4 de julio - 2017
Senadora: Adriana Dávila Fernández
En diciembre de 2016 fue publicado, por cierto de manera muy discreta, el Informe de la Comisión intersecretarial Contra la Trata de Personas que encabeza el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. De acuerdo a la Ley General en la materia, este informe debe ser anual y debe enviarse tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo de la Federación y difundirse de manera amplia ante la sociedad.
Pero este no debe ser sólo un informe anual que recopile datos; con fundamento en los artículo 93 y 94 de la citada Ley General, es obligación de dicha Comisión integrada por distintas dependencias del Gobierno Federal y reitero encabezada por la Secretaría de Gobernación, hacer un análisis y evaluación de los datos enviados tanto por las instituciones de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de los estados y la Ciudad de México, para que sus resultados sean tomados en cuenta y sepamos sobre los avances en la prevención, persecución, sanción y atención a víctimas de estos delitos en el país.
El informe 2015, fue entregado a la Comisión que presido en enero de 2017, es decir más de 12 meses después de haber concluido el ejercicio correspondiente, que además en la primera lectura evidenció lo siguiente:
- La información fue presentada sin tomar en cuenta el Programa Nacional Contra la Trata de Personas del Gobierno Federal 2014-2018, y ni siquiera sus 4 objetivos prioritarios con sus respectivos indicadores de medición:
- Prevención
- Atención Integral a las Víctimas
- Procuración de Justicia, Investigación y Sanción
- Rendición de Cuentas y Acceso a la Información.
- El informe fue cuantitativo contraviniendo la Ley en la materia, a la que por cierto algunas asociaciones han calificado como ejemplo internacional.
- El informe contiene tantas imprecisiones que van desde errores de dedo hasta datos y cifras distintas que impiden medir la eficiencia en el combate y erradicación de este delito.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó tres auditorías: Una a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), otra la Procuraduría General de la República (PGR) y una más a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y realizó diversas observaciones a estas dependencias.
Para aclarar las dudas iniciales, se invitó en el mes de febrero, al Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián y suplente del Secretario de Gobernación en la Comisión Intersecretarial a una reunión de trabajo, la cual aceptó y en la que se comprometió a enviarnos los datos faltantes y mayor información al respecto, misma que nunca nos fue entregada.
No obstante el retraso en la recopilación de la información y luego de diversas solicitudes de información sobre la materia, el pasado miércoles 28 de junio presenté en el Senado de la República el análisis y evaluación de dicho informe, que lamentablemente demuestra una gran simulación de las autoridades en todos los rubros. Aunque en diversos discursos de los servidores públicos de alto nivel y responsables de la coordinación de la política pública, así como de la atención a víctimas combate y sanción a los delincuentes, han señalado “lo bien que va México en estos temas”, lo cierto es que las deficiencias institucionales y el poco compromiso en la materia han generado grandes injusticias y una enorme impunidad; destacan los siguientes resultados:
Prevención:
- Las cifras reportadas por la Comisión Intersecretarial sobre Comisiones Intersecretariales, capacitación, difusión y sensibilización a servidores públicos y público en general, difieren con las reportadas a la ASF.
- Los diferentes datos reportados en el mismo periodo de manera oficial a diversas instancias, no generan certeza sobre el avance que debería darse en el combate a la trata de personas en nuestro país, y mucho menos permiten medir la preparación tanto de los operadores de la Ley, así como el conocimiento que los ciudadanos deberían tener sobre el delito de trata de personas.
- El contenido del Informe de la Comisión Intersecretarial, evidencia que posiblemente se esté multiplicando la información que proporcionaron las instituciones integrantes de la multicitada comisión, toda vez que pudieron participar en eventos tanto de la APF como en las entidades federativas o realizarlos en conjunto.
- No existe un programa de capacitación específico y homologado, de acuerdo a los datos establecidos en el informe, se considera capacitación cualquier tema general relativo a derechos humanos o violencia de género, no necesariamente específico en materia de trata de personas.
- De acuerdo al objetivo e indicador establecido en el Programa Nacional Contra la Trata de Personas, existe una diferencia abismal sobre los datos reportados y lo verdaderamente ejecutado, toda vez que la Comisión Intersecretarial no evaluó la información recibida de acuerdo a los ordenamientos correspondientes. Reportó como cifra final un impacto en este rubro de 42,772,932 personas, cuando la realidad es que ni siquiera podemos tomar como válida la cifra de 6,719 servidores públicos de la APF capacitados, por las inconsistencias ya señaladas, incluyendo las diferencias reportadas a la ASF.
Atención a Víctimas:
- La SEGOB dio distintas cifras sobre las víctimas atendidas por la PGR a través de las distintas áreas: La diferencia es de 100 personas, por tanto no existe la certeza de cuál es la cifra correcta; si hubo error, omisión o falsedad en los datos proporcionados.
- En el apartado denominado SEPARATA, el informe también incluyó una tabla que presenta por año (del 2009 al 2015), “las víctimas detectadas e identificadas en los procesos y sentencias… y señala que en el año 2015 se identificaron 420 víctimas relativas al fuero estatal y 19 del fuero federal”, la suma de ambas es de 439 víctimas, lo que contrasta con las 2,013 reportadas en la tabla resumen del periodo que se analiza.
- En conclusión, se reportan al menos 5 datos distintos:
- Informe de la Comisión Intersecretarial 2,013 víctimas
- Tabla Resumen del Informe de la Comisión Intersecretarial 6,655 víctimas
- SEPARATA Informe de la Comisión Intersecretarial 439 víctimas
- Auditoría a la SEGOB 2,115 víctimas
- Auditoría a la CEAV 460 víctimas
- En el fuero estatal: De 258 se desconoce su edad; de 153 se desconoce su género; de 641 no se identificó la nacionalidad. En el fuero federal: De 8 se desconoce su género.
- Los datos reportados tanto por la FEVIMTRA como por la SEDESOL, presentan inconsistencias, lo que evidencia la falta de un registro confiable de Asociaciones Civiles, así como la falta de supervisión a los refugios y casas de medio camino que nos permita identificar con claridad, la eficiencia y eficacia en la atención de víctimas y especialmente en lo que se refiere a su reincorporación a la sociedad sin ser revictimizadas o cuántas de ellas han recibido la reparación integral del daño, lo que incluye el acceso a la justicia y el derecho a contar con un trabajo digno, sin ser estigmatizadas.
- En ninguna parte del informe se habla de la supervisión y seguimiento a las víctimas que fueron entregadas a las organizaciones de la sociedad civil para su atención; lo que representa un riesgo, que podría repetir patrones como los lamentables casos de “Casitas del Sur” y “La Gran Familia” (Mamá Rosa), de quienes por cierto tampoco existen datos al respecto de los avances en la procuración de justicia y atención a víctimas
Procuración de Justicia, Investigación, Persecución y Sanción
- La Comisión Intersecretarial aseguró en su informe haber recibido el 100% de las sentencias reportadas en su versión pública, es decir, las 123 sentencias; lo cual no corresponde a la información que nos fue proporcionada vía transparencia a esta comisión evaluadora. De acuerdo con la información que recopiló sobre las sentencias dictadas en el periodo 2015, la Comisión Intersecretarial incluyó en el Informe 84 sentencias que no puede acreditar y sólo en dos de ellas, se aplicó el artículo 10, que es el tipo penal básico de trata de personas. Por otra parte, si los mismos datos los comparamos con los que fueron informados a la Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas, se refleja una diferencia de 100 sentencias más reportadas.
- En su momento la UNODC en su diagnóstico sobre la situación de trata de personas en México que por cierto fue publicado por la SEGOB hasta 2014, ya había observado la falta de certeza jurídica en el tipo penal básico en la materia contenido en el Artículo 10; y aunque se toma aparentemente de referencia dicho documento, la realidad es que no se consideraron para la elaboración del Programa Nacional en la materia.
- Destaca el hecho de que el informe no refleja datos en materia de delincuencia organizada, restándole importancia a un delito de carácter transnacional.
- Lamentablemente, la falta de investigación y las confusiones que ha generado la tipificación del delito de trata de personas, se ha traducido en una simulación por parte de las autoridades tanto federales como estatales que, derivado de este análisis y evaluación, evidencian omisiones, falsedades o mentiras en las cifras que reportan para cubrir sus deficiencias en la persecución, procuración y atención de este delito.
- Aunado a lo anterior, destaca el hecho de que el tema ha sido utilizado de manera electoral, incluso con la entrega de premios a diversos gobiernos por un supuesto avance y persecución del delito, que justamente el contenido de este análisis y evaluación comprueba que no existe. En ninguno de los casos atendidos por la CEAV en esta materia, se otorgó la reparación integral del daño durante este ejercicio.
Rendición de Cuentas y Acceso a la información:
- La plataforma informática lleva apenas un avance del 40 por ciento y será concluida hasta el año 2018.
Lamentablemente el día de ayer fue aprobado el Informe 2016, con los mismos vicios, errores y simulaciones, sin tomar en cuenta las observaciones hechas por distintos actores. Dicha reunión será motivo de la siguiente columna, aunque adelanto que lo lamentable es, que el gobierno federal se ha caracterizado por no aceptar los errores cometidos especialmente en materia de derechos humanos. No quiere reconocer que sus fallas no afectan cifras sino personas y que ante la crítica informada y documentada su respuesta es la calumnia electoral y la mentira permanente.
El servicio público para este Gobierno del PRI, se mide sólo en el número de elecciones que quieren ganar a costa de cualquier precio, incluso a costa del sufrimiento de las verdaderas víctimas a quienes dicen defender.
