Todo parece indicar que la huelga que estalló al cierre de la semana y que finalizó cerca de la medianoche del domingo en el Cecyte fue un conflicto no solamente laboral. La lista de municipios que recibieron anomalías sigue a la alza, en Amaxac dejaron minado. Al menos dos ex comisionados del IAIP se aprobaron un jugoso retiro, tres cuartos de millón de pesos, la cifra

Por Edgardo Cabrera

Todo parece indicar que la huelga que estalló en el Cecyte y que finalizó cerca de la medianoche del domingo fue un conflicto no solamente laboral, se aprecian también fines políticos.

No perdamos de vista que el líder sindical, Zenón Ramos Castillo tiene fuertes lazos con la ex candidata perdedora a la gubernatura y aún senadora perredista Lorena Cuéllar.

Por eso llamó la atención que el ex alcalde capitalino suplente (precisamente de Cuéllar) se cerrara al diálogo y radicalizara su postura en temas como la exigencia de 20 por ciento de incremento salarial -algo fuera de la realidad considerando los rangos en las alzas en todo el aparato burocrático- o la demanda de creación de más plazas laborales.

Como parte de su estrategia, Zenón pretendió martirizarse (el mismo recurso que Lore ha utilizado una y otra vez) al denunciar una presunta agresión a pedradas en contra de sindicalizados que colocaron las banderas rojinegras en planteles de Tlaxco.

Llama la atención que no presentaran denuncia penal, tampoco pruebas de la violencia en contra de los huelguistas y menos que se reportara a los servicios de emergencia alguna llamada de auxilio, lo que hace suponer que todo fue montado en busca de atraer reflectores para meter presión al gobierno y doblegarlos en sus demandas, algo que no lograron.

Cortina de humo

Al concluir el plazo del proceso de entrega-recepción, la lista de los municipios en los que se detectaron anomalías sigue a la alza por lo que, ante las evidencias, algunos ex ediles han desplegado cortinas de humo en busca de distraer la atención de sus observaciones.

Uno de esos casos es Amaxac, en donde Carlos Luna dejó minado el municipio: servicios como la recolección de basura y alumbrado están para llorar, no aparecen unidades vehiculares, se encuentran ilocalizables escrituras de terrenos propiedad del ayuntamiento, dejó una veintena de laudos impagables y las deudas se multiplican por lo que en algunos casos, como la energía eléctrica, pidieron una prórroga a la CFE para no suspender el suministro de agua.

Para tratar de desviar la atención emprendieron una estrategia mediática en contra del alcalde ecologista, Faustino Carín, a quien le reprocharon la inexistencia de botes de basura para separar los desechos (cuando no le dejaron ni un camión recolector en funcionamiento) ó el uso del auditorio municipal para actividades recreativas cuyo permiso vendió la pasada administración y que ahora quieren achacar al actual.

Lo cierto es que al perredista Carlos Luna le reprobaron los primeros 9 meses de la cuenta pública 2016 al no comprobar 7.3 millones de pesos por concepto de obra pública, además de que le encontraron más de 200 mil pesos de gasto irregular, de ahí la urgencia para distraer la atención de las nuevas irregularidades detectadas.

Bono de 750 mil

En eso de los abusos, ahora sabemos que al menos dos ex comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado se aprobaron un bono de 750 mil pesos a repartirse de forma proporcional.

Se tratan de Aída González y Edgar González Romano quienes se dividieron una supuesta “compensación por conclusión de funciones”, concepto que no se encuentra estipulado en ningún apartado del presupuesto de dicho organismo.

La delicada información fue ventilada la semana pasada en Centro Informativo, con lo una vez más se pone en entredicho la auto presumida “buena gestión” de los ex comisionados.

Con los datos, ahora resta ver si los actuales integrantes del IAIP proceden legalmente o los solapan, no perdamos de vista que siguen sin presentar la denuncia por la presunta desaparición de un vehículo que estaba asignado al ex presidente del instituto y han preferido conducirse sólo por la vía de la denuncia mediática. El OFS deberá revisar con lupa el caso.

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