Por José Luis Ahuactzin

Un grupo de docentes del subsistema de Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), la tarde de este martes denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), principalmente, al director general, David Flores Leal, quien otorgó “de manera ilegal” horas clase de manera discrecional a sindicalizados del Stacobat.

En conferencia de prensa, los inconformes como Francisco Pilotzi Sánchez y Lobelia Sánchez Sánchez, presentaron públicamente la denuncia interpuesta contra el funcionario para revertir la asignación “discrecional” de al menos 300 horas clase para este ciclo 2017-A, de la educación media superior.

““Nuestro proceso ya dio inició y le vamos a dar continuidad aunque no podemos descuidar las clases porque estaríamos siendo coparticipes; esto demuestra que dentro de nuestro subsistema se están cometiendo muchas irregularidades y no sólo a los maestros sino también con los alumnos porque no tienen clases a inicios de ciclo…”.

En su escrito presentado, evidencian que sin ser idóneos y sin presentar examen hay docentes como Elia Aida Espinoza Melo, le asignaron 31 horas; Plácida Juárez Sánchez, 30 horas, por ejemplo.

No obstante, el subdirector de Planeación y Evaluación, Pedro Ramos Balderas; el responsable del Servicio Profesional Docente, Ricardo Sánchez y el secretario General del Stacobat, Miguel Contreras Montiel, avalaron que miembros del Comité Ejecutivo electo del sindicato obtuvieran carga horaria: Maribel Maravilla Hernández, vocal de la Secretaría de Acción Política, con 40 horas de jornada en el planteles 14 de Nativitas.

Además de ella, también fue evidenciado Arnulfo López Ramos, Secretario de Vigilancia, con 30 horas divididas en los planteles 12 de Santa Cruz y 24 de Tizatlán; Marcos Reyes Carcaño, Subsecretario de Organización de la zona III, a quien le asignaron 40 horas en el plantel 10 de Apizaco.

No obstante a ellos, los inconformes ventilaron a una decena más de docentes que fueron beneficiados con horas clase de forma ilegal y sin observancia de la Ley de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Por ello, el escrito de denuncia señala como probables delitos de “malversación de funciones y abuso de autoridad…”.