Llamados
21 de octubre - 2016

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Nos enteramos que ayer fueron llamados los presidentes municipales electos para analizar el fenómeno de la inseguridad. Hoy un juez decidirá si concede la suspensión definitiva para frenar la demolición del Polideportivo capitalino. La radiodifusora controlada por el grupo Ortiz planteó un supuesto pacto entre el gobierno y la delincuencia, ojalá revelen pruebas

Por Edgardo Cabrera

Nos enteramos que ayer fueron llamados los presidentes municipales electos para analizar el fenómeno de la inseguridad y delinear acciones de cara a su próxima responsabilidad al frente de las comunas y los cuerpos policíacos.

La reunión se efectuó en la 23 zona militar, en Panotla, y llegaron algo así como 40 quienes, en algunos casos, se hicieron acompañar por miembros de su equipo e integrantes de lo que será su cabildo.

El cónclave se realizó a puerta cerrada y ahí, nos dicen, el secretario de gobierno, la procuradora General de Justicia, así como mandos militares y de las fuerzas policíacas federales, presentaron una radiografía en materia delictiva así como las zonas consideradas como focos rojos.

Dado que las policías municipales son las primeras que deben reaccionar ante alguna contingencia, amén de que tienen como principal responsabilidad la prevención, es necesario y urgente la coordinación con los 3 niveles de gobierno para frenar fenómenos derivados del efecto cucaracha.

Y es que ante el endurecimiento de las acciones en los estados circunvecinos, al incluir en el patrullaje y los retenes a militares (como en Hidalgo y el Estado de México), los delincuentes organizados han huido a otros estados, incluidos Tlaxcala.

Por lo pronto, veremos si la “buena voluntad” de los alcaldes electos se mantiene una vez que asuman las riendas de sus respectivos municipios, no perdamos de vista que algunos presidentes salientes pretendieron implementar acciones aisladas e incluso rechazaron el mando único policial argumentando que se violaba la autonomía, lo que contribuyó a la falta de coordinación y el crecimiento de la inseguridad.

Viernes fatal

Este viernes el juzgado tercero de distrito, que tramitó el amparo promovido por Adolfo Escobar para frenar la demolición del Polideportivo de la discordia, decidirá si le concede la suspensión definitiva o se la niega.

Recordemos que el juzgado otorgó la suspensión provisional al ayuntamiento de Tlaxcala en contra de los actos que emitiera el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo respecto de la demolición del inmueble.

Al interior del ayuntamiento existe confianza de que la justicia federal les dé la razón, sin embargo en caso contrario alistan otra acción –que incluiría una negociación con el demandante- en espera de mantener la infraestructura construida con recursos federales.

Revancha

La radiodifusora controlada por el grupo Ortiz y que administra la UAT le entró al tema de la inseguridad pero de manera novelesca.

En una editorial –dado que no acreditan a ningún analista del comentario grabado y transmitido en su noticiero-, plantearon un supuesto pacto entre el gobierno estatal y la delincuencia, incluso no dudan en presumir que los hechos delictivos de los últimos días sean para presionar “la continuidad” de ese supuesto pacto con la delincuencia.

Su hipótesis resulta muy grave y aventurada, están obligados a presentar pruebas para que la PGR habrá una indagatoria.

Pero de no ser cierto, la estación estaría contribuyendo a la desinformación y a la psicosis, amén de que pareciera que detrás existe un trasfondo político.

No perdamos de vista que desde hace unas semanas la radiodifusora es dirigida por José Guadalupe García López (ex secretario particular del entonces gobernador Héctor Ortiz y personaje que se mantiene muy cercano al hoy diputado electo) y desde esas fechas aparecieron comentarios editoriales con claros objetivos políticos.

Semanas atrás Radio Universidad respaldó a Adolfo Escobar y condenó la disputa legal por la posesión del predio del Polideportivo, a pesar de que el asunto aún se dirime en tribunales y se ignora quién tiene la razón.

Ahora bien, recordemos que en el 2011 la entonces Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Guadalupe García del servicio público por 6 años y le impuso una sanción económica por la cantidad de 2.3 millones de pesos, debido a que cobró salarios al mismo tiempo como inspector general de Secundarias Técnicas y como secretario particular del gobernador en el sexenio pasado, por lo que, además, estaríamos ante un móvil de revancha.

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JALONEO POR EL OFS jueves 20 de octubre

Como era de esperarse y sin aún realizarse la evaluación a la que serán sometidos los aspirantes, los grupos parlamentarios iniciaron el jaloneo para imponer a su preferido como nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior.

La posición es por demás codiciada. El hombre o mujer designado ocupará el cargo por 7 años por lo que tendrá en sus manos la fiscalización de 3 gobernadores: el actual, Mariano González Zarur a quien aún le tendrá que revisar sus últimos 3 meses de la administración; de su sucesor, Marco Antonio Mena Rodríguez; y de aquel o aquella que asuma las riendas del estado después del año 2021.

Al momento se sabe que el PRI estaría apoyando a José Trinidad Ordóñez Carrera, ex director administrativo en Sesa y hermano del secretario de Gobierno.

En tanto que el ex rector de la UAT y ex aspirante a diputado federal por el PRD, Víctor Job Paredes Cuaquentzi, traería las simpatías de algunos panistas y del grupo Ortiz representado en el Congreso por el polémico Lincoln Rodríguez.

Sin embargo otros panistas no verían con desagrado repetir en esa posición a su ex correligionario Crispín Corona, quien, recordemos, en su momento se mantuvo al frente del OFS con la complacencia del bloque azul y del entonces gobernador Héctor Ortiz.

Y dado que los de Acción Nacional están peleados hasta con su sombra, hay otros que proponen a la actual encargada del despacho, María Isabel Maldonado Textle

En tanto que Herón Morales Netzahualcoyotl, quien promovió en 2009 el juicio de protección constitucional que a la postre derivó en la caída de Crispín Corona, traería el respaldo del PRD.

Si bien suenan los nombres anteriores, la falta de acuerdos podría subir a otro integrante de la lista de los 12 que se encuentra encaminados al proceso de selección.

Ley del Talión

Cansados de la inseguridad y del robo en sus casas, pero también por dejarse llevar por rumores, ayer un grupo de enardecidos pobladores de Zacatelco y Cuapiaxtla trataron de hacer justicia por propia mano.

En Zacatelco agarraron a un presunto delincuente que fue visto hurtando en una vivienda.

Los ciudadanos cumplieron así sus amenazas que fueron expuestas en lonas, las mismas que han proliferado en varios puntos de la entidad donde se advierte que: “de agarrar a un ratero lo lincharán”.

Ensangrentado después de propinarle una golpiza, policías estatales lograron rescatar al sujeto del que se sabe es vecino de la sección primera del mismo municipio y cuenta con 30 años de edad.

En Cuapiaxtla, la desaparición de un alumno del Cobat movió a los habitantes a manifestarse violentamente frente a la presidencia donde amenazaron con linchar al alcalde Efrén López Hernández, al tiempo que incendiaron una patrulla ya que corrió el rumor de que se trataba de un secuestro.

Sin embargo, por la noche, la PGJE confirmó que no existió ni desaparición ni secuestro del menor, resultó que el adolescente huyó de su casa y se encontraba con una amiga de su mamá. Luego de que la señora habló con su “angelito”, éste se comprometió a regresar a su casa, eso sí, aún no sabemos quién pagará por los destrozos causados.

Si bien las leyes garantizan que no se aplique la ley del Talión, con lo que se salvaguarda la integridad de los probables delincuentes, el asunto es que los cuerpos de seguridad se han visto rebasados por los maleantes y el sistema de impartición de justicia nunca deja satisfechas a las víctimas.

Aunque no guste y esté fuera de la legalidad, la psicosis alimentada por las redes sociales seguramente multiplicará los actos de justicia por propia mano en contra de aquellos que sean señalados como delincuentes.

El problema es que la muchedumbre se puede equivocar como ocurrió en Cuapiaxtla, pero también recordemos que años atrás en Natívitas un par de vendedores de libros fueron linchados acusados de robar niños ya que a un poblador “le dio mala espina” su apariencia.

Por otro lado, mientras los alcaldes no emprendan acciones inmediatas con la coordinación y el respaldo de los ciudadanos, la delincuencia seguirá tomando como rehén a la población que ya vive detrás de rejas colocadas en sus casas como protección y armados con palos o con lo que puedan para emplearlos contra quien logren agarrar.

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DE CUIDADO miércoles 19 octubre

Vecinos y el presidente de comunidad de El Alto, en Chiautempan, pusieron el dedo a 2 ex diputados federales de extracción perredista quienes construyen un centro de carburación de gas lp en un predio de dicha colonia.

Se tratan de los hermanos David y Eduardo Mendoza Arellano, quienes serían los propietarios del “Corporativo Mendoza” que (según la escasa información a la que tuvieron acceso) es quien construye y operará la citada gasera.

Los quejosos aseguran que están en riesgo 12 mil personas y los alumnos de 2 instituciones educativas, en caso de que se concrete y opere el citado negocio que cuenta –según la versión del presidente de comunidad- con la autorización de la dirección de obras del municipio para su construcción.

Además aseguran que han recibido amenazas tanto de David Mendoza como de los albañiles que ejecutan la obra y que al parecer provienen de Iztapalapa.

No sólo lo anterior, a decir del presiden de comunidad Cristóbal Hernández Romano, el ex diputado federal le habría propuesto promoverlo políticamente a cambio de no hacer más ruido.

Por si fuera poco, al revisar los antecedentes de ambos ex diputados federales, no es la primera vez que son señalados de abuso de autoridad, por ejemplo, en octubre de 2014 y con motivo del proceso electoral la columnista de SDP noticias, Alexia Barrios G., reveló que David tuvo vínculos con el Frente Popular Francisco Villa, organización que invadió un predio propiedad de la UNAM, además de poseer antecedentes penales luego de ser recluido en el Reclusorio Norte en 1996, acusado –destaca la columnista- del delito de robo.

Además lo señaló de controlar taxis piratas, instalar una gasolinería clandestina y otra serie de acusaciones que aquí se pueden leer.

En tanto que su hermano, Eduardo Mendoza Arellano, quien por cierto lo sucedió en el cargo como diputado federal por Iztapalapa, aparece como presidente del consejo de administración del corporativo Mendoza.

Por lo pronto a la fecha el ayuntamiento que encabeza el perredista-petista, Antonio Mendoza Romero, no ha fijado una postura ni atendido a los inconformes, algo que ya generó entre los vecinos la sospecha de colusión con las autoridades por sus simpatías partidistas.

Resolutivo

Nos enteramos que será hasta noviembre cuando se resuelva el litigio promovido por Alma Carina Cuevas en torno al proceso de renovación de la CEDH.

El caso no puede desahogarse antes, como exigen diputados y algunos aspirantes apoyados en agrupaciones sociales, por el simple hecho de que tienen que agotarse todas las etapas del procedimiento.

Ahora bien, cuando llegue el momento y en caso de fallar en contra de Cuevas el asunto se prolongará aún más, y es que seguramente la actora promoverá una revisión a la sentencia lo cual podría aplazar el juicio al menos 1 año; en contraste, de salir a favor de la inconforme, trasciende que varios de los aspirantes ya alistan recursos para que no se reponga todo el procedimiento.

En conclusión, el tema de la CEDH sigue en medio de una encrucijada pese a las calenturas de algunos actores.

Juicio

Finalmente el vaso se derramó, el desaseo con el que se conduce la actual Legislatura local y en particular la camarilla que forma parte de la Junta de Coordinación y Concertación Política así como la Comisión de Finanzas y Fiscalización, ya cobró factura.

Un grupo de ciudadanos de Contla promovió juicio político en contra de los diputados por su omisión en la dictaminación de cuentas públicas y en particular por solapar al edil Filemón Acoltzi Nava.

Según los datos con los que cuentan, el alcalde de Contla es acusado de la malversación de más de 80 millones pesos, y si bien la cuenta pública 2015 finalmente ayer por la noche la reprobaron, el asunto es que los diputados abrieron la puerta para que los alcaldes mal calificados por el Congreso promuevan controversias ya que los argumentos sobran, entre ellos, la extemporaneidad con la que presentaron al Pleno los dictámenes.

Por lo pronto, y de acuerdo con la normatividad, los legisladores deberán darle entrada e iniciar el procedimiento de juicio político que (dado su mañoso antecedente) lo desecharán. Su primera tetra fue desahogar ayer por la noche la veintena de cuentas que dejaron pendientes desde agosto pasado cuando les venció el plazo legal para someterlas a la consideración del Pleno.

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PODREDUMBRE martes 18 de octubre

Las pugnas entre los diputados locales siguen salpicando a todo mundo, por ejemplo al Tribunal Superior de Justicia del Estado donde un grupo pretende tomar como rehén las cuentas públicas del poder judicial para acusar manipulación de los dictámenes que se aprobaron cuando los legisladores convivían en santa paz.

Resulta que la del TSJE correspondiente al 2015 fue avalada, y aunque tenía una serie de observaciones al final del día fueron subsanadas, bajo los mismos términos y condiciones que estableció en su momento la Comisión de Finanzas y Fiscalización para todos los sujetos obligados a la revisión.

Pero llama la atención que en su momento nadie haya dicho nada, ahora cuando siguen enfrascados en el desahogo de una veintena de cuentas públicas del 2015 algunos miembros de la Junta de Coordinación y Concertación Política tratan de revivir muertos para presionar en el cambio del sentido de las pendientes.

El asunto es que a estas alturas ya nadie les cree a los diputados, unos y otros están cortados por el mismo cordón umbilical, ese de los intereses de grupo, la opacidad e incluso la corrupción (por cierto denunciada por ellos mismos).

Por lo pronto en el tema de la fiscalización la preocupación es mayor considerando que están a semanas de recibir los informes del OFS correspondientes a las cuentas públicas de enero a septiembre de este año que deberán dictaminar antes de que concluya el año, como parte de las reformas constitucionales que aprobaron.

Y lo anterior abre la puerta para que, una vez más, intensifiquen y eleven las negociaciones de cara a la conclusión de su asquerosa gestión.

En barata

Como en barata, cada hora que pasa crece el número de panistas considerados como traidores y a quienes se les inició un proceso de expulsión.

Según Carlos Carreón hasta este lunes sumaban 180 pero la lista puede crecer ya que siguen buscando -hasta por debajo de las piedras- a aquellos pitufines que no apoyaron a los candidatos de Acción Nacional en el pasado proceso electoral.

Llama la atención que en la cacería de brujas emprendida desde la dirigencia estatal no se revisen las fallas del flamante dirigente.

No perdamos de vista que varios panistas no apoyaron a sus candidatos y voltearon bandera ante la incapacidad y falta de liderazgo de Carreón quien no supo, pudo o quiso trabajar a favor de la unidad y cerrar las heridas que dejaron la repartición de candidaturas en todos los niveles.

Dejadez

El pasado 29 de septiembre una fuerte lluvia azotó la capital y generó diversas afectaciones.

El deslave de un cerro en Atempan generó una acumulación de agua y lodo sobre el bulevar Guillermo Valle, con dirección a Chiautempan, e incluso dañó vehículos y negocios de la zona.

De manera sorpresiva, tanto el alcalde en funciones, Adolfo Escobar, como la presidenta municipal electa, Anabell Ávalos, hicieron recorridos en zonas afectadas y el Ayuntamiento capitalino anunció un operativo para atender zonas afectadas.

Pero a 3 semanas de la contingencia, no se conoce cuál fue la respuesta tanto de las autoridades municipales salientes como las entrantes.

Lo que sí es evidente es que el gobierno estatal le ha tenido que entrar hasta a las labores de limpieza, ante el desdén del gobierno municipal.

En La Garita, la Secoduvi se dio a la tarea de remover el lodo para recuperar el paso peatonal y la parada, ya que la gente debía pararse en la cinta asfáltica para tomar el transporte público.

Ojalá al menos el municipio le preste atención al estado de las calles, ya que los baches y los hundimientos representa un riesgo para los transeúntes y los automovilistas día con día.

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LO QUE VIENE lunes 17 de octubre

El PRI se puso de acuerdo y nombró a Mariano González Aguirre como coordinador de los diputados locales que conformarán la LXII Legislatura.

Por unanimidad Eréndira Cova Brindis, del distrito I; José Martín Rivera Barrios, del distrito III; Enrique Padilla Sánchez, del distrito VII; Ignacio Ramírez Sánchez, del distrito X; y Arnulfo Arévalo Lara, del distrito XI se decantaron a favor del hijo del gobernador.

Con ello prácticamente se tiene dibujado el escenario al interior del Congreso y de la próxima Junta de Coordinación y Concertación Política donde veremos a Mariano González Aguirre abanderando al PRI, Alberto Amaro representando al PRD, Héctor Ortiz al PAC, Delfino Suárez al PS, Jesús Portillo al PT, Humberto Cuahutle de Morena y Fernanda Sandoval del PVEM.

Por el PAN suena fuerte para ocupar la coordinación Carlos Morales, mientras que del lado del Panal podría ocupar la posición Sandra Corona por ser quien ganó el distrito en tanto que su papá, el plurinominal J. Carmen Corona, aún mantiene una disputa por su permanencia ante una impugnación de las posiciones de representación proporcional ante la Sala Regional del TEPJF.

De esta forma los diputados electos estarían prácticamente en condiciones de iniciar los trabajos para distribuir las comisiones legislativas así como determinar qué fracción parlamentaria presidirá la Mesa Directiva del primer periodo ordinario del primer año legislativo, la cual tendrá la responsabilidad de tomarle la protesta de ley a Marco Mena como gobernador Constitucional.

Veremos si el PRI y sus aliados obtienen esa posición o se la ceden al PRD o PAN.

Por la revancha

En el largo camino rumbo a la definición del candidato panista a la Presidencia de la República tuvimos acceso a una encuesta aplicada a militantes de ese partido en Tlaxcala.

Los datos llaman la atención. Resulta que 75.87 por ciento de los entrevistados se inclinaron a favor del gobernador poblano Rafael Moreno Valle, quien nombró a la ex diputada federal Aurora Aguilar como su coordinadora de campaña en la entidad.

En tanto que el dirigente nacional Ricardo Anaya cuenta con las simpatías de 14.86 por ciento de los panistas, principalmente del grupo del alcalde capitalino Adolfo Escobar y de un bloque de afines a Adriana Dávila.

A diferencia de las mediciones nacionales, en Tlaxcala la ex primera dama, Margarita Zavala se encuentra rezagada en el tercer lugar con el 9.27 por ciento, algo que no resulta extraño considerando que en la entidad su coordinador es el diputado local Ángelo Gutiérrez, personaje que se ha ganado a pulso el repudio de los militantes tras sus escándalos familiares y de copas que han sido ventilados públicamente.

Si bien aún falta mucho para la definición, de mantenerse la tendencia el bloque de la senadora Dávila y del alcalde Escobar estarían en riesgo, además, de perder el dominio de la dirigencia estatal considerando que los simpatizantes de Moreno Valle podrían inclinar la balanza a favor de los agrupados en torno a personajes como Aurora Aguilar, Claudia Pérez, Gilberto Temoltzin, Leonor Romero, entre otros.

Veremos si finalmente el poblano puede ganar una en Tlaxcala donde de manera recurrente la apizaquense Adriana Dávila le ha propinado reveses.

Venganza

A colación de las pugnas panistas, finalmente el viernes se concretó el inicio del proceso de expulsión de albiazules considerados por el dirigente estatal, Carlos Carreón, como traidores.

De la veintena que originalmente acusó, finalmente fueron 119 militantes y liderazgos a quienes se les fincaron responsabilidades con el consentimiento del secretario nacional del PAN, Damián Zepeda.

Dado que quieren mantener “en secreto” los nombres, nos filtran que entre los señalados están los abiertos simpatizantes de la perredista Lorena Cuéllar: el ex líder estatal Sergio González y la funcionaria del poder Judicial, Claudia Pérez; también aparecen Aurora Aguilar, Miguel Ángel Polvo, Humberto Macías, Gilberto Temoltzin, Luis Enrique Pérez Tamayo, Bernardino Romero, Miguel Cruz González y Tomás de Gante Arenas, por citar los más conocidos.

Los considerados por Carreón como traidores enfrentarán un largo proceso donde les deberán otorgar su derecho de audiencia y en su momento podrían recurrir hasta el TEPJF para defenderse.

Lo interesante será conocer a cuántos panistas representan esos 119 acusados, según las cuentas de ellos calculan tener simpatía con algo así como 2 mil 900 de los más de 5 mil militantes que existen en Tlaxcala, ¿será?

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