Por Carlos Carreón Mejía

Tremendo descalabro le dieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos esta semana, luego de que diputados del PRI y PRD votaran a favor de Víctor Manuel Cid del Prado, cuyo único mérito resultó ser la recomendación de la Secretaria General de Gobierno, Anabel Alvarado.

Hagamos un recuento de la historia: El día 24 de mayo se realizaron los exámenes públicos supervisados por profesionales en la materia, quienes cuestionaron uno a uno a los aspirantes a Presidentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; ahí, uno de los sinodales solicitó al hoy nuevo titular de la CEDH, explicara qué significaban los conceptos de democracia, usos y costumbres según constitución. Víctor Manuel Cid del Prado, se limitó a redundar en una serie de palabras sin sentido, logrando una molestia evidente del sinodal por su falta de conocimiento, y quien tuvo que “salir al quite” y recitar textualmente los conceptos que fue incapaz de contestar Cid del Prado.

La evaluación de Víctor Manuel se filtró entre los medios de comunicación, en ella se habría puesto en evidencia que su resultado dejaba mucho que desear, vaya, que prácticamente no era apto para ocupar el cargo que estaba buscando encabezar.

El punto final lo escribieron los diputados del PRI y PRD, quienes el jueves pasado votaron a favor del hombre menos apto de los tres que integraban la terna. Se trataba del mismo personaje a quien tiempo antes se le habría cachado copiando en un examen para ser parte del IAIP, y el mismo que no contestó de manera correcta en aquel examen del 24 de mayo.

Pero de tratarse de una persona con un bajo perfil en materia de derechos humanos, ¿qué habría pasado para que los diputados votaran en favor de él? muy fácil, todo se resume a la oficina de la Secretaria General. Víctor Cid resultó ser un hombre de todas las confianzas de la titular de la SEGOB, quien impulsó a través del brazo operador del PRI en el Congreso del Estado, al recomendado de la secretaria de gobierno.

De nada sirvió el trabajo responsable encabezado por la comisión de derechos humanos del Congreso del Estado, si lo que se privilegió fue la amistad y el compadrazgo, por encima de las aptitudes demanda una institución tan necesaria para los tiempos de violencia que vive el país.

El proceso legislativo fue el correcto en la forma, pero el incorrecto en el fondo. De nada le sirve a los ciudadanos tlaxcaltecas tener un ombudsman sumiso y obediente al gobierno. Con qué cara emitirá una recomendación a quien le debe la llegada al cargo. No se debe seguir pagando las cuotas políticas con el reparto de organismos tan importantes como este.

Lo sucedido el pasado jueves debe ser analizado y discutido con seriedad por los legisladores, quienes quedaron a deber -otra vez- a los tlaxcaltecas, tomando decisiones en virtud de beneficios personales y no de intereses comunes.

No se trata de que cada grupo parlamentario, partido o gobierno cuente con una propuesta que sea sometida a una votación como la ocurrida hace unos días en el congreso local, se trata de que gente preparada y con el perfil participe de manera libre, y que cada diputada y diputado emita su voto con plena conciencia de que lo que está haciendo, es beneficiar o perjudicar a quienes en menos de un año, pedirán nuevamente su confianza: los ciudadanos.

Nos leemos la próxima semana.