Ciudadana denuncia a edil y jefe policíaco de Ixtenco por intimidación
23 de abril - 2018

Presentó formal querella ante la PGJE al temer por su integridad y la de su familia.

Por Alfredo González

Por presuntos actos de intimidación en contra de la población, una ciudadana del municipio de Ixtenco presentó formal denuncia en contra del alcalde, Miguel Ángel Caballero Yonca, así como del Director de la Policía, Elías Ranchero Marcellano, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De acuerdo con la querella con cuya copia cuenta este medio, la promovente, María Antonia -N-, aseguró haber sido víctima de intimidación y daño sicológico cuando el miércoles de la semana pasada, ella y su familia fue acosada por una patrulla que los siguió cuando fueron de compras.

Según la carpeta de investigación A.I.HUAM -1/544/2018 en la que también se solicita un estudio sicológico, al salir de compras junto con sus hijos y esposo, una patrulla se les emparejó y los siguió varios metros de manera intimidante, hasta que la mujer enfrentó a los ocupantes pidiéndoles que los dejaran de molestar y que se identificaran.

De la unidad oficial descendieron quienes dijeron llamarse Elías Ranchero Marcellano, Director de Seguridad Pública Municipal, así como los policías de Ixtenco, Enrique Sánchez Palestina y Omar de Lázaro Hernández. Casi de inmediato, en su automóvil particular pasó junto a ellos el edil Miguel Ángel Caballero acompañado de su hermano y escoltado por otra patrulla municipal marcada con el número económico B-08.

Narró también Leal Aquino, que días antes otra persona identificada como escolta del munícipe, la sorprendió con palabras altisonantes cuando pasaba cerca de la Presidencia Municipal para exigirle que se retirara del lugar e incluso la amenazó.

Dijo temer por su integridad física ante las acciones que pudiera tomar en su contra Caballero Yonca, quien a pesar de haber sido recientemente suspendido por el Congreso del Estado, continúa utilizando al personal y vehículos de la Policía Municipal para intereses personales.

Ante esos hechos, la afectada solicitó a la PGJE y autoridades de seguridad estatal, su presencia en la demarcación para que otros pobladores no sean víctimas de actos de intimidación hasta en tanto el conflicto social se resuelva por completo.