Por José Luis Ahuactzin

Al emitir la recomendación CEDHT/CVG/06/2016 la Comisión estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Gobierno (SEGOB) del poder Ejecutivo reparar los daños causados a un grupo de ex policías estatales acreditables acusados de secuestro exprés al documentarse que fueron objeto de tortura y violación a sus derechos humanos y garantías en el proceso de investigación.

Además de ello, a tres años de lo ocurrido, la CEDH solicita en la recomendación emitida el 2 de mayo que, se sirvan realizar una disculpa pública a manera de reparación del daño moral, como titulares de las instituciones a la que pertenecieron o pertenecen las autoridades que resultaron responsables de vulnerar los derechos humanos de los quejosos.

De acuerdo con los hechos, la recomendación detalla que el 21 de enero del 2015 “fueron detenidos de forma arbitraria (sin orden de autoridad competente), supuestamente por el delito de secuestro exprés, por elementos de la Policía Ministerial, ahora elementos de la Policía de Investigación, y que, durante su traslado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, fueron golpeados en diversas partes del cuerpo y al llegar fueron objeto de diversas formas de tortura, pues les taparon la cabeza y los golpearon en diversas partes del cuerpo, les picaron los ojos, los amarraron, los desnudaron, les rociaron agua, los patearon, les dieron de puñetazos, les dieron toques en los testículos a los hombres y a las mujeres las amenazaron con que si no decían lo que les indicaban les iban a poner cables eléctricos por la vagina…”.

Tras comprobarse las acciones de ilegalidad en el proceso de investigación, la CEDH recomendó a la PGJE y a la SEGOB que se les paguen salarios y demás prestaciones de ley que dejaron de percibir los quejosos a causa de la privación de su libertad desde el 21 de enero de 2015, pago de los gastos médicos realizados por los quejosos en relación a la atención médica que tuvieron que recibir derivada de la tortura de la que fueron objeto.

A efecto de lograr una reparación integral, brindar la atención psicológica necesaria a los quejosos, con la finalidad de superar el trauma que sufrieron.

No obstante, que en el caso de los elementos ministeriales se les debe iniciar la carpeta de investigación por los probables delitos de tortura, al ministerio público por permitir que hayan sido golpeados en su presencia para rendir las declaraciones ministeriales y a los defensores de oficio por faltar a su desempeño para la defensa legal de los entonces inculpados.