Se exhorta a defender derechos humanos de victimas, victimarios y ofendidos

En sesión ordinaria, la diputada Eréndira Cova Brindis dio lectura al acuerdo que fue avalado de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, por el que esta Soberanía informa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que derivado de la recomendación general 27/2016, actualmente se encuentra en estudio el expediente parlamentario correspondiente al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas; además de comunicar a la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que derivado de la Recomendación General 23/2015 “Sobre el Matrimonio Igualitario”, el día 29 de diciembre de 2016 esta Soberanía aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia Solidaria para el Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo XCVI, Segunda Época, No. 2 Primera Sección, de fecha 11 de enero de 2017, como un primer paso para evitar cualquier discriminación por las preferencias sexuales de las personas y, actualmente, esta Soberanía se encuentra en estudio el Expediente Parlamentario LXII 000/2017, relativo a reformas a la legislación civil entorno a los llamados “matrimonios igualitarios”, además de tener en cuenta, como antecedentes, las iniciativas presentadas el 10 de julio de 2015 ante la LXI Legislatura de este Congreso.

Durante la misma sesión, el Pleno avaló acuerdo al que dio lectura la Diputada Sandra Corona Padilla, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, por el que se adhiere con reserva al exhorto 4383, de fecha 8 de junio de 2017, remitido por el Congreso de San Luis Potosí, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y a las de la materia de las treinta y dos entidades federativas que con la misma determinación y vehemencia que defienden los derechos humanos de los victimarios, hacerlos con los de víctimas y ofendidos; además, revisar al personal que integra sus plantillas laborales, pues es de dominio público que la delincuencia se ha incrustado en dichas instituciones y las utiliza para atacar a elementos castrenses, de seguridad pública, y al estado en general.