Por Edgardo Cabrera

Nos enteramos que detrás de la agitación en el sector educativo se encuentra un diputado y su hija quienes le apuestan a desestabilizar al secretario Manuel Camacho para obligarlo a renunciar.

La estrategia ha incluido el uso de la tribuna legislativa para presentar desde fantasiosas iniciativas para que el estado dote de uniformes a los alumnos del nivel básico (sin plantear de dónde sacar el dinero para tal fin), hasta arremeter en contra del funcionario tomando partido a favor de normalistas y docentes en sus exigencias por mayores canonjías o de mantener cotos de poder.

El J y su hija Sandra, ambos diputados locales favorecidos por el nepotismo político del Panal, están urgidos de reflectores, la primera en busca de ser legisladora federal, y el segundo porque se resiste a reintegrarse a sus labores como docente en una primaria cuando concluya su periodo como diputado.

Si bien gozan de plazas laborales como mentores, han encontrado dentro de la política y el sindicato su mejor fuente de ingresos y poder, algo que no están dispuestos a perder.

En la mira tienen al secretario Camacho a quien, en su más reciente embate, le organizaron un movimiento de supervisores para protestar contra los recientes nombramientos de Jesús Antonio Pérez Varela como Director de Educación Terminal, y Reyna Maldonado Hernández, como Jefa del Departamento de Secundarias Técnicas.

El principal argumento de un grupo de directivos (con más de 4 décadas en el sistema) y arengados por el J. y su hija, es que no les tomaron parecer en los nombramientos, tal y como ocurría en el pasado cuando los lidercillos sindicales llevaban mano en esos puestos.

Interrogantes

A colación del curioso caso del padre e hija diputados, nos preguntamos si han cumplido con la normatividad y se han sometido a la evaluación del desempeño docente. De lo contrario, es momento de retirarles esas plazas.

Por otro lado, el ahora ex director del departamento de secundarias técnicas se fue por la puerta de atrás, y es que entre las razones que motivaron su remoción se encuentran señalamientos de presuntos fraudes que cometió al vender plazas por hasta 80 mil pesos entre los años 2015 y 2016, mismas que nunca entregó por lo que se mantiene una investigación.

Limpia

En la Secte su titular, Noé Rodríguez Roldán, metió en cintura a por lo menos 3 delegados que no estaban dando los resultados necesarios.

Es el caso de Apizaco, donde un descuido de la delegada provocó la irritación de los ciudadanos que acudieron a realizar el trámite para obtener su licencia de conducir.

De buenas a primeras les dijeron que regresaran otro día porque no tenían los plásticos para imprimir las identificaciones, algo que desató el enojo ciudadano y que incluso por medio de redes sociales expresaran su malestar.

El asunto es que a la delegada “se le olvidó” hacer su requisición de material al cierre de la semana anterior, por lo que para el martes ya no tenían en esa oficina lo necesario para cumplir con las solicitudes.

Con lo que no contaba la funcionaria es que el secretario no se quedó cruzado de brazos, la llamó a cuentas y ordenó removerla y mandarla a otra oficina municipal, al igual que a otros dos delegados que ya tenían acumuladas varias quejas entre las que se incluye su presunta participación en actos de corrupción.

Sabemos que el asunto no solamente quedará en su reubicación, se les sigue un proceso.

Las malas prácticas y la ineficacia fueron la constante durante el periodo en el que Gisela Santacruz estuvo al frente de la dependencia y eso es algo que no pretenden seguir alentando.