“La democracia es el menos malo de los sistemas políticos” Winston Churchill

Por Juan Manuel Cambrón Soria

El fin de semana que recién pasó, tuve el honor de ser invitado por la Universidad del Valle de Tlaxcala para participar en el Coloquio “Iniciativas Parlamentarias en Derecho Electoral”, coordinado por el Dr. Homero Meneses a quien agradezco profundamente su atención. El coloquio se desarrolló como parte de los trabajos de los alumnos de la Maestría en Derecho Electoral.

Debo decir que me sentí como en casa, he tenido la oportunidad de ser docente en la Universidad del Valle, y reconozco que sus programas académicos son de alto nivel y que los directivos de la escuela tienen un alto sentido de responsabilidad social porque buscan permanentemente la vinculación de sus estudiantes con la realidad, estableciendo lazos concretos entre la teoría y la praxis; por ello, celebro el encuentro, que permitió que actores políticos de PRD, PAN y PRI, pudiéramos dialogar con los alumnos y retomar parte de sus trabajos.

En esta oportunidad me referiré a la propuesta presentada por el Lic. José Antonio Tapia Bernal quien planteó la necesidad de implementar el voto electrónico en las elecciones locales como un mecanismo que contribuya a dar certeza a los procesos electorales y a su vez reduzca los costos. Me pareció una propuesta interesante, que el mismo Instituto Nacional Electoral ya ha presentado tanto a nivel federal y estatal, y debiera ser analizada por el legislador local con amplitud y seriedad.

El eje central de su propuesta, estriba en que los avances tecnológicos y en las ciencias informáticas, pueden ser una herramienta útil para facilitar los procesos electorales, dotando de ventajas significativas a los ciudadanos y al propio sistema electoral, el autor detalla así las ventajas. La primera es que el voto electrónico eliminaría el sesgo y el error humano intrínseco al proceso de conteo de votos, toda vez que de manera automática y en tiempo real, se estaría llevando la contabilidad de los sufragios. La segunda y significativa, es que el voto electrónico reduciría en miles de millones de pesos el costo de la elección, particularmente el día de la jornada electoral, ya que no sería necesario el gasto en impresión de boletas, muchos de los materiales electorales se suprimen y serían menos los ciudadanos que se requieran para fungir como funcionarios de casillas; además se evitará el gasto en contratación de empresas que diseñen los Programas de Resultados Preliminares (PREP), así como la contratación del personal eventual que opera dichos sistemas. Incluso agregaría que sería innecesaria la implementación del Conteo Rápido oficial que diseña el órgano electoral para hacerlo público

Personalmente, agregaría una ventaja de orden estrictamente político; y es que el mecanismo suprime de inmediato la incertidumbre electoral que se genera en el tiempo que transcurre del cierre de casillas, al momento que se comienzan a generar los primeros datos a través de los PREP, incertidumbre que es aprovechada por los partidos políticos y candidatos para declararse ganadores con singular alegría, provocando confusión entre los ciudadanos, crispación entre los equipos y los partidos, y enturbiando el espíritu democrático de la sana competencia. Es decir, se reduciría a la mínima expresión el margen para que los actores confabulen estrategias de ventaja política que buscan reducir la legitimidad del ganador.

Sin embargo (siempre hay un pero en la democracia mexicana), como es de todos sabido, nuestro sistema electoral históricamente está construido sobre la base de la desconfianza. La excesiva reglamentación jurídica, los compendios y mamotretos que tenemos por leyes electorales, rebuscan sus formas y pretenden acotar cada resquicio del juego político. Cada párrafo y cada centímetro cuadrado de cada hoja, ha sido generado ante la duda inevitable de que el “otro” vaya a cometer una trampa; ya sea el partido en el gobierno, el partido opositor, la autoridad electoral, el candidato, el ciudadano, la televisora, el periodista, la encuestadora, el funcionario de casilla, el empleado público, etcétera, etcétera; lo que permea el subconsciente político del mexicano y el imaginario colectivo es la maldita duda.

Luego entonces, toda vez que, en nuestra incipiente, o debiera decir, insípida democracia a la mexicana, tenemos como premisa casi sine qua non la desconfianza, la propuesta del voto electrónico debe pasar inevitablemente por el tamiz de la duda, de la pregunta invariable ¿y si hacen trampa? Los promotores de esta iniciativa deben resolver con claridad ¿cuáles serán los mecanismos legales y tecnológicos que impedirán que los resultados no se manipulen? ¿Qué garantías tendrá el ciudadano de que el sistema no se caiga? ¿Qué probabilidades reales existen de que agentes externos puedan hackear el sistema?

Esas y otras preguntas legítimas estarán en el aire, y deberán ser respondidas con puntualidad y atendidas sin desacreditarlas. No sea que ocurra como en Venezuela el fin de semana, donde existe el voto electrónico y la empresa londinense SmartMatic acusa de alteración de datos al gobierno del dictadorzuelo Nicolás Maduro; es decir, las malditas dudas.