofer.

Por esta circunstancia, la Segob ya había anunciado que haría un extrañamiento al Consejo de la Judicatura estatal. Y ayer, los familiares de los fallecidos se manifestaron frente al Juzgado Segundo de Distrito Local, en la capital, para expresar su rechazo a la actuación de Angélica Aragón Sánchez, quien desatendió las pruebas aportadas en contra del acusado. Su indignación era tal que manifestaron que recurrirían a medidas de presión para que no haya impunidad en este caso.

Evidentemente, si la deliberación de Aragón Sánchez hubiera atendido las garantías de los agraviados, la situación no hubiera llegado al punto de poner en tela de juicio, nuevamente, el trabajo del Poder Judicial, cuyo titular deberá revisar lo que pasa con su personal para no hacer recurrentes estas lamentables situaciones.