Senadora Adriana Dávila Fernández

Hace algunos años, vimos con tristeza en las noticias el asesinato en Chihuahua de una madre activista que durante mucho tiempo había pedido justicia por la muerte de su hija a manos de su esposo, el mismo que en un juicio oral había sido liberado durante el gobierno de César Duarte. Afuera de las instalaciones del Palacio de Gobierno de Chihuahua, Marisela Escobedo fue privada de la vida y esa imagen fue difundida en las noticias a nivel nacional; antes pocos habían hecho caso de sus denuncias.

En marzo de 2017, también por las noticias supimos del caso de Ema Gabriela Molina Canto, víctima primero de violencia doméstica, luego víctima de violaciones a derechos humanos por los gobiernos de Tabasco, la ahora Ciudad de México y aunque sin recomendaciones de los organismos de derechos humanos también del estado de Yucatán y lamentablemente víctima de un feminicidio frente a su casa y delante de sus hijos por dos jóvenes tabasqueños que dieron tanto el nombre de un tercer involucrado (que fue, según su propio testimonio) el intermediario entre los sicarios y el autor intelectual: nada más y nada menos que su ex esposo -recluido actualmente en un penal de Tabasco, por haber sido descubierto con dinero público para comprar tierras en Yucatán, presuntamente dinero de procedencia ilícita y también del Fondo de Desarrollo de Desastres Naturales que debiera ser destinado para causas nobles-.

Ema Gabriela junto con su madre -a quien también le fabricaron delitos- y luego fueron exoneradas lucharon muchos años por ser escuchadas; fueron además víctimas de violencia institucional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en el año 2014 recomendaciones a los gobiernos de la Ciudad de México y de Tabasco por estos hechos, también a la Procuraduría General de la República, delegación Jalisco; solo el gobierno del otrora Distrito Federal cumplió con la recomendación e hizo la reparación del daño.

No hace mucho, en Tamaulipas conocimos el asesinato de Miriam Rodríguez, también activista y madre de una víctima de los terribles hechos de San Fernando ¿qué tienen en común estos casos? Como mucho otros no han tenido la repercusión mediática necesaria para que puedan ser resueltos y obligar a las autoridades correspondientes a hacerlo, porque en este país la justicia llega solo si los temas se mediatizan y para eso se requiere mucho dinero, en común tienen que tanto madres e hijas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos como de un delito, el delito se llama FEMINICIDIO.

Hay quienes todavía piensan que eso no existe, que la muerte de muchas mujeres es porque “ellas se lo buscaron” ¿cómo se lo buscaron? Argumentan las autoridades que quizás enamorándose de las personas menos indicadas, de personajes cuyas conductas emocionales y mentales no son las mejores o incluso que están vinculados con el crimen organizado ¿es culpa de estas mujeres haber muerto por el simple hecho de haberse enamorado de este tipo de personajes? Por supuesto que no, es responsabilidad del Estado protegerlas, su obligación es cuidar a estas mujeres, con mayor razón cuando previamente denunciaron no solo las amenazas por parte de sus parejas, no solo la violencia de género de la que son rehenes, sino la violencia que se institucionalizó en muchos casos.

En el caso de Ema Gabriela lo lamentable es que, a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de los casi cinco años de lucha, estos no fueron suficientes para evitar su feminicidio, no hubo una sola recomendación al gobierno de Yucatán, a pesar de que en ese tiempo la fiscal, por cierto ahora diputada local por el PRI, desestimó todas las quejas, reclamos y denuncias que la familia de Ema Gabriela había hecho en contra de su agresor y los familiares del mismo, y luego de su muerte realizó comentarios desafortunados como que “Ema Gabriela estaba desquiciada, era una loca y por eso era un peligro para sus hijos” Ema no tuvo el poder económico ni político para denunciar con mayor fuerza los atropellos de los que fueron víctimas ella, sus hijos y su madre principalmente.

Hoy tenemos en México cientos de madres que han perdido a sus hijas bajo estas mismas circunstancias ¿cuántas muertes más debemos esperar para que se deje de simular respecto de lo que significa la violencia de género? Que un gobernador acepte una alerta de género no lo hace culpable de esos delitos pero si lo hace responsable de resolverlos; la violencia doméstica sigue siendo una realidad en nuestro país, la violencia de género también lo es, muchas veces apoyada por mujeres que no se atreven a defender a otras y que se convierten en enemigas porque prefieren allanarse a las “mieles” del poder aunque sepan que lo que se está haciendo es incorrecto; el poder corrompe no solo a hombres también corrompe a mujeres, las instituciones hoy están mermadas, debilitadas, lastimadas, filtradas por muchos delincuentes que las compran a cambio de apoyos económicos durante las campañas de muchos candidatos; lo peor es que cuando se navega con bandera de buenas personas nadie se da cuenta de esto, es más se duda, las víctimas resultan ser las delincuentes ante la opinión pública porque varios medios también, a través del tamaño económico del convenio, se prestan a difundir noticias que lastiman, que difaman, que hieren y que terminan destruyendo a familias; no saben el riesgo en el que ponen a muchas a otras familias cuando difunden calumnias y cuando se genera esta violencia que debemos erradicar en nuestro país.

Hemos hecho una serie de exhortos a las autoridades para que el caso de Ema Gabriela sea atraído por la Procuraduría General de la República, las autoridades de Yucatán no generan ninguna certeza para hacer justicia. Hace apenas cuatro días los hermanos y la cuñada de Ema Gabriela fueron, con mucha rapidez, detenidos por la fiscalía de Yucatán; todo esto luego de la visita que hiciera una servidora para platicar sobre este caso y conocer los avances en su investigación, la insistencia de otros compañeros legisladores y la propia, acompañando a la familia de Ema Gabriela no le gustó nada a la fiscalía y hoy pretenden cambiar la historia diciendo que la violencia está dentro de la familia de Ema, no se puede ser tan descarado ni tan perverso de querer generar desde las instituciones historias que no solo no resuelven los feminicidios sino que están al servicio de un poder económico, porque basta con recordar que el dinero que le fue incautado al ex esposo de Ema Gabriela, Medina Sonda –sentenciado a más de 10 años de prisión en Tabasco- fue dinero llevado para la compra de terrenos en Yucatán.

¿Cuántos personajes más de la política yucateca estarán involucrados en estos asuntos? Sé que es difícil saberlo, habrá quienes tengan duda de que esto es posible, lo cierto es que para el PRI se institucionalizó el negocio dentro del gobierno, lo cierto es que para el PRI el tema electoral es primero que la política pública, es mejor ganar las elecciones como sea, aliarse con quien sea en lugar de combatir con toda la fuerza del Estado la delincuencia. Si no podemos resolver el asesinato de muchas personas indefensas ante las debilidades del Estado y las complicidades de muchos gobiernos ¿cómo denunciar algo de lo que se tiene la certeza no será resuelto? El poder de los gobiernos está más allá de la justicia y eso debe terminar.