Por Esteban García

Tlaxcala emprenderá la etapa de reparación de daños por el sismo. Y lo hará con el pie derecho.

Nuevamente, el respaldo del Gobierno federal a los tlaxcaltecas quedó demostrado con la visita de dos funcionarios de primer nivel, quienes anunciaron apoyos económicos para la rehabilitación de la infraestructura educativa y el patrimonio histórico local, tras hacer un recorrido por diversos inmuebles dañados.

El pasado jueves, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que, a través del programa “Escuelas al 100”, se destinarán más de 250 millones de pesos para financiar la reconstrucción de planteles en Tlaxcala, a lo que se suman más de 58 millones del Fonden para fortalecer estos trabajos que se realizarán en alrededor de mil escuelas que tuvieron diversos grados de afectación.

Y este sábado, la Secretaria de Cultura Federal, María Cristina García, en compañía del director general del INAH, Diego Prieto, anunció la aplicación inmediata de 13 millones, provenientes del seguro de afectaciones a Patrimonio Cultural, para atender prioritariamente los templos más dañados, de los 133 monumentos históricos que se vieron afectados, descartando así la posibilidad de demolición.

Evidentemente, el proceso de recuperación de inmuebles antiguos tardará hasta tres años en algunos casos, lo que deberá generar en la población un cambio de costumbres, principalmente el uso de pirotécnica en ferias y fiestas, para preservarlos más.

A ello se debe añadir, dos instrumentos estatales: un Fideicomiso de Atención a Desastres Naturales con 10 millones de pesos, y un fondo estatal extraordinario de reparación de escuelas, por 10 millones más. Y valdría la pena contemplar también la propuesta del Ejecutivo estatal para que el Congreso local autorice a los 60 municipios acceder a créditos que les permitan atender sus necesidades de obras o proyectos, presentando como garantía de fuente de pago un porcentaje de sus recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Canonización

La canonización de los Niños Mártires de Tlaxcala representa mucho para la entidad.

Es el resultado de un añoso proceso dentro de la iglesia, cuyo resultado positivo apuntalará dos elementos culturales de los tlaxcaltecas: su historia y su fe. Y no solo eso: representa oportunidades significativas de desarrollo económico que se deben aprovechar, en el marco del turismo religioso que es inherente a este tipo de acontecimientos.

Es por esto que autoridades estatales y municipales, en coordinación con la Diócesis local, han acordado actividades conjuntas para recibir a visitantes.

El próximo 15 de octubre, una comitiva integrada por representantes diocesanos, y del gobierno estatal y federal, acudirán a Roma para ser testigos de la canonización en la Plaza de San Pedro. Pero en Tlaxcala, se prevé la llegada de 20 mil personas a Atlihuetzía, lugar del santuario de los próximos santos.

Tal es la expectativa en torno a la canonización, que se espera el arribo de 100 mil visitantes en los últimos meses del año, lo que generaría una derrama económica de al menos 70 millones de pesos.

Sin duda, es una ocasión importante que justifica la presencia del obispo Julio Cesar Salcedo, y del Gobernador Marco Mena, en El Vaticano, para representar al pueblo tlaxcalteca. Es cierto que los recientes sismos dejaron afectaciones, pero no hubo fallecimientos ni heridos, y los daños no implican riesgos reales a la población. Y mientras las autoridades estatales han iniciado la etapa de reparación de escuelas, una comisión especial de la Diócesis da seguimiento al proceso de evaluación de templos, de modo que, paulatinamente, Tlaxcala vuelve a la normalidad.

Los facciosos

El pleno del Tribunal Electoral federal revocó el acuerdo del INE que fijaba criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017–2018.

De este modo, los magistrados electorales dieron la razón a la Presidencia de la República, a los gobiernos de Coahuila, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala, a la Cámara Nacional de la Radio y Televisión y a las dirigencias nacionales del PRI y el PVEM, que impugnaron el acuerdo.

En la entidad, las dirigencias estatales del PAN y del PRD habían lamentado la determinación del gobierno estatal, acusando la supuesta intención de las autoridades de utilizar el erario con fines partidistas a favor del PRI; sin embargo, el fallo solo evidenció su ignorancia de la ley y su actitud facciosa, de cara a las elecciones venideras.

La razón por la que el último acuerdo del INE se impugnó fue porque, al igual que en los lineamientos de “cancha pareja”, el INE invadió el ámbito constitucional del Congreso federal, al tratar de normar y regular conductas de autoridades federales, estatales y municipales.

Es decir, no es competencia de los consejeros electorales la facultad de fijar criterios en materia de propaganda gubernamental, propaganda personalizada y difusión de informes de labores de los servidores públicos, mucho menos, sobre la entrega de programas sociales, bajo el supuesto de evitar su condicionamiento con fines electorales. Ello corresponde a los legisladores federales.

Lamentablemente, eso no lo entienden personajes como Carlos Carreón o Manuel Cambrón, que acostumbran basar sus opiniones en lo político más que en lo jurídico. Tan es así que, en vez de criticarle al Ejecutivo la impugnación, deberían agradecerle que la regulación que pretendía el INE no aplicará a las autoridades emanadas de sus partidos.

Pero si son congruentes, ojalá que al menos conminen a sus alcaldes y diputados garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad en la contienda electoral venidera.