El gobernador Marco Mena tuvo que dar la cara ante la incompetencia, parálisis y el silencio que ha mostrado el gabinete de seguridad y procuración de justicia. Quienes también deben ponerse a trabajar son los quejumbrosos y pedinches presidentes municipales para ubicar y clausurar bodegas clandestinas y lugares donde expenden combustible robado o droga

Por Edgardo Cabrera

El gobernador Marco Mena tuvo que dar la cara ante la incompetencia, parálisis y el silencio que han mostrado los funcionarios responsables de la seguridad, protección civil y procuración de justicia.

Sabemos que el mandatario llamó a los miembros del gabinete de seguridad, no fueron necesarios gritos o manotazos para dejarles en claro que no se pueden repetir más tragedias derivadas del mal manejo de la pirotecnia, así como por el saqueo de combustible en ductos de Pemex.

De ahí la declaración de ayer mediante la cual advirtió que los incidentes que se han presentado en los últimos días no quedarán impunes, tampoco tolerarán actividades clandestinas e ilícitas que ponen en riesgo a la población.

Con ello el flamante procurador General de Justicia, Tito Cervantes deberá dar resultados de las investigaciones y proceder en contra de quienes resulten responsables

Es momento que el abogado del estado deje su vida social en restaurantes y se ponga a trabajar junto con su extensa comitiva que siempre lo acompaña.

Lo mismo ocurre con los titulares del CES y Protección Civil, es evidente que no han hecho su labor de prevención, sino cómo explicar el transporte, almacenaje y comercialización de combustible robado y pirotécnica.

Los quejumbrosos

Quienes también deben ponerse a trabajar son los quejumbrosos y pedinches presidentes municipales.

Así como presentaron su pliego petitorio al gobernador, también deben dar resultados en materia de seguridad y control de actividades clandestinas.

Ellos, como primera autoridad, deberían tener el pulso de quién o quiénes se dedican a la venta de pirotecnia y de combustible robado, así como tener bien ubicados los domicilios donde operan.

Los alcaldes también deben trabajar con la población para hacerla consciente de la importancia de denunciar a vecinos que practiquen actividades al margen de la ley, en este momento están en el ojo del huracán las bodegas que explotaron pero también es del dominio popular la operación de burdeles, cantinas clandestinas o tienditas de droga.

El gran problema es que en la mayoría de los municipios las áreas de Protección Civil han quedado integradas por compadres o compromisos de campaña, es decir, personas sin preparación en tan delicada tarea. Mientras que las corporaciones policíacas siguen operando sin un mando único con lo que la colaboración con el estado y la federación es prácticamente nula.

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PASÓ DE NUEVO jueves 09 febrero

Apenas el lunes lo escribí (a colación de las explosiones en Xaloztoc en una bodega clandestina de pirotecnia y de otra “huachicolera”) y sucedió de nuevo pero ahora en Ixtacuixtla con un saldo de 2 víctimas mortales.

De nueva cuenta la complicidad de los vecinos y la ineficacia de las autoridades para detectar esas bombas de tiempo cobró factura con el estallido de otro almacén clandestino.

Por fortuna el evento no alcanzó a una guardería aledaña, tampoco a las casas y negocios colindantes, la rápida actuación de los equipos de emergencia permitió controlar el siniestro y acordonar el área.

En menos de una semana y en apenas un mes, las explosiones y saqueo de ductos de Pemex han colocado a Tlaxcala en las noticias nacionales.

A la fecha no se ha procedido en contra de ningún responsable y el procurador Tito Cervantes sigue sin dar la cara, tampoco ha mostrado resultados de las investigaciones, si es que existen.

En la otra esquina llama la atención que en el Congreso el reluciente presidente de la comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, el petista Jesús Herrera, no emitiera ningún pronunciamiento ante el Pleno por las tragedias de la semana pasada y menos la de ayer, parece que ni enterado estaba de lo ocurrido hasta que fue entrevistado por reporteros y puesto al tanto de los hechos.

Y mientras apenas asimilábamos lo de Ixtacuixtla, horas después en San Pablo del Monte otra casa donde se almacenaba combustible, presuntamente también robado, se incendió sin que se reportaran lesionados.

Seguridad, protección civil y procuración de justicia requieren de funcionarios capaces. Ante los hechos y si no pueden con el paquete es momento que renuncien.

¿Novatez o dejadez?

Aunque la mayoría de los alcaldes han protestado por el número de trabajadores basificados que dejaron sus antecesores, en los hechos ninguno ha hecho algo inteligente para contrarrestar la afectación a las arcas municipales o, en el peor de los casos, prefirieron hacerse de la vista gorda.

En Chiautempan, por ejemplo, el alcalde priísta-ecologista Héctor Domínguez y su cabildo se envalentonaron, dieron de baja a una treintena de empleados agremiados al 7 de mayo con lo que sólo provocaron una crisis que escalará en la medida que no sean reinstalados los trabajadores.

La dirigencia sindical anticipó la radicalización de sus protestas ya que no se quedaron conformes con el simple pago de la última quincena de los despedidos. En la comuna sarapera queda claro que no existe ni talento político ni legal para atender el asunto.

En Huamantla el despido de 23 sindicalizados también orilló al gremio a protestar y exigir al alcalde Jorge Sánchez Jasso su reinstalación. Al igual que en Chiautempan, no se cuidó el proceso de la baja por lo que el 7 de Mayo alista la vía legal y la presión social por medio de las manifestaciones.

Contla es un caso radicalmente opuesto. En ese lugar el alcalde perredista, Miguel Muñoz, ha dejado pasar la basificación de 8 personas que dejó el ex edil Filemón Acoltzi Nava, entre ellos el de su madre, Hortensia Nava, quien fue colocada en el nivel más alto con un puesto de secretaria por el que cobra más de 14 mil pesos mensuales.

Ante la dejadez del edil, los regidores levantaron la voz en contra del perredista a quien le exigieron emprender acciones legales contra la contratación de la progenitora de Filemón dado que, por un lado, fue flagrante el nepotismo cometido por el ex edil y, por el otro, estaríamos ante un caso de usurpación de funciones de Hortensia quien cobró por un puesto en el que nunca trabajó.

Según los regidores, desde junio del 2016 la señora fue contratada por su hijo e inmediatamente basificada por el Sindicato 7 de Mayo con el nivel más alto; actualmente la tienen en el DIF y no realiza tareas de secretaria porque simplemente no sabe.

Si bien los regidores están conscientes que dar de baja a la totalidad de los basificados es un asunto complejo que debe sustentarse jurídicamente, en lo inmediato puede documentarse la falta de preparación de los empleados para desempeñar algunos puestos lo que puede derivar en su baja, no así la cancelación de la base.

Mientras que, en otro caso, en la capital del estado Anabell Ávalos ha preferido no llevar el caso de los 9 basificados por Adolfo Escobar al terreno mediático ó a una confrontación directa con el líder estatal sindical Edgar Tlapale.

Si bien en la nómina del ayuntamiento capitalino aparece entre los nombres de los recién sindicalizado el hermano de Tlapale, la alcaldesa sabe que correrlo, junto con el grupo de favorecidos por Escobar, podría derivar en protestas que frenen el trabajo de la comuna.

Se sabe que a la par del análisis jurídico de cada caso, se determinó poner a trabajar a los sindicalizados, porque una cosa es que fueran beneficiados y la otra que cobren sin laborar, no cumplan con horarios o no sean aptos para desempeñar las funciones establecidas en sus contratos.

Lo caído, caído

Pero mientras se dirime la legalidad e incluso moralidad con la que actuaron los ex presidentes municipales, una primera conclusión jurídica dejaría a salvo las bases obtenidas por el Sindicato 7 de Mayo.

Si bien en algunos casos podrían ser removidos los beneficiados, las plazas otorgadas al gremio se mantendrían a salvo con lo que Tlapale y compañía podrían colocar a quien les plazca, sí, incluso a nuevos recomendados por los alcaldes en funciones.

Esta última parte no hay que perder de vista, sabemos que detrás de las desgarradores lamentos de algunos presidentes existe la verdadera intención de quitar a los amigos de sus antecesores para colocar a los suyos.

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MAL CONSEJERO miércoles08 febrero

El protagonismo es un mal consejero para algunos diputados y ayer quedó demostrado cuando trataron de explicar porqué no hubo sesión ordinaria.

Resulta que desde la semana pasada fue consensado recorrer para el miércoles la sesión ordinaria del martes, sin embargo parece que no todos los coordinadores de las fracciones comunicaron el acuerdo a los miembros de sus respectivas bancadas lo que provocó confusión y que algunos legisladores llegaran como de costumbre al salón de Plenos.

Para tratar de expiar sus culpas, filtraron a la prensa que los trabajos se cancelaron por la “prolongación” del puente con motivo del 5 de febrero, algo que indignó y de inmediato provocó la condena popular por medio de redes sociales.

Incluso el perredista Alberto Amaro admitió que la sesión sería hasta el miércoles, aunque evitó hablar de la verdadera causa de la decisión, algo que molestó a los miembros de la JCCP quienes de inmediato reaccionaron en su contra.

Y es que el también presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización había convocado a sesión de trabajo para sostener un encuentro con autoridades municipales para revisar el proceso de nombramiento de los tesoreros, sin embargo dicha reunión reventó luego de que no llegara ningún diputado integrante de dicho grupo cameral.

Todo lo anterior simplemente evidenció la urgente necesidad de no abusar de los reflectores y COMUNICAR en lugar de amarrar navajas.

Parece que a los diputados locales aún no les cae el veinte que la cuenta regresiva corre más rápido que congresos anteriores, por lo que deberán redoblar esfuerzos en lo político si es que quieren agotar la agenda legislativa, y eventualmente reelegirse o competir por una curul federal.

A colación

En eso de los intereses personales y cuando todo indicaba que estaba por ser destrabado, de nueva cuenta entró en un bache el proceso de renovación de la CEDH.

Fuentes confiables nos confirmaron que existen amplias posibilidades de que Alma Carina Cuevas Fernández se desista del juicio de Protección Constitucional promovido ante el TSJE.

En la búsqueda de nombrar finalmente al titular del organismo, el cabildeo político con la inconforme encontró como la mejor opción darle la vuelta a la página y reponer todo el procedimiento.

Hasta ahí iba todo bien, sin embargo nos enteramos que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la neopanista Dulce María Mastranzo Corona pretende retomar el viciado proceso que dejaron sus antecesores, por lo que urgió a la presidenta del poder Judicial, Elsa Cordero, resolver el caso.

Sin embargo parece ser que la panista trae sus propios intereses, estaría apoyando a Pedro Manuel Ortega Espinoza para convertirse en ombudsman, algo que rechazó la mayoría de los miembros de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, incluso los coordinadores parlamentarios.

Propuesta

En busca de contrarrestar la improductividad en el Congreso, ya se plantea ampliar a 3 periodos ordinarios y 3 sesiones por semana.

La propuesta será oficializada por el PRD y su coordinador Alberto Amaro, veremos si todas las fracciones parlamentarias le entran y sacrifican días de descanso o de promoción política.

Pero más allá de la iniciativa, también sería conveniente establecer el compromiso de sesionar a las 10 am –como lo establece la norma interna-, no sumarse a los días feriados cuando coincidan con los de las sesiones y hacer público un calendario de trabajo de las comisiones legislativas para saber cuándo y qué hacen dichos grupos camerales que son, al final del día, donde se realiza la verdadera labor legislativa.

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APERTURA martes 07 febrero

Después de 9 años, ayer la Casa de Gobierno fue abierta para un evento público con los 60 alcaldes.

En el nuevo estilo de gobernar, Marco Mena escuchó de propia voz las opiniones de los presidentes municipales y decidió dejar de lado los intermediarios para fijar las reglas de su administración.

El llamado fue a la austeridad, a realizar un gasto responsable y eficiente, en otras palabras, dejar de lado el dispendio de los recursos públicos, las obras de relumbrón y el uso del erario para satisfacer caprichos y lujos.

Este fue el contexto mediante el cual remitió a los ayuntamientos 237 millones de pesos correspondientes al cuarto ajuste trimestral del 2016, algo que muchos ediles hubiesen preferido que no se hiciera público para continuar con el pretexto de la falta de dinero para liquidar gastos prioritarios, entre ellos energía eléctrica o finiquito de personal.

A todos los presidentes municipales se les permitió hablar y no se le dio prioridad a quienes encabezan las asociaciones de ediles de los 3 principales partidos políticos.

Pedinches y quejumbrosos

No obstante el llamado oficial, la reunión terminó por convertirse en un muro de los lamentos y en una ventanilla de solicitudes para el gobernador.

Patrullas, pozos, saneamiento de aguas y hasta quejas contra el Sindicato 7 de mayo fueron las constantes.

Eso sí, nadie ofreció un plan claro y concreto para hacer administraciones transparentes y austeras, más bien pareció que, en su gran mayoría, quieren que todo les resuelva el gobierno estatal, ¿entonces para qué querían ser presidentes?

Con ello buena parte de los ediles quedaron exhibidos por su incapacidad política, de gestión y administrativa, algo que preocupa considerando que estarán en el cargo otros 4.7 años.

Perversidad

La disputa por el control del principal sindicato de burócratas estatales sigue sacando a relucir los trapos sucios entre el grupo que detenta el poder (encabezado por Edgar Tlapale), y los marginados que aglutinan el matrimonio Guadalupe Rodríguez y Pedro Erazo.

En su más reciente capítulo se dio a conocer que el líder del Sindicato 7 de Mayo, en complicidad con el ex alcalde capitalino Adolfo Escobar, basificó a su hermano, Martín Tlapale.

Con dicha revelación, el grupo antagónico pretende hacer una carambola de 3 bandas: por un lado restarle credibilidad al dirigente gremial al exhibir su ambición; por el otro fortalecer el movimiento disidente que busca su reinstalación sindical; y tercero, debilitar los movimientos que se tienen programados esta semana en contra de alcaldes que han dado de baja a trabajadores que recientemente obtuvieron su plaza, como en el caso de Chiautempan donde se anuncia el cierre de la alcaldía.

Los inconformes con Tlapale saben muy bien que la transición del gobierno es coyuntural para estrangular a la dirigencia y forzar su salida, sin embargo, de resultar exitosas las protestas contra los alcaldes terminarán fortalecidos.

Al pie

A colación de la reunión entre el gobernador y alcaldes, pudimos corroborar que Marco Mena aún no se muda a la residencia oficial del titular del Ejecutivo estatal.

Desde que tomó protesta decidió mantener su hogar en el mismo lugar donde ha vivido en los últimos años, no obstante durante este mes se tiene previsto que el gobernador ocupe el inmueble oficial ya que la creciente carga de trabajo lo obliga a estar de planta en la ciudad capital.

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COMPLICIDAD lunes 06 febrero

El viernes 2 explosiones registradas en el municipio de Xaloztoc evidenciaron la complicidad que existe de los vecinos para ocultar negocios de alto riesgo que operan de manera clandestinas.

El primer evento se presentó en un domicilio donde se encontraba una camioneta cargada con contenedores de combustible, en el segundo incidente ocurrido minutos después se trató de una casa donde se almacenaba material pirotécnico.

Algunos vecinos admitieron que en el lugar de la primera explosión se vendía desde hace tiempo diesel y gasolina, combustible seguramente robado de los ductos de Pemex.

De la otra casa también algunos colonos admitieron que en ese lugar los propietarios almacenaban material pirotécnico, cabe señalar que en ambos lugares no se tenían mínimas medidas de seguridad que previnieran cualquier incidente como el ocurrido.

Aunque de primer momento los dueños trataron de sofocar por sus propios medios los incendios, la alta volatilidad de los productos hizo imposible controlarlo por lo que no tuvieron de otra que aceptar la ayuda de los cuerpos de emergencia.

Desafortunadamente un menor de 16 años de edad resultó con quemaduras de primer y segundo grado, pero la desgracia pudo ser mayor y afectar a más personas.

Al momento se ignora si alguien fue procesado por el almacenaje de manera ilegal del combustible y del material pirotécnico pero debe aplicárseles el peso de la ley a los responsables de poner en peligro cientos de vida.

También es un llamado de alerta a los colonos para denunciar y con ello prevenir tragedias mayores.

Focos rojos

A colación de las bodegas “huachicoleras” se tienen reportes de su existencia en Calpulalpan y Huamantla.

En ambos municipios es vox populi la venta clandestina de combustible, en Calpulalpan el martes pasado pobladores rompieron un ducto y un centenar de personas participaron del robo de combustible, fue nota nacional y pese a ello siguen impunes los responsables.

Otras colonias y comunidades como La Soledad, vecinos impiden el acceso de autoridades ya que el robo a ductos se realiza con la complicidad de todos. Recordemos que a finales del año pasado una fuga que se les salió de control alertó a los cuerpos de emergencia y a Pemex.

Mientras en Huamantla los casos tampoco son nuevos, solo en enero de este año en la comunidad de San José Xicohténcatl el incendio en una vivienda puso al descubierto la venta y almacenaje ilegal de combustible.

Los propietarios del inmueble impidieron el acceso a los cuerpos de emergencia y ellos mismo sofocaron el incendio.

Tras un mes de “aclimatarse” es momento que el equipo de seguridad encabezado por el procurador Tito Cervantes y el titular del CES, Hervé Hurtado Ruiz den resultados y frenen el saqueo y la venta ilegal de combustibles antes de que el problema sea incontrolable, tal y como ocurre en el vecino estado de Puebla.

Con razón

En eso de la inseguridad, nos enteramos que en la capital del estado Adolfo Escobar dejó sólo 2 cámaras de video vigilancia en funcionamiento, el resto, más de una veintena, estaban apagadas o de plano descompuestas.

Al día de hoy nos aseguran que el equipo ya está habilitado, fue instrucción de la alcaldesa Anabell Ávalos poner en operación el equipo con el que cuenta la comuna.

Ahora entendemos porque durante el trienio pasado se desató una ola de robos en casa habitación, de automóviles, negocios y transeúntes, lo curioso es que los malhechores sabían muy bien que las cámaras de la capital no servían y eso es algo que debe generar responsabilidad penal en contra de quienes estaban a cargo de la seguridad.

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