Las desapariciones forzadas y los derechos humanos
22 de noviembre - 2016

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Por Teresita Montes Pérez

Es difícil establecer con absoluta claridad algunos antecedentes históricos sobre los orígenes de la desaparición forzada de personas por parte de agentes, personas o grupos al servicio del Estado. No obstante, existen diversas interpretaciones sobre sus orígenes.

Es conveniente señalar que el derecho internacional humanitario se preocupó del tema a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero exclusivamente en relación a los casos de «desaparecidos en combate».

Con el fin de recordar a todas las naciones y gobiernos del mundo la realidad de todos los desaparecidos, el 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución A/RES/65/209, decidió declarar el 30 de agosto como El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Si bien se trata de una fecha para reflexionar, no es suficiente tener un día en el que se conmemore a quienes han padecido la desaparición forzada si, en el día a día, las cifras de víctimas de este flagelo van en aumento.

En México, de acuerdo con información de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), se habían producido 543 casos hasta principios de la década de los 90’s del siglo pasado.

La desaparición forzada es un delito grave y complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos, pero principalmente supone la privación de la libertad, que es un derecho que como mexicanos tenemos consagrado en nuestra Carta Magna.

Más grave aún es el hecho de que muchas veces la desaparición forzada priva a las víctimas del derecho a la vida, lo que se considera una grave violación de los derechos humanos.

Al separar a la víctima del ámbito protector de la ley y al desaparecerla de la sociedad, ésta se encuentra privada de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.

Asimismo, las desapariciones forzadas suponen una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas, como para sus familias.

Con lo anteriormente expuesto, como sociedad, tenemos que sumarnos al combate de este flagelo y no ser indiferentes con las personas que han padecido de este delito.

Defensora de derechos humanos adscrita a la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos