Surge nueva “auténtica” Mesa Directiva encabezada por Mónica Martínez Barrón quienes aseguran ser los representantes legales del comercio establecido de Santa Ana y la región hasta el 31 de marzo de 2018

Por Alfredo González

Este día, al asumir las riendas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Región Chiautempan, Mónica Martínez Barrón informó que su Mesa Directiva supuestamente detectó documentos y mobiliario presuntamente robado, por lo que procederán penalmente en consecuencia contra quienes resulten responsables.

Luego de durante casi medio año hubo inactividad en esa Delegación por la disputa entre dos grupos por la Presidencia, Martínez Barrón y su equipo, junto con un grupo de socios, tomó posesión del edificio sede ubicado en la colonia Tepetlapa, el cual encontraron parcialmente saqueado.

Asimismo, no descartó que la sustracción haya estado a cargo del equipo de Eduardo Herman Calderón, quien desde marzo pasado que se realizó la renovación de la dirigencia de la CANACO Chiautempan, él se erigió unilateralmente como Presidente.

Por otro lado , Martínez Barrón con apoyo de su Vicepresidente, Secretario y Vocales, se abocará a esclarecer la situación legal y material de la Cámara, así como reactivar las labores y gestiones en favor de 500 agremiados que hay en Santa Ana y la región, quienes han sido los principales afectados por la falta de representación real.

“Queremos que la ciudadanía chiautempense sepa que nosotros contamos con la documentación legal que nos acredita como representantes de la CANACO Chiautempan, tenemos el apoyo de los agremiados que son comerciantes establecidos y que han permanecido afiliados por más de 10 años (…), asimismo informamos a todas las dependencias gubernamentales, agremiados, comerciantes y público en general que seguiremos atendiendo en el domicilio fiscal conocido”, expuso.

Adicionalmente, aseguró que para realizar al saqueo de muebles el grupo presuntamente encabezado por Herman Calderón fue apoyado por la patrulla de la colonia Chalma, lo que suponer otra irregularidad por tratarse de una unidad del servicio público y no particular.