La Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, Adriana Dávila Fernández, afirmó que el Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas es sumamente deficiente en cuanto al manejo de la información, sobre todo respecto de la evaluación de los resultados de la política pública, lo que dificulta el acceso a información clara y la rendición de cuentas respecto de sus obligaciones.

Lo que evidencia el Informe, agregó Dávila Fernández, es “simulación, datos diversos sobre un mismo tema, falta de pulcritud en su elaboración y evaluación, falta de Coordinación entre la Comisión Intersecretarial y las instituciones integrantes de la misma, así como omisiones y nulo interés por parte de las entidades federativas para el combate al delito de trata de personas”.

Durante la presentación del Análisis y Evaluación del Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en el patio de la vieja casona de Xicoténcatl, antigua Sede del Senado de la República, la legisladora manifestó que, en un exhaustivo análisis, se encontraron fallas en la coordinación de la política pública, el combate y sanción al delito y, especialmente, en la falta de atención a las víctimas.

Ante legisladores, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Dávila Fernández dijo que el combate a la trata de personas no puede ser rehén de la clase política, pues las víctimas de este delito merecen reintegrarse a la sociedad y el Estado mexicano tiene la obligación de brindarles la máxima protección y acceso efectivo a la justicia.

La senadora por Tlaxcala añadió que no se puede continuar con cambios cosméticos en las leyes aprobadas por el Congreso para el combate a la trata de personas, ni en las políticas públicas implementadas por el Gobierno.

La senadora panista detalló que el documento de la Segob muestra cifras distintas sobre los temas de capacitación a servidores públicos y datos imprecisos sobre la nula atención a las víctimas del delito.

Por ejemplo, continuó, en el 2015 ninguna víctima del delito de trata recibió reparación integral del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Además, prosiguió, existen graves inconsistencias en las cifras sobre sentencias, pues mientras la Segob asegura que en las entidades federativas se dictaron 127 sentencias, la realidad es que sólo se logró acreditar 39 casos y, aun así, los tribunales estatales enviaron la información sólo sobre 23 de ellos.

Asimismo, aseguró que el Informe 2015 no especifica por año el número de sentencias que son condenatorias; sin embargo, con información solicitada vía transparencia a la Segob, dijo, se puede comprobar que de las 39 sentencias acreditadas, sólo 22 son condenatorias y, de esas, sólo 15 se hicieron con base en la ley vigente.

“Lo más lamentable es que únicamente dos sentencias son dictadas con base en el artículo 10, que establece el tipo básico de trata de personas”, observó.

Del mismo modo, el Informe 2015 reporta 618 sentencias en todo el país de 2009 a la fecha, de las cuales sólo 19 corresponden al fuero federal y el resto corresponden a los estados; el 75 por ciento de éstas se concentra en tres entidades: el Distrito Federal, el Estado de México y Chiapas, abundó.

Lo anterior, sentenció, quiere decir que existe una metodología diferente para la medición, así como falta de seguimiento a este delito, lo que a su vez demuestra “la simulación, el desconocimiento, las omisiones e incluso información falsa que emiten los responsables de combatir ese delito”.

Dávila Fernández afirmó que el delito de trata de personas se ha potencializado en las últimas décadas y ha alcanzado dimensiones preocupantes, por lo que es de gran importancia que México cumpla con los compromisos nacionales e internacionales, empezando por lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos.

La Ley, agregó, establece que habrá una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas que deberá:

1.- Definir y coordinar la implementación de una política de Estado en materia de trata de personas,

2.- Impulsar y coordinar en toda la república la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar esos delitos,

3.- Inspeccionar y vigilar los programas, acciones y tareas, y

4.- Evaluar y rendir cuentas.

En este sentido, Dávila Fernández manifestó que la rendición de cuentas y acceso a la información presenta serias deficiencias, debido a la desarticulación y mala sistematización de la información, que se debe a criterios no uniformes para recabar cifras y darles seguimiento.