Por José Luis Ahuactzin

Como dice aquel dicho popular: “no hay fecha que no se llegue, plazo que no se cumpla, y deuda que no se pague”; ello a colación porque las instituciones de impartición de justicia –local y federal- han quedado a deber a los Tlaxcaltecas en su desempeño, principalmente por la impunidad de la que gozan «políticos» que han pasado por las presidencias municipales, sin pena ni gloria, pero eso sí, con cuantiosos desfalcos millonarios en el manejo de las finanzas.

Para muestra basta un botón: en el ejercicio fiscal 2016, por el manejo de finanzas de los 60 presidentes municipales, a 16 de ellos les fue reprobada su cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre. El saqueo millonario ascendió a no menos de 140 millones de pesos.

Nuestros informantes nos revelaron que todo indica que la justicia federal prepara las primeras sentencias definitivas que reactivarán órdenes de aprehensión que han sido litigadas por diversos años, pero que al final no les concederán la razón.

Uno de los que podría encabezar la persecución sería el doblemente presidente municipal de Calpulalpan de los trienios 1999-2002 y 2005-2008, Aurelio Brindis Mellado, pues nos informaron que recientemente la justicia federal no le concedió el amparo en su proceso penal.

En la lista hay por lo menos una decena de ex alcaldes que litigan en juzgados sus sanciones, multas y procedimientos de responsabilidad para ser inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Por ejemplo Antonio Mendoza Romero, ex edil de Chiautempan, bajo el expediente 955/2017; Justino Pineda Cahuantzi, ex edil de Cuaxomulco, bajo el expediente 803/2017; Aurelio Brindis Mellado, ex presidente de Calpulalpan, así como su ex tesorero y su ex síndico, en el expediente 692/2015; Jorge Rivera Sosa, ex edil de Tlaxco, expediente 897 y 670/2017; Carlos Ixtlapale Gómez, ex edil de Huamantla, expediente 768/2017; el ex edil de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, dentro del expediente 688/2017.

Quienes también litigan sus multas impuestas por el OFS al haber entregado fuera de tiempo su cuenta pública del primer trimestre del 2017, son el alcalde Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio y su ex tesorera Aurora Cocoletzi, en los expedientes 949 y 950/2017, respectivamente; Arturo Hernández Hernández, edil de Cuapiaxtla, así como su tesorera y su síndica, y la lista es imparable…

Este es un muy buen momento para que los tribunales recuperen la confianza ciudadana que tanta falta hace a los tlaxcaltecas, sobre todo cuando se está en una crisis económica, de valores, pero sobre todo por la desconfianza del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Encrucijada

Por el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que se construye en Texcoco, Estado de México, podría hacer estallar un conflicto social entre los campesinos de Calpulalpan, ni más ni menos, porque los dueños de las tierras realizarán negocios con una firma italiana.

El proyecto de la empresa llamada Mas Energía S. de R.L. de C.V., se trata de la colocación de paneles solares en al menos 100 hectáreas de terrenos de labor que ya no son cultivados, por lo que una centena de jugosos contratos de renta ya se están cocinando.

El objetivo es claro, la firma buscará vender energía eléctrica al NAICM a costa de los campesinos, por su desconocimiento legal al arrendar sus predios, y por lucrar con su necesidad económica.

Los campesinos se pasarán por el arco del triunfo a la autoridad agraria, y no informarán de los contratos a realizar, lo que los dejaría vulnerables a un probable despojo legalizado.

Estas negociaciones, para hacerlas válidas, se buscaría legalizarlas ni más ni menos que en el Estado de Hidalgo, en Apan para ser exactos.

La pregunta obligada a nuestras autoridades relacionadas al campo es clara, ¿sabrán y habrán dimensionado el conflicto que podría estallar en Calpulalpan?

Principalmente la interrogante es para el secretariode Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde, quien anda muy activo entregando apoyos de aves a diestra y siniestra por el territorio estatal.

Los campesinos se encontrarían en una verdadera encrucijada ya que al firmar los contratos de «arrendamiento» por cuenta propia, sin el asesoramiento y sin el aval de la autoridad agraria, lo más seguro es que llevan la de perder.