Psicosis virtual
9 de enero - 2017

Por Fernando Tamayo 

En los últimos días se han presentado en nuestro país una serie de acontecimientos sociales que han alterado la paz y tranquilidad de los habitantes de distintas ciudades de México. Con el pretexto en el alza de los combustibles miles de personas salieron a las calles para “protestar” sin entender que su conducta es igual o más cuestionable que las de las autoridades que tanto critican.

En este sentido, Tlaxcala no fue la excepción y durante el fin de semana los municipios de Apizaco, Chiautempan y Apetatitlán sufrieron los estragos de un sector de la población que ha mal entendido el concepto de manifestación social.

Si bien es cierto el incremento en los precios de los combustibles a partir del primero de enero de este año es una acción que afecta a todos los sectores de la población y que la misma ha generado que otros bienes y servicios comiencen a incrementar su precio y con ello mermar el poder adquisitivo de la ciudadanía, también debemos tener claro que dicha acción no puede ser atribuible únicamente a una persona, a un poder o bien a un partido político.

El incremento en el precio de los energéticos es un efecto derivado del contenido de las llamadas reformas estructurales, las cuales, según debemos recordar, fueron aprobadas tanto por el partido en el poder como por gran parte de la oposición quien ahora pretende deslindarse de los efectos colaterales que toda decisión política tiene.

Por ello los llamados de “la población” para manifestarse por dichos incrementos a través de saqueos, rapiñas o actos vandálicos solo ponen en evidencia que un amplio sector de la clase política pretende sacar provecho de la inestabilidad e incertidumbre económica por la que atraviesa nuestro país, máxime cuando la renovación del Poder Ejecutivo se encuentra cada vez más cerca. El ejercer el derecho a la libre expresión y manifestación concedido a la población a través de la constitución tiene su límite cuando dicha garantía sobre pasa el derecho de otros a ejercer una profesión o un trabajo. La violencia solo engendra violencia y el provocar que un amplio sector de la economía tenga que cerrar sus negocios por miedo al saqueo es un acto que nos obliga a cuestionarnos como sociedad nuestra función dentro del sistema político. Al tiempo.

Desde la barrera

Iniciaron las nuevas autoridades municipales el cumplimiento de su encargo, la mayoría de ellas sin contratiempos. Sin embargo en algunos casos los excesos producidos por sus antecesores fueron de tal magnitud que la sociedad ahora exige a los nuevos munícipes denunciar y castigar aquellos que hicieron de su función pública el negocio de su vida. ¿Cuántos serán llamados a rendir cuentas?

www.miradasdetalante.blogspot.com

fernandotmy@gmail.com

twitter.com/fernandotmy