Febrero no será de amor para las nuevas administraciones y la legislatura, la luna de miel se les terminó por lo que no hay excusas para la parálisis. Además de lo costoso que resultan los partidos, algunos militantes han abusado al promover laudos. Una lluvia de demandas y protestas se le pronostican a Héctor Domínguez

Por Edgardo Cabrera

Febrero no será el mes del amor para las nuevas administraciones y la legislatura, la luna de miel se terminó.

Al arrancar el segundo mes de las nuevas administraciones, ya no hay excusas para empezar a dar resultados.

Durante enero la mayoría de los ayuntamientos justificaron su novatez para aplicar los primeros recursos públicos, dado el proceso de entrega-recepción.

Con la excusa de que les dejaron las arcas saqueadas, muchos trataron de justificar el incumplimiento del pago de la nómina y de otros compromisos relacionados con los servicios que ofrecen o que reciben.

Lo cierto es que sabemos que el gobierno estatal les remitió las partidas correspondientes a sus presupuestos e incluso los excedentes derivados del cuarto ajuste trimestral del 2016.

No obstante, también sabemos que muchos ayuntamientos se vieron lentos en nombrar a tesoreros que cubrieran el perfil, por lo que simples trámites administrativos como la apertura de cuentas bancarias no se realizaron en tiempo y forma para que la Secretaría de Planeación y Finanzas remitiera los fondos.

Por el lado del Congreso también se les acabó el pretexto del reparto de posiciones, ya todas quedaron nombradas, incluidas las relativas a la distribución de comisiones legislativas.

Enero se fue con un nulo trabajo parlamentario y ya solo les queda 1 año 7 meses en el cargo. Se espera que las primeras iniciativas que salgan en febrero sean las enviadas por el gobernador para reestructurar la administración pública, lo que incluye fusión o desaparición de dependencias.

Mientras que en lo que toca al Ejecutivo, se prevé que también en febrero termine la incertidumbre por el nombramiento o ratificación del gabinete ampliado. Con las recientes designaciones de mandos directivos del ejercicio presupuestal hay confianza de que finalice la parálisis en algunas áreas donde es vital la aplicación de recursos.

A mano armada

Además de lo costoso que resultan los institutos políticos, algunos funcionarios partidistas han resultado verdaderamente abusivos.

Desde hace años le hemos dado seguimiento al PRD por las demandas laborales que promovieron aprendices de políticos a los que se les terminó el hueso en el partido luego del cambio de las dirigencias.

Esta semana finalmente tuvimos acceso a los datos de varios casos, aunque uno es el que de manera particular llama la atención. Se trata de casi 900 mil pesos que reclama Tomás Palacios Ramírez por 2 laudos que promovió, uno en el año 2012 y otro en 2015.

Resulta que sin aun concluir el primer juicio derivado de un puesto administrativo que dejó de ocupar, el perredista fue premiado con la designación de secretario de Movimiento Sociales durante la dirigencia de Luis Macías.

Eventualmente, cuando concluyó su periodo de 3 años, Palacios se resistió a dejar la cartera de la dirigencia estatal y promovió un segundo juicio.

Del primero el Sol Azteca fue condenado a pagar 751 mil 552.96 pesos (más lo que se acumule) y del segundo 131 mil 320.44 pesos, dado que ambos casos nunca fueron debidamente defendidos, lo que hace suponer además que existió complicidad o desinterés.

Un amparo le ha permitido al PRD sortear la ejecución del laudo, sin embargo, tarde que temprano terminarán pagándole a su militante.

En total el partido adeuda 1.5 millones de pesos por demandas laborales y laudos.

Es urgente revisar las nóminas y los esquemas de contratación del personal en los partidos, así como la responsabilidad de los dirigentes para defender y no heredar problemas laborales.

Pero más allá de lo anterior, no puede ser que políticos con claras ambiciones electorales, además de cobrar un sueldo, quieran perpetuarse en los puesto partidistas y al final promuevan laudos a manera de revancha.

Despidos

Y de último momento estalló el polvorín en Chiautempan luego de que el jueves se concretó el despido de un primer grupo de 34 sindicalizados como parte de una revancha política del alcalde con su antecesor.

Como era de esperarse, no fueron finiquitados conforme a la ley y no se presentaron argumentos legales para correrlos. Una lluvia de demandas y protestas se le pronostican a Héctor Domínguez, el viernes fue la primera pero irán creciendo a partir del miércoles de la próxima semana.

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LARGAS GARRAS jueves 02 febrero

Hoy se sabe que algunos ex levantadedos no sólo se despacharon con el reparto de plazas sindicales en el Congal para familiares, compadres o amantes, sino que sus largas uñas alcanzaron a los organismos autónomos, en concreto, al de la transparencia, donde aprovecharon la designación del nuevo consejo para imponer a sus allegados en la nómina.

Con información obtenida del propio organismo se tiene un registro de 16 plazas laborales que fueron ocupadas a la llegada de los nuevos comisionados.

De este número, llama la atención que el hijo de Linconl (el ex presidente de la Comisión que tuvo en sus manos el proceso de renovación), ya esté laborando, mejor dicho, cobrando en dicho instituto.

Otro caso más es el de la simpática y curvilínea amante del Angelote azul; también fue incrustado quien fungió como secretario técnico de doña Lulú de Apizaco; al igual que una secretaria particular que tenía Lupe Bustos.

Y para que la cosa fuera “pareja”, 2 de los 3 relucientes comisionados priorizaron también el reparto, por ejemplo Servín se sirvió con 7, y Dady Canales otros 7, a la presidenta sólo la dejaron imponer a la encargada de los dineros.

Auto robo

En Apizaco llamó la atención el supuesto robo de 2 valiosos Mustang clásicos que alertó a los cuerpos de emergencia para rastrear su sustracción de un predio en la colonia Loma Florida.

Pese a la búsqueda realizada el mismo día del reporte ciudadano (25 de enero) no se dio con su paradero, sin embargo, dato curioso, en el predio fue abandonado un Tsuru en el que se presume llegaron los 2 choferes encargados de llevarse las unidades.

Trasciende que los citados autos eran propiedad de Orlando Santacruz, versión que no se ha podido confirmar ya que es imposible dar con el paradero del ex alcalde ya que, dicen, abandonó el estado ante los problemas legales que enfrenta con la PGR por denuncias relacionadas con el probable desvío de recursos públicos federales de Cultura y Deporte.

Por cierto que sobre ese caso se sabe que fueron liberadas órdenes de aprehensión no sólo contra el ex edil, sino también buscan al ex tesorero, Víctor Huitrón, y otros 2 ex funcionarios de los que pronto saldrán a relucir sus nombres por estar activos en la vida política del estado.

¿Benevolencia?

Ahora resulta que de manera “honorífica” Antonio Velázquez Nava será asesor de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso; tanta benevolencia no es de a gratis, el ex diputado y ex funcionario orticista no da paso sin huarache, tendrá información de primera mano y acceso a las cuentas públicas de todos los entes, ¿para qué quiere un pago?

El dúo Toño-Goyo no anticipa nada bueno y seguramente le pegará en sus aspiraciones políticas a Alberto Amaro… si creíamos haber visto excesos en la pasada legislatura, todavía falta lo peor.

Fusil

Vaya parecido que existe entre el logotipo del gobierno municipal de Tepeyanco y el de la extinta y negra administración capitalina que condujo Pedro Pérez.

Leves modificaciones le realizaron a la imagen original, algo que bien pudo hacer cualquier aprendiz de diseño.

Sin embargo nos cuentan que detrás del fusilado logotipo y el jugoso cobro se encuentra la misma empresa que administró al inicio de la pasada legislatura la página web del Congreso y de varios ayuntamientos que gobernaba el PAN, y que a la postre resultó un fiasco.

Pero más allá de quién lo hizo, llama la atención que el alcalde Bladimir Zainos no se percatara y se dejara chamaquear.

Si eso pasó con un simple logotipo, ¿qué otra sorpresa le esperará?

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SIN PRECEDENTE miércoles 01 febrero

Mientras todos estaban distraídos esperando el anuncio del gabinete ampliado, ayer el gobernador sorprendió al hacer público el nombramiento de mandos directivos del ejercicio presupuestal.

En un hecho sin precedente en la historia de Tlaxcala, el mandatario decidió cancelar a los titulares de 5 dependencias la facultad de imponer en esas posiciones a personas según su antojo o conveniencia.

El asunto no es menor, se trata de los directores por quienes pasarán o tomarán decisiones en la aplicación de más de 80 por ciento de los recursos económicos que ejerce el estado.

Son 11 directores de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Oficialía Mayor, Secoduvi, Sepe-Uset y Sesa.

En la SPF el gobernador designó directamente a la tesorera, director de egresos y la administradora; en la Oficialía colocó al siempre poderoso director de recursos materiales, servicios y adquisiciones, así como al de recursos humanos.

En Secoduvi los directores de obras; licitaciones, contratos y precios unitarios; y administrativa, fueron también seleccionados por Marco Mena. Mientras que en la Sepe-Uset y Salud el gobernador nombró los perfiles para: asuntos laborales, administración y finanzas, y dirección administrativa.

Varios de estos nuevos funcionarios de segundo nivel son personas que ya trabajaron con Marco Mena en el Congreso por lo que son de su absoluta confianza.

Con ello se acaba la época de los virreyes que hicieron de las dependencias que encabezaban auténticos cotos de poder y fortuna.

Exigencia

Ocho de diez partidos políticos cerraron filas para ir en contra de los consejeros del ITE y su presidenta, luego de la flagrante violación constitucional al recortarles sus prerrogativas y distribuir esos recursos (más de 20 millones de pesos) al gasto corriente del instituto.

PRI, PRD, PAC, Morena y PT salieron ante la prensa para anunciar un acuerdo para solicitar al Instituto Nacional Electoral que tome cartas en el asunto y que los remueva, dado que fueron ellos quienes los pusieron en el cargo.

Paralelamente los partidos esperan a que el Tribunal Electoral de Tlaxcala resuelva la controversia que promovieron en contra del Instituto Electoral por el acuerdo mediante el cual redistribuyeron su presupuesto.

En caso de que el fallo les sea favorable, tendrán argumentos para promover denuncias penales y juicio político en su contra por violación a la Constitución federal y local, así como por el presunto desvío de recursos públicos.

Mientras tanto los consejeros perdieron toda credibilidad y legitimidad frente a los institutos políticos, se quedaron solos, lo que les anticipa un negro futuro.

Tan sólo ayer, a la sesión del Consejo que convocaron en el ITE no acudieron las representaciones partidistas en señal protesta.

Berrinche

Por cierto que panistas y ecologistas no se sumaron al bloque de partidos que pidieron la destitución de los consejeros y presidenta del ITE por un simple berrinche.

Y es que aunque también están enojados y quieren una limpia, prefirieron no “hacerle el caldo gordo” al PRI y PRD quienes llevan la voz cantante en contra de la protesta por el recorte de las prerrogativas.

Resulta que paralelamente al cónclave de partidos y de la sesión que se realizaba en el ITE, en el Consejo Local del INE se realizaba una sesión de trabajo en materia de redistritación federal.

El proyecto de acuerdo presentado para reordenar los municipios que integran cada uno de los 3 distritos electorales tenía el aval de la mayoría de los partidos, sin embargo PAN y Verde Ecologista se inconformaron ya que aseguraron que “no les convenía”.

De entrada porque se planteó regresar al municipio de San Pablo del Monte al distrito III, cuya cabecera es Zacatelco, mientras que Calpulalpan pasaría a formar parte del II distrito que encabeza Tlaxcala capital.

Lo mismo ocurrió con Yauhquemehcan que se planteó retirar del distrito I de Apizaco para mandarlo al II.

En contraste los panistas venían apuntalando desde el año pasado un proyecto en donde se dividía a Apizaco entre 2 distritos, lo mismo ocurría con Yauhquemehcan, mientras que San Pablo del Monte quería ser incorporado a Tlaxcala Capital.

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DÍAS CONTADOS martes 31 enero

Los funcionarios menistas tienen los días contados (29 para ser exactos) para que presenten y hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Y aunque la contralora del Ejecutivo, Maricela Escobar, advirtió que aquellos que no lo hagan serán sancionados, los miembros del gabinete tienen la obligación moral de transparentar dicha información ya que su jefe, el gobernador, les puso el ejemplo.

No cabe justificación alguna para esconder y publicar en tiempo y forma sus bienes o su situación con el fisco.

Interesante será conocer el patrimonio y la declaración de intereses de los secretarios de Desarrollo Económico, el ex alcalde apizaquense Jorge Luis Vázquez; del empresario constructor y titular de la Secoduvi, Francisco Javier Romero Ahuactzi; y del ex líder magisterial y hoy secretario de Políticas Públicas y Participación, Lenin Calva Pérez; sin olvidar al procurador General de Justicia del Estado, el priísta Tito Cervantes.

De acreditar que no tienen conflictos de intereses o fortunas inexplicables quedarán vacunados ante el posible golpeteo de la oposición, de lo contrario deben abandonar el barco.

Tendrán el valor…

A colación, en la plataforma ciudadana 3de3 solamente el gobernador Marco Mena y el diputado priísta Mariano González Aguirre tienen sus respectivas declaraciones públicas.

En materia federal por Tlaxcala se puede consultar la información de las senadoras Lorena Cuéllar y Adriana Dávila, así como de los legisladores Anabel Alvarado, Rosalinda Muñoz y Ricardo García.

Sin embargo no aparece ningún alcalde y menos los funcionarios de sus respectivas administraciones.

Tampoco están los relucientes titulares de organismos autónomos, incluidos los señores que están por cobrar su segunda quincena como comisionados de la “transparencia”, nos referimos a los cuestionados miembros del IAIP: Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín.

Veremos si una vez que el gabinete estatal haga lo propio, el resto de nuestras autoridades y representantes populares tienen el valor de revelarnos su información, estoy seguro que más de uno no podrían explicar su fortuna, otros quedarían evidenciados por problemas con el fisco y unos más tendrían que excusarse ante claros conflictos de intereses.

Por lo pronto, quienes no lo hagan cargarán con una pesada loza ante la opinión pública debilitando su imagen y el discurso de gobierno “diferentes”.

¿Porqué no?

En eso de la transparencia hay otros actores que no han sido tocados ni con el pétalo de una rosa, se tratan de los magistrados y funcionarios del poder judicial, así como de los presidentes de partidos.

Quienes cobran en el Tribunal Superior de Justicia del Estado son personajes de interés público, sobre ellos se tejen cientos de historias que cuestionan fortunas que han amalgamado sin que su sueldo lo justifique. Más de un litigante se ha quejado por la existencia de bufetes cuyos propietarios son magistrados o jueces, pero que convenientemente son dirigidos por parientes o compadres.

Del lado de los partidos la cosa no es distinta, todos se rasgan las vestiduras al hablar de transparencia y de exigir cuentas a sus rivales, en los hechos, de ninguno se conoce su declaración patrimonial, fiscal o de intereses, basta ingresar a la plataforma 3de3 para constatar que sobre ellos está el manto de la opacidad.

¿Será?

Finalmente se espera que hoy en la sesión del Congreso local se den a conocer los nombres de los 5 funcionarios que ocuparán las direcciones. Trasciende que en prensa y el jurídico mantendrán a los mismos personajes sin importar que su paso por la anterior legislatura fuera mediocre.

En el parlamentario suena Federico Zárate, impulsado por el PRD. Como nueva secretaria Administrativa, Lilian Rivera sería colocada por el PRI, y en Estudios Legislativos Raúl Pluma, posición del PS.

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TUFO LORENISTA lunes 30 enero

Todo parece indicar que la huelga que estalló en el Cecyte y que finalizó cerca de la medianoche del domingo fue un conflicto no solamente laboral, se aprecian también fines políticos.

No perdamos de vista que el líder sindical, Zenón Ramos Castillo tiene fuertes lazos con la ex candidata perdedora a la gubernatura y aún senadora perredista Lorena Cuéllar.

Por eso llamó la atención que el ex alcalde capitalino suplente (precisamente de Cuéllar) se cerrara al diálogo y radicalizara su postura en temas como la exigencia de 20 por ciento de incremento salarial -algo fuera de la realidad considerando los rangos en las alzas en todo el aparato burocrático- o la demanda de creación de más plazas laborales.

Como parte de su estrategia, Zenón pretendió martirizarse (el mismo recurso que Lore ha utilizado una y otra vez) al denunciar una presunta agresión a pedradas en contra de sindicalizados que colocaron las banderas rojinegras en planteles de Tlaxco.

Llama la atención que no presentaran denuncia penal, tampoco pruebas de la violencia en contra de los huelguistas y menos que se reportara a los servicios de emergencia alguna llamada de auxilio, lo que hace suponer que todo fue montado en busca de atraer reflectores para meter presión al gobierno y doblegarlos en sus demandas, algo que no lograron.

Cortina de humo

Al concluir el plazo del proceso de entrega-recepción, la lista de los municipios en los que se detectaron anomalías sigue a la alza por lo que, ante las evidencias, algunos ex ediles han desplegado cortinas de humo en busca de distraer la atención de sus observaciones.

Uno de esos casos es Amaxac, en donde Carlos Luna dejó minado el municipio: servicios como la recolección de basura y alumbrado están para llorar, no aparecen unidades vehiculares, se encuentran ilocalizables escrituras de terrenos propiedad del ayuntamiento, dejó una veintena de laudos impagables y las deudas se multiplican por lo que en algunos casos, como la energía eléctrica, pidieron una prórroga a la CFE para no suspender el suministro de agua.

Para tratar de desviar la atención emprendieron una estrategia mediática en contra del alcalde ecologista, Faustino Carín, a quien le reprocharon la inexistencia de botes de basura para separar los desechos (cuando no le dejaron ni un camión recolector en funcionamiento) ó el uso del auditorio municipal para actividades recreativas cuyo permiso vendió la pasada administración y que ahora quieren achacar al actual.

Lo cierto es que al perredista Carlos Luna le reprobaron los primeros 9 meses de la cuenta pública 2016 al no comprobar 7.3 millones de pesos por concepto de obra pública, además de que le encontraron más de 200 mil pesos de gasto irregular, de ahí la urgencia para distraer la atención de las nuevas irregularidades detectadas.

Bono de 750 mil

En eso de los abusos, ahora sabemos que al menos dos ex comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado se aprobaron un bono de 750 mil pesos a repartirse de forma proporcional.

Se tratan de Aída González y Edgar González Romano quienes se dividieron una supuesta “compensación por conclusión de funciones”, concepto que no se encuentra estipulado en ningún apartado del presupuesto de dicho organismo.

La delicada información fue ventilada la semana pasada en Centro Informativo, con lo una vez más se pone en entredicho la auto presumida “buena gestión” de los ex comisionados.

Con los datos, ahora resta ver si los actuales integrantes del IAIP proceden legalmente o los solapan, no perdamos de vista que siguen sin presentar la denuncia por la presunta desaparición de un vehículo que estaba asignado al ex presidente del instituto y han preferido conducirse sólo por la vía de la denuncia mediática. El OFS deberá revisar con lupa el caso.

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