Por Edgardo Cabrera

El proceso para renovar el sindicato de Salud se convirtió en un cochinero que terminó en medio del fango de la elección de ayer lunes.

Desde campaña prevalecieron las quejas en contra de Blanca Águila y las pruebas de las irregularidades fueron públicas, desde el abandono de puestos de trabajo para hacer labores de proselitismo a favor de la dirigente que buscaba su reelección, hasta la realización de pachangas –con todo y mariachi- en los nosocomios y en pleno horario de consultas médicas.

Ya en la jornada comicial la también ex alcaldesa de Zacatelco fue acusada por los simpatizantes de su principal adversario, Daniel Romero, de comprar votos (de a mil pesos como mínimo), instalar casas “amigas” cerca de los centros de votación, y pasar lista a los agremiados para garantizar su sufragio.

Lo que pasó ayer en la renovación sindical fue fiel reflejo de lo que ocurre en la gran mayoría de las elecciones constitucionales donde intereses externos, la debilidad del árbitro y el dinero, son factores determinantes.

Lo más preocupante es que durante todo este proceso nunca hubo un llamado de la dirigencia nacional o del secretario de Salud para mantener el orden y la civilidad, se toleró la desatención médica de los pacientes por una pugna gremial y nunca se sancionó a nadie por conductas que claramente estaban fuera de la normatividad.

Nadie terminó conforme por el cochinero de la elección y esas pugnas redundarán en la mala atención porque, es un hecho, que a la gran mayoría de los 5 mil sindicalizados lo que menos les preocupa es el bienestar de la población que acude a demandar los servicios de salud sino más bien mantener sus canonjías y cotos de poder que les representa la señora que tiene poco de Blanca y mucho de Águila y quien se mantendrá por un cuarto periodo al frente del gremio.

Honoritis

La proliferación de doctorados “honoris causa” entre la clase política ha devaluado este título que se creó por universidades de prestigio para reconocer a personas que realmente han destacado en ciertos ámbitos profesionales y que son eminencias en el campo que se desenvuelven.

Algunos charlatanes se han escudado en agrupaciones sociales y académicas de dudosa creación para hacer negocio y vender los honoris a personajes públicos con frustraciones existenciales.

Otras instituciones actúan con fines partidistas, ahí está la UAT, por ejemplo, que tiene entre sus honoris al clan Ortiz y a sus cuates, amos y señores de dicha universidad.

Recordemos otro caso, el del ex alcalde de Chiautempan, Antonio Mendoza Romero, a quien el Consejo Académico del INEDE le dio dicho título.

O recientemente la diputada perredista Floria María Hernández de quien boletinaron que obtuvo su doctorado, pero nunca mencionaron quién se lo dio.

En la lista también aparece el director del Centro Cultural La Libertad, Gabriel Carmona Lozada, quien presumió en redes sociales el título honorifico que le otorgó la Fundación Liderazgo Hoy A.C.

Esa misma fundación, en tiempos de campaña, le dio a Lorena Cuéllar el doctorado y el PAN estatal acusó que el mismo grado se lo ofrecieron al dirigente de dicho partido, Carlos Carreón, a cambio de comprar la impresión de unos libros.

El asunto es que mientras los políticos, en complicidad con fundaciones e instituciones, sigan demandando los “honoris causa”, lo único que ganarán es convertirse en el hazme reír de la sociedad.