Incautos
21 de marzo - 2018

Por Edgardo Cabrera

Vaya, parece que los partidos políticos fueron chamaqueados por los consejeros electorales luego de aprobar el pasado 13 de marzo los topes de gastos de campaña para los candidatos a diputados locales.

Todo parece indicar que no saben sumar o, peor aún, simplemente acuden a las sesiones del Consejo General del ITE para calentar el asiento.

Resulta que con base a los topes aprobados en aquella sesión, los partidos y sus candidatos recibirán en su conjunto algo así como 5 millones de pesos para la obtención del voto, cifra que no les mereció la más mínima objeción a los involucrados, pero…

De acuerdo con el presupuesto que ejerce el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para este año de los 75 millones de pesos que tienen etiquetados, 12.7 millones se van directos al organismo para la organización del proceso así como para sus gastos cotidianos –lo que incluye sueldos-, el resto, 62.3 mdp son para los partidos políticos.

Ahora bien, de esos 62.3 millones de pesos, 14 millones de pesos están etiquetados para actividades relacionadas a la obtención del voto, para ser claros, para las campañas de los candidatos a diputados locales.

Es decir, con base a los topes de gastos de campaña aprobados por los consejeros salen volando algo así 9 millones de pesos que simple y sencillamente no podrán ejercer los candidatos porque los topes se los impiden.

La pregunta es clara: ¿a dónde irán a parar esos recursos?

A colación

Como suele ocurrir, los consejeros del ITE y su presidenta han comenzado con la cantaleta de cada año en torno a la supuesta falta de recursos, ya amagaron incluso con dejar de trabajar después de marzo porque ya no tienen dinero para operar y organizar el proceso electoral local.

Según sus quejas, los 13 millones de pesos ya se los acabaron de ahí que solicitaron al Congreso local y al propio Ejecutivo estatal una ampliación presupuestal.

El asunto es que antes de que les den, sería bueno que los partidos políticos representados en el Consejo General hicieran su chamba y les pidieran cuentas a los consejeros para saber en qué destinarán los 9 mdp que salen volando para las actividades de promoción del voto.

Por sus pistolas

Los de Pronto y la dueña de la plataforma, la ex subdelegada de Sedesol, Nydia Cano, se mofaron de la justicia federal que les negó un amparo con el que pretendían que sus unidades no fueran detenidas por la autoridad y obligar al Congreso local a legislar para permitir sus actividades de transporte.

Por medio de un comunicado de prensa advirtieron que continuarán con su actividad y que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en espera de obtener la protección de la justicia y mantener su labor.

El asunto es que con su postura y dado que carecen de amparo ponen en riesgo a los conductores y sus vehículos ya que la autoridad podrá detenerlos, mandar al corralón las unidades e incluso aplicar infracciones a los automovilistas. De nueva cuenta, los emprendedores con pasado priísta y ahora arropados por el PAN hacen mal las cosas.