Por Carlos Carreón Mejía

La semana pasada, nuestro presidente nacional Ricardo Anaya Cortés, denunció en conferencia de prensa una amenaza que le hicieron llegar a través de un mensaje, luego de que la Comisión Permanente Nacional decidiera que el PAN iría en contra de que el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, tuviera pase directo para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la Nación.

Los resultados de la postra del PAN no se hicieron esperar. El periódico El Universal publicó un reportaje en el que acusaba a la familia de Ricardo Anaya, de haberse enriquecido “de manera inexplicable” durante el periodo en el que el dirigente nacional fungió como funcionario estatal en Querétaro. ¡Nada más falso!.

El dirigente nacional dio a conocer que su familia política ha sido empresaria desde hace muchos años, y que los resultados de su posición económica no responden a un tráfico de influencias de Ricardo Anaya, como se hace suponer en el reportaje; pero, revisemos: ¿quién quisiera dañar la imagen del presidente nacional y de un partido que está por encima del PRI en la carrera presidencial? claro, todo enfoca a Los Pinos.

El Partido Revolucionario Institucional se ha caracterizado, no de ahora, sino de siempre, en ser un partido político que utiliza el poder para sus beneficios grupales, sin importar si pasan o no por encima los intereses de los mexicanos. Quienes han hecho negocio y utilizado el dinero público son ellos: el PRI.

EL caso más mediatizado de corrupción le pertenece al PRI con Javier Duarte, quien por cierto pretende chantajear al gobierno federal realizando una huelga de hambre. ¿por qué lo hace? porque lo están dejando solo en un asunto que involucra incluso al Presidente de la República.

El caso Lozoya representa otra de las grandes estafas del PRI-Gobierno, pues no resulta menor la transacción millonaria realizada a este personaje, durante la campaña presidencial del 2012, en le que ocupaba el cargo de coordinador de vinculación internacional del entonces candidato Enrique Peña Nieto.

Vamos, La Casa Blanca y el socavón de El Paso Exprés en Morelos son otros dos símbolos en los que la corrupción, los negocios personales de los secretarios de estado y los constructores, son evidentes pruebas de que el gobierno de Peña Nieto es quien está acostumbrado a operar con los recursos de los mexicanos.

Tlaxcala no ha sido la excepción. Nuestra Senadora de la República, Adriana Dávila, fue brutalmente difamada por el mismo grupo político, dañando su imagen, su honor y el de su familia, como consecuencia de lo mismo: luchar en contra de la corrupción, al grado de fracturar la columna vertebral de un delito tan lacerante como lo es la trata de personas.

La senadora fue víctima de calumnias antes, durante y después de la campaña política, mediante una estrategia digital y mediática impulsada por el Partido Revolucionario Institucional, con la única finalidad de restarle votos en la pasada contienda del 2016.

La intención en contra de nuestro dirigente nacional es clara. El PRI-Gobierno montó un vergonzoso teatro mediático con la única finalidad de ejercer presión para que los intereses del gobierno federal no se vieran mermados por la postura de Acción Nacional, respecto del Fiscal General de la Nación.

Acción Nacional no dejará en manos del mismo grupo político un asunto de primera prioridad como lo es la seguridad de los ciudadanos. ¡No vamos a dar ni un paso atrás! no nos van a detener con calumnias infundadas, porque el PAN y los ciudadanos estamos cansados de su forma de gobernar.

Desde Tlaxcala, reitero nuestro contundente respaldo a Ricardo Anaya y a su familia ante estas calumnias que no hacen más que seguir dañando el oficio político en México.