Por Juan Manuel Cambrón Soria

“Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades” Nelson Mandela

A lo largo de la historia del mundo conocemos terribles experiencias de gobiernos autoritarios, tiránicos y dictatoriales que utilizan la fuerza del estado para tratar de eliminar a la disidencia, callar a los que opinan y piensan diferente, o borrar del mapa a todo aquello que se les oponga.

En términos conceptuales dictadura, autoritarismo y tiranía tienen muchas similitudes, entre ellas, que son regímenes de gobierno caracterizados por la concentración del poder en una sola persona, la adjudicación de la facultad de promulgar o abrogar leyes, por no contar con limitación o contrapeso de poder, por tratar de suprimir libertades políticas y civiles como la libertad de expresión, de asociarse o hasta de libre tránsito. Esto implica como puede observarse, una franca contradicción con el modelo democrático, que, aunque imperfecto, es mejor que los otros.

Tal vez el caso más emblemático y conocido sea el de la dictadura nazi de Adolfo Hitler, que comenzó con su arribo al poder en 1933 y culminó con el fin de la segunda Guerra Mundial en 1945; todos sabemos la catástrofe que significó para el orbe y el holocausto judío que promovió.

Otro ejemplo, la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990) que tuvo como distintivo la violación sistemática de derechos humanos, la documentación de más de 28 mil personas encarceladas y torturadas por razones políticas, y la desaparición de más de 3000 personas.

Por difícil que parezca creerlo, aún en nuestros días existen dictaduras pululando por el planeta. En Bielorrusia existe un Presidente llamado Aleksandr Lukashenko, quien asumió el poder en 1994, ha modificado la constitución para permitir la reelección indefinida y cada 5 años organiza su referendo, se caracteriza por desaparecer personas y restringir la libertad de expresión. En África abundan también las dictaduras, un caso sonado es el de Sudán donde el dictador Omar al-Bashir lleva 25 años en el poder, reelecto en 2015 con el 94.5% de los sufragios, su gobierno se distingue por promover guerras y limpias étnicas, que han dejado a su paso miles de muertos, desaparecidos y desplazados.

México no ha sido ajeno a hechos de esta naturaleza, en la década de los 60 y 70 existió la llamada Guerra Sucia, donde el gobierno desde la temible Dirección Federal de Seguridad orquestaba acciones de represión política y desaparición de personas. Incluso en nuestros días, siguen presenciándose actos de violencia contra reporteros, mujeres o estudiantes, no olvidemos el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero desaparecidos y cuyo caso sigue sin esclarecerse. Sin contar los miles de desapariciones que se dan todos los días bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia organizada. Un dato: en México al mes de julio del presente año, se reportan 33 mil 482 desapariciones (SNSP).

Este breve recuento lo hago amable lector, para reconocer que el pasado 12 de octubre, la Cámara de Diputados Federal aprobó por unanimidad y luego de dos años de discusión la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Desde mi punto de vista representa un avance inédito y valioso por tratar de combatir y contener este flagelo social, es también una forma seria de buscar inhibir las tentaciones autoritarias y dictatoriales que se perciben en el ambiente por parte del gobierno federal, de algunos gobiernos locales y hasta en el discurso incendiario de ciertos dirigentes políticos.

La ley contempla los tipos penales respectivos, ajustados a los tratados internacionales de derechos humanos; reglas para evitar impunidad bajo estándares como la imprescriptibilidad, extradición, tipo penal, entre otros; penas que van de los 40 a los 60 años de prisión para desaparición forzada, de 10 a 20 años para la desaparición cometida por particulares y de 2 a 5 años para los delitos vinculados. Además, dispone mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos delitos y los vinculados a los mismos; crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Nacional especializada que integre grupos de búsqueda, de trabajo y solicite la participación de peritos independientes nacionales e internacionales; dispone la obligación de las entidades federativas para implementar comisiones locales; así mismo, la norma establece el derecho de toda persona a ser buscada y garantiza la protección integral de sus derechos hasta que se conozca su suerte o paradero; también crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las plataformas de información como son el Registro de Búsqueda, Registro de Personas Fallecidas No Identificadas, Registro de Fosas y Banco de Datos Forense.

Esta ley es de alta envergadura, debemos difundirla y exigir su aplicación, creo en defender derechos y ampliar libertades, y en que debemos impedir por todos los medios, que las ansias de regresión o las intenciones soterradas de volver al pasado autoritario, se impongan en el imaginario.